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¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el nuevo Poder Ciudadano (La Fiscalía Gral. de la República, La Contraloría Gral. de la República y La Defensoría del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

¿Se viola la carrera judicial?

¿Los principios constitucionales se aplican en los tribunales venezolanos?

¿Está el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del Gobierno?

¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial?

¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la Sociedad Civil?

¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad?

¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable?

¿Contiene el Registro Electoral (RE) información precisa y veraz?

¿Son los medios de comunicación realmente independientes?

¿Limita el Código Penal la libertad la de expresión?

¿Son los periodistas perseguidos, amedrentados u hostigados por sus reportes noticiosos?

¿Se violan los derechos humanos en Venezuela?

¿Existe discriminación política en Venezuela?

¿Han sido respetados los derechos humanos de las víctimas de abril de 2002 e investigado a sus responsables?

¿Están presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?

¿Se respeta la privacidad y la propiedad privada?

¿Se respeta la libertad de educación?

¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?

¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?

¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?

¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?

¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la Constitución?

 
Respeto al estado de derecho
¿SE VIOLA LA CARRERA JUDICIAL?
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Sumario

  • Provisionalidad de jueces y fiscales pone en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial.
  • Human Rights Watch y La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncian altísima proporción de jueces provisionales.
  • Nuevo Presidente del TSJ confirma provisionalidad de los jueces.
  • Suspendidos en marzo de 2003 los concursos para seleccionar nuevos magistrados para el TSJ. 
  • Jueces destituidos y reemplazados sin el debido proceso desde que se declaró la emergencia judicial en 1999.
  • La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) preocupada por la designación de una gran cantidad de fiscales provisionales. 
  • El proceso de intervención llevado a cabo por la Comisión Judicial  del TSJ, la cual ha destituido a jueces y fiscales  de algunos estados del país han generado la interpelación del Magistrado Luis Velásquez Alvaray.
  • Presidente del Tribunal Supremo de Justicia anuncia que de 1500 jueces que realizaron el curso Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) 330 fueron reprobados, los cuales serán destituidos de sus cargos.
  • La intervención del Poder Judicial ha estado rodeada de varios conflictos  enfrentamientos a los cuales  el presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura solo ha respondido con amenazas de despido.

1. Cuando el Presidente Chávez Frías asumió la Presidencia, el porcentaje de jueces provisionales era del 60%, hoy en día esta proporción llega al 80%. Esta situación ha sido denunciada varias veces por Human Rights Watch (HRW), quien en el punto IV de su informe del año 2004, señala que el cuerpo judicial del país de 1732 jueces “…está conformado por jueces provisionales (52%), jueces temporales (26%) y por quienes ocupan otros cargos sin ninguna estabilidad (2%.)”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado también esta situación en su informe de 2003.

2. Los jueces y fiscales provisorios no gozan de estabilidad laboral ni de una carrera judicial. Por lo tanto su participación pone en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial lo anerior ha sido motivo de preocupación por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales.

3. Esta información ha sido ratificada por el nuevo Presidente del TSJ, quien al ser designado recientemente, declaró que la mayoría de los jueces del país ocupan sus cargos con carácter provisorio y, por lo tanto, con una precaria estabilidad laboral. Sin embargo detalló que no se trataba de 80%, como afirma HRW sino “sólo del 75%” y admitió también que “los jueces laborales engrosan la lista de quienes podrían estar sujetos a presiones extrajudiciales”. (El Nacional 03 de febrero de 2005. Página A-5).

4. En el año 2000, tras declararse la emergencia judicial en 1999 por parte del Gobierno e iniciarse un proceso de reforma del Poder Judicial, se organizaron los concursos de jueces a través de los cuales se seleccionaron 200 Magistrados. Sin una explicación satisfactoria, los concursos fueron suspendidos en marzo de 2003 y se piensa que la razón para esto fue el deseo por parte de la Comisión Judicial de nombrar y remover jueces de manera discrecional. Hoy en día preside esta Comisión Judicial el magistrado Luis Velásquez Alvaray, recién designado en el cargo y quien se desempeñó antes como diputado en la Asamblea Nacional por parte del MVR, principal partido de Gobierno. Recientemente se ha anunciado que los concursos de jueces se reanudaran en el mes de septiembre de 2005.

5. Desde que se declaró la emergencia judicial, muchos jueces han sido destituidos y reemplazados, algunos de ellos sin el beneficio del debido proceso y sin derecho a la defensa:

  • El magistrado Francisco Arriechi, presidente de la Sala de Casación Civil (SCC), fue destituido de su cargo por un procedimiento constitucionalmente dudoso al no gozar de la confianza del régimen.
  • Al magistrado Alberto Martini Urdaneta, presidente de la Sala Electoral, se le abrió un procedimiento para su destitución y fue posteriormente presionado para aceptar su jubilación luego de ser ponente de decisiones favorables al Referéndum Revocatorio.
  • A Blanca Rosa Mármol de León, magistrada de la Sala de Casación Penal (SCP), se le abrió un procedimiento de destitución (que no ha prosperado) al ser ponente de una decisión favorable a Súmate.
  • Los tres magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (CPCA): Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri despedidos en octubre del 2003 luego de haber admitido numerosos recursos en contra de las políticas y los programas de gobierno del Presidente Chávez Frías. Por ejemplo la relacionada con los médicos cubanos enviados por el gobierno de Cuba para trabajar como voluntarios en la Misión Barrio Adentro que requerirían de una certificación del Colegio Venezolano de Médicos para ejercer la medicina en Venezuela. El caso de esta Corte fue recientemente admitido por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser revisad.
  • Los jueces Miguel Luna, Petra Jiménez y María Trastoy fueron suspendidos después de poner en libertad a personas detenidas durante las protestas contra el gobierno en febrero de 2003. La juez Mercedes Chocrón fue removida de su cargo por tratar de verificar si en una base militar, donde estaba detenido un general disidente, se estaban respetando las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • Los jueces de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones, Pedro Troconis Da Silva y Hertzen Vilela Sibada, fueron suspendidos por revocar la medida de prohibición de salida del país contra 27 imputados de rebelión civil por el supuesto respaldo al decreto mediante el cual Pedro Carmona Estanga sustituyó al Presidente Hugo Chávez el 12 de abril de 2002.

6. El caso de la provisionalidad también afecta a los fiscales del Ministerio Público. La CIDH en un comunicado dado a conocer el 11 de marzo de 2005, ha mostrado su preocupación porque desde el año 2004 hasta la fecha se han designado una gran cantidad de fiscales provisionales (436) del Ministerio Público.

7. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado a comienzos de 2005, inició en el mes de abril de ese mismo año un proceso de intervención e juzgados y destitución de jueces y fiscales por parte de la Comisión Judicial del TSJ, en los estados Lara, Táchira, Falcón, Yaracuy, Anzoátegui, Nueva Esparta, etc. Estas acciones han sido consideradas en algunos casos como abusivas y no ajustadas a derecho, e incluso generaron una interpelación en la Asamblea Nacional del Magistrado Luis Velásquez Alvaray, Presidente de la Comisión Judicial del TSJ.

8. Este proceso de intervención del Poder Judicial ha continuado. Se anunció recientemente que 71% de los más de 1800 jueces del país serán evaluados para determinar si pueden permanecer en sus cargos o si serán destituidos como ya ocurrió con 230 de ellos. Por otra parte, en el mes de agosto de 2005 se iniciaron los cursos de formación y capacitación en la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). El Presidente del máximo Tribunal, Omar Mora Díaz, anunció que de los 1500 jueces que realizaron el curso, 330 fueron reprobados. Éstos serán destituidos y cubiertos por abogados designados en Sala Plena.

9. La intervención del Poder Judicial ha estado rodeado de diversos conflictos y enfrentamientos. Entre ellos se cuentan los que condujeron a la destitución de manera irregular de la directora de la ENM, magistrada Carmen Elvigia Porras. El anuncio de la creación de “ciudades judiciales municipales” y la mudanza de los actuales tribunales del centro de Caracas, ha suscitado una serie de protestas por parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela entre otros. A lo anterior se suma la protesta de los trabajadores de los tribunales que reclaman el incumplimiento de algunas cláusulas contractuales e incluso han amenazado con paralizar los tribunales, a lo que el Presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Luis Velázquez Alvaray, ha respondido con amenazas de despidos. Sin embargo, se anunció posteriormente que se iniciaban las negociaciones entre la DEM y los Sindicatos.