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¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el nuevo Poder Ciudadano (La Fiscalía Gral. de la República, La Contraloría Gral. de la República y La Defensoría del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

¿Se viola la carrera judicial?

¿Los principios constitucionales se aplican en los tribunales venezolanos?

¿Está el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del Gobierno?

¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial?

¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la Sociedad Civil?

¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad?

¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable?

¿Contiene el Registro Electoral (RE) información precisa y veraz?

¿Son los medios de comunicación realmente independientes?

¿Limita el Código Penal la libertad la de expresión?

¿Son los periodistas perseguidos, amedrentados u hostigados por sus reportes noticiosos?

¿Se violan los derechos humanos en Venezuela?

¿Existe discriminación política en Venezuela?

¿Han sido respetados los derechos humanos de las víctimas de abril de 2002 e investigado a sus responsables?

¿Están presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?

¿Se respeta la privacidad y la propiedad privada?

¿Se respeta la libertad de educación?

¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?

¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?

¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?

¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?

¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la Constitución?

 
Respeto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales
¿SE RESPETA LA PRIVACIDAD Y LA PROPIEDAD PRIVADA?
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Sumario

  • Control del Estado sobre los ciudadanos se aprecia en Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Ley de Reforma del Código Penal y revocatoria de sentencias firmes.
  • Conversaciones grabadas ilegalmente entre personalidades de la oposición son utilizadas para  desprestigiar  y amedrentar a los agraviados.
  • CONATEL dicta normas relativas al requerimiento de información en el servicio de telefonía móvil y al suministro de ésta a los órganos de seguridad del Estado.
  • Desde 1999 hasta la fecha han sido invadidas casi 10.000 propiedades ocasionando una pérdida calculada en 7 billones de bolívares.  Ley de Tierras atenta contra el concepto de propiedad privada consagrado en la Constitución.

Los siguientes hechos permiten que el excesivo control del Estado sea percibido directamente por los ciudadanos:

  • La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 7 de diciembre de 2004. La misma se percibe como un incremento del control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión al crear una serie de disposiciones que violan los estándares en un intento de intimidación a la libertad de prensa.
  • La aprobación de la Ley de Reforma del Código Penal que entró en vigencia el pasado 16 de marzo de 2005, y que se percibe y efectivamente constituye un intento por “criminalizar” la disidencia política e incrementar las penas de los llamados “delitos de desacato”, conocidas en Venezuela como “vilipendio”.
  • La revocatoria de sentencias firmes de algunos tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Lo anterior implica que cualquier persona es susceptible de ser llevada nuevamente ante los tribunales después de haber sido declarada inocente.


1. Desde hace varios años vienen apareciendo tanto en las televisoras del estado como en las publicaciones adeptas al Gobierno del Presidente Chávez y en Internet, trascripciones de conversaciones telefónicas entre personalidades de la oposición. Estas conversaciones son ilegalmente grabadas sin el conocimiento y consentimiento de los agraviados y son utilizadas para desprestigiar, amedrentar o inculpar a personas por algún tipo de acción o contenido de la conversación.


2. Lo anterior resulta en que se perciba con desconfianza y como una amenaza de invasión a la privacidad la Providencia Administrativa publicada el 1 de abril de 2005 en la Gaceta Oficial N° 38157. La misma tiene por objeto establecer las normas relativas al requerimiento de datos personales de los abonados del servicio de telefonía móvil al momento de la suscripción de los contratos de servicio, así como las normas relativas al suministro de información por parte de los operadores de estos servicios a los órganos de seguridad del Estado.


3. Vicente Brito, ex presidente de Fedecámaras, afirma que desde 1999 hasta la fecha han sido invadidos 9.928 terrenos en el país.  Según Brito, han sido afectados unos 30.000 dueños de activos y se han perdido cerca de 150.000 puestos de trabajo lo que ha ocasionado pérdidas que superan los 7 billones de bolívares.  Esta información ha sido el resultado de un trabajo de investigación durante más de dos años realizado por la organización “Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución” concentrado en las invasiones y al margen de las intervenciones y expropiaciones que adelanta el Instituto Nacional de Tierras (INTI).  Además alertó que el Gobierno prevé intervenir 200 fincas durante los primeros tres meses del 2006 de más de 1.000 propiedades que han sido denunciadas como improductivas por parte de cooperativas y grupos afectos al Gobierno.  Innumerables son las denuncias hechas en este sentido y los intentos por parte de los dueños de tierras intervenidas por mostrar su titularidad.  La nueva Ley de Tierras, marco legal para llevar a cabo dichas intervenciones, fue aprobada en abril de este año y entre las modificaciones más importantes están el concepto de latifundio y la inclusión de de dos artículos que habían sido eliminados por el TSJ.  Pedro Pablo Alcántara, diputado de la oposición,  solicitó ante el TSJ la nulidad de dichas modificaciones que básicamente atentan contra el concepto de propiedad privada consagrado en la Constitución de la República.