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¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el nuevo Poder Ciudadano (La Fiscalía Gral. de la República, La Contraloría Gral. de la República y La Defensoría del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

¿Se viola la carrera judicial?

¿Los principios constitucionales se aplican en los tribunales venezolanos?

¿Está el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del Gobierno?

¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial?

¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la Sociedad Civil?

¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad?

¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable?

¿Contiene el Registro Electoral (RE) información precisa y veraz?

¿Son los medios de comunicación realmente independientes?

¿Limita el Código Penal la libertad la de expresión?

¿Son los periodistas perseguidos, amedrentados u hostigados por sus reportes noticiosos?

¿Se violan los derechos humanos en Venezuela?

¿Existe discriminación política en Venezuela?

¿Han sido respetados los derechos humanos de las víctimas de abril de 2002 e investigado a sus responsables?

¿Están presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?

¿Se respeta la privacidad y la propiedad privada?

¿Se respeta la libertad de educación?

¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?

¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?

¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?

¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?

¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la Constitución?

 
Respeto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales
¿SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA?
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Sumario

  • Casos El Amparo, Caracazo y estado Vargas fueron motivo de sentencias definitivas y de reparaciones por parte de la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • COFAVIC presenta informe a la CIDH acerca de actuación de Grupos Parapoliciales y PROVEA informa acerca de múltiples violaciones especialmente del derecho a la vida.
  • CIDH dicta medidas de protección a periodistas, medios de comunicación, defensores de los DDHH y algunos ciudadanos amenazados por grupos de exterminio.
  • Nunca fue establecida la “Comisión de la Verdad” recomendada por la OEA para esclarecer los hechos de abril de 2002 en los que murieron 19 personas.
  • En plena libertad acusados del 11 de abril de 2002 quienes fueron grabados disparando a la manifestación que iba hacia el palacio de Miraflores. Policías identificados con la oposición acusados de ser los responsables.
  • Maikel Moreno, juez y parte en los procedimientos relacionados con el 11 de abril.
  • Derechos políticos, sociales y civiles fueron violados durante el proceso de recolección de firmas para solicitar el Referéndum Revocatorio Presidencial.
  • Presidente de la Asamblea Nacional amenaza con allanar la inmunidad parlamentaria a presos políticos en el caso de que sean electos para la AN en diciembre de 2005.
  • Reglamento de castigos incluye hasta la práctica de las “celdas de castigo”, evidentemente violatoria de elementales derechos humanos.
  • Miembros de la Fuerza Armada detenidos sin formulación de cargos respectivos y sin el beneficio del antejuicio de mérito correspondiente.
  • General (R) Francisco Usón condenado a 5 años y medio por opinar acerca de los efectos de un lanzallamas en una celda de castigo a soldados. Coronel (R) enjuiciado por injuria contra la Fuerza Armada y la administración pública.
  • General (R) Ovidio Poggioli detenido sin la correspondiente formulación de cargos y sometido a juicio en tribunal militar a pesar de estar retirado.
  • Coronel Darío Faría Rodríguez acusado de esconder un FAL en su parachoques fue impedido de ver a su abogado por 2 semanas e incomunicado de sus familiares.

1. Los casos del Amparo, el Caracazo y del estado Vargas han sido motivo de sentencias definitivas e incluso reparaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica. En sus informes anuales desde el año 2000, diversas organizaciones nacionales e internacionales, han venido reflejando estas violaciones de los derechos humanos y su incremento en los últimos años.


2. COFAVIC ha realizado un amplio seguimiento de la actuación de los Grupos Parapoliciales. Tras varios años de insistencia por parte de las ONG defensoras de los derechos humanos denunciando estos hechos, la Fiscalía finalmente ha comenzado a imputar a los integrantes de estos grupos Parapoliciales o Grupos de Exterminio. En los informes anuales de PROVEA se da cuenta también de múltiples violaciones a los derechos humanos y en especial, de las violaciones del derecho a la vida.


3. Desde el año 2002 la CIDH comenzó a dictar medidas provisionales de protección a periodistas (Marta Colomina y Liliana Velásquez, Periodistas de RCTV), medios de comunicación (El Nacional y Así es la Noticia, Globovisión); defensores de los derechos humanos (Liliana Ortega y COFAVIC, Carlos Nieto y José Luís Uzcategui) y simples ciudadanos (Eloisa Barios e integrantes de su familia), amenazados en algunos casos por grupos parapoliciales o grupos de exterminio, integrados por ex agentes o agentes de cuerpos policiales.


4. Durante los sucesos de abril de 2002 murieron 19 personas y hasta la fecha no se conocen los culpables de dichos asesinatos. La creación de una Comisión de la Verdad aprobada en la Mesa de Negociaciones y Acuerdos presidida por el Secretario General de la OEA el 29 de mayo de 2003 nunca se llevó a cabo.


ocho policías metropolitanos al servicio de la Alcaldía Metropolitana 5. Entre los acusados de los sucesos de abril de 2002 están los denominados “pistoleros de Puente Llaguno” Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Nicolás Rivera Muentes y Henry Atencio. Éstas personas fueron grabadas disparando a la marcha de la oposición hacia el Palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002. Actualmente están todos en libertad plena luego de que fueron absueltos por el Tribunal Cuarto de Juicio el 18 de septiembre de 2003 y algunos han sido tratados incluso como verdaderos héroes por el propio Presidente de la Republica. Sin embargo, cuyo Alcalde se identificó con la oposición y ordenó la protección de los manifestantes, fueron acusados de ser responsables materiales del delito y se encuentran detenidos en una cárcel de Maracay. Ellos son: Sgto. Julio Ramírez Rodríguez Salazar, Sgto. II Rafael Alfredo Nazoa López, Dgdo. Luis Enrique Molina Cerrada, Inspector Jefe Héctor José Rovain, Cabo I Arube José Pérez Salazar, Cabo II Ramón Humberto Zapata Alfonso, Com. Jefe Marcos Javier Hurtado y Agente Erasmo Bolívar.


6. Henry Vivas, Lazaro Forero e Iván Simonovis, quien para la fecha se desempeñaba como Secretario de Seguridad Ciudadana, llevan varios meses detenidos acusados de “cómplices necesarios en homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y por lesiones personales” por los hechos del 11 de abril del 2002. El juez 34 de Control, Maikel Moreno, fue quien autorizó la aprehensión y detención del Comisario Simonovis . Este juez consideró que no debía inhibirse de conocer el caso aún cuando fue el abogado defensor de Richard Peñalver, uno de los Pistoleros de Puente Llaguno. (Ver resumen de prensa del caso de los tres Comisarios) A Simonovis le violaron sus derechos al apresarlo además sin la orden de detención ni captura correspondiente.


7. Durante Noviembre y Diciembre de 2003, el CNE convocó a un proceso de recolección de firmas para solicitar el Referéndum Revocatorio Presidencial.  La Coordinadora Democrática, organismo que para ese entonces representaba a la oposición, le dirigió una carta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en donde denunciaba derechos políticos, civiles y sociales que se habían vulnerado a partir de ese entonces.  De igual forma, un resumen elaborado por el Bloque de Prensa, muestra los hechos reflejados por los medios de comunicación impresos durante las protestas ciudadanas que se llevaron a cabo durante febrero y marzo de 2004 en todo el país en contra de las decisiones del CNE, consideradas como un arrebato del derecho a un Referéndum Revocatorio establecido en la Constitución.


8. En el caso de Forero y Simonovis, incluso sus derechos políticos se ven amenazados. Su nombres han sido propuestos como candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre de 2005, encabezando las listas en algunos circuitos electorales importantes, con la finalidad de alcanzar la libertad gracias a la inmunidad parlamentaria. El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Nicolás Maduro, ha declarado que de resultar electos, la mayoría oficialista que según él conformará la Asamblea Nacional, le allanaría la inmunidad parlamentaría para que éstos regresen a la cárcel.


9. Otro de los aspectos relevantes con relación al deterioro de los derechos humanos es el trato que reciben algunos soldados, víctimas de un reglamento de castigos desproporcionado que incluye hasta la práctica de las “celdas de castigo”, a todas luces violatoria de elementales derechos humanos. Algunos han perdido la vida durante incendios que se han producido en estas celdas y hasta el momento no se han aclarado debidamente los responsables de estos hechos. Son tres los casos de soldados recluidos y quemados en estas ignominiosas celdas de castigo:

  • Ángel Ciro Pedreáñez falleció el 4 de mayo de 2004, al igual que el soldado Orlando Bustamante, pero tras pasar 35 días en cuidados especiales por sufrir severas quemaduras en una celda de castigo en el Fuerte Mara.
  • El soldado José Febres Narváez, miembro de la Brigada de Cazadores del estado Monagas, murió el 30 de enero del año 2001 cuando el teniente del ejército Alessandro Sicat Torres roció con thiner y prendió fuego a tres soldados en una celda de castigo.
  • El distinguido Rommer José Luján Martínez (20 años) y Raúl Royett Gutiérrez (19), miembros del Batallón de Reserva del cuartel Gran Mariscal de Ayacucho en Cumaná .


10. En el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde hay miembros de la Fuerza Armada detenidos y acusados por rebelión militar sin que se les formulen los cargos respectivos y sin darles el beneficio de antejuicio de mérito que les corresponde por ser militares de alta graduación. Algunos de ellos que han sido dados de baja de la Fuerza Armada no han sido pasados a los tribunales civiles correspondientes. Entre ellos están: Gral. (R) Ovidio Poggiolli, Gral. (R) Francisco Usón, Cnel. Jesús Farías Rodríguez, Cnel. Jesús Castro Yeyes, Cnel. Carlos Guerra, Tte. Cnel. Humberto Quintero, Tte. Cnel. Francisco Martínez, Cap. Javier Nieto, Cap. Rafael Faría Villasmil, Cap. Javier Quintero, Cap. Otto Gevagûer, Tte. Darwin Valera, Cap. de Altura. Luís Salazar, Gral Felipe Rodríguez (el cuervo).


11. De todos los mencionados anteriormente, el único sentenciado es el Gen. (R) Francisco Usón quien fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 6 meses de cárcel por opinar acerca de cuáles podrían ser los efectos de utilizar un lanzallamas en una celda de castigo. Según el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez, Usón no podía ser juzgado por la jurisdicción militar puesto que el hecho ocurrió siendo él un militar retirado. Recientemente se ha anunciado que un Coronel retirado de la Guardia Nacional será enjuiciado por injuria a la Fuerza Armada. El Coronel Valero defendió al capitán Javier Nieto Quintero en el juicio de los presuntos paramilitares y en un receso señaló que la justicia estaba al servicio del régimen.


12.En mayo de 2004 fue develado por el Gobierno un supuesto intento de ataque al Palacio de Miraflores por un grupo de paramilitares en su mayoría de nacionalidad colombiana que fueron detenidos en una hacienda en las cercanías de Caracas. El caso es conocido como el de los “paramilitares” y los mismos llevan ya más de un año detenidos. Por este caso están siendo juzgados también seis oficiales venezolanos, entre ellos: el General retirado Ovidio Poggioli —detenido sin la correspondiente formulación de cargos y sometido a juicio en tribunal militar a pesar de estar retirado— los coroneles Jesús Faría Rodríguez, Jesús Castro Yelles y los capitanes Javier Quintero González, Rafael Farías Villasmil y Javier Nieto, a quienes finalmente se les ha formulado los cargos respectivos y se les solicitan penas de más de 20 años a algunos.


13. El 21 de abril de 2005 fue detenido en las inmediaciones del Fuerte Tiuna el Coronel Darío Faría Rodríguez , cuyo hermano — Jesús Faría Rodríguez — está siendo juzgado por el caso de los “paramilitares”. El Coronel Darío Farias fue acusado de portar un fusil liviano, tipo FAL, escondido en el parachoques de su vehículo. Desde el momento de su detención sus familiares denunciaron que estaba siendo sometido a torturas. A Darío Faría se le impidió ver a su abogado por varios días y se le mantuvo incomunicado de su familia hasta que finalmente el 4 de mayo de 2005 fue visitado por una comisión de la Defensoría del Pueblo.