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¿Está el Poder Legislativo controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Judicial controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el Poder Electoral controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Está el nuevo Poder Ciudadano (La Fiscalía Gral. de la República, La Contraloría Gral. de la República y La Defensoría del Pueblo) controlado por el Poder Ejecutivo?

¿Están parcializados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia?

¿Se viola la carrera judicial?

¿Los principios constitucionales se aplican en los tribunales venezolanos?

¿Está el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del Gobierno?

¿Es el Consejo Nacional Electoral (CNE) un organismo imparcial?

¿Responde el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los intereses de la Sociedad Civil?

¿Actúa el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la legalidad?

¿Es el proceso de votación automatizado un proceso confiable?

¿Contiene el Registro Electoral (RE) información precisa y veraz?

¿Son los medios de comunicación realmente independientes?

¿Limita el Código Penal la libertad la de expresión?

¿Son los periodistas perseguidos, amedrentados u hostigados por sus reportes noticiosos?

¿Se violan los derechos humanos en Venezuela?

¿Existe discriminación política en Venezuela?

¿Han sido respetados los derechos humanos de las víctimas de abril de 2002 e investigado a sus responsables?

¿Están presos y perseguidos los defensores de la democracia en Venezuela?

¿Se respeta la privacidad y la propiedad privada?

¿Se respeta la libertad de educación?

¿Hay presos y perseguidos políticos en Venezuela?

¿Gobierna el Ejecutivo bajo un estilo militar?

¿Está debilitado el sistema de partidos políticos en Venezuela?

¿Se respetan las organizaciones sindicales tradicionales?

¿Se le permite a la sociedad civil ejercer las funciones que le confiere la Constitución?

 
Respeto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales
¿ESTÁN PRESOS Y PERSEGUIDOS LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA?
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Sumario

  • COFAVIC denuncia los señalamientos del Ministerio Público en su contra por demandar al Estado Venezolano la indemnización de las víctimas del Caracazo en 1989.
  • Proceso judicial contra Carlos Ayala Corao por su supuesta participación en la redacción del “Decreto de Carmona” cuando es conocida su posición en contra del mismo.
  • Directivos de Súmate acusados por recibir fondos del National Endowment for Democracy para el programa “Educación para la Democracia” en donde se imparten cursos sobre derechos ciudadanos.

1. El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) denunciará a la Fiscalía General de la República ante la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los recientes señalamientos de las autoridades del Ministerio Público en contra de la referida organización no gubernamental, la cual se considera acosada por estar demandando al Estado Venezolano la indemnización de las víctimas.


2. La Fiscalía General de la República abrió el 7 de abril de 2005 un proceso judicial contra el abogado Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y actual Presidente de la Comisión Andina de Juristas y recientemente designado por la ONU como miembro de la Comisión de Veedores Internacionales para el proceso de nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Carlos Ayala Corao fue imputado el 15 de abril de 2005 —presentando como pruebas meros rumores y supuestas noticias de prensa— por el delito de “conspiración” al haber participado supuestamente en la redacción del “Decreto de Carmona” que el 12 de abril del 2002 derogó la Constitución, disolvió los poderes públicos y destituyó de sus cargos a sus representantes. Sin embargo, Ayala Corao es un caso emblemático pues es conocida su posición en contra de la suspensión de los poderes públicos el 12 de abril, así como su actuación en defensa de seguidores del Presidente Chávez, quienes comenzaron a ser perseguidos una vez que éste abandonó el poder por algunas horas. Lo anterior ha sido interpretado como una intención del gobierno de intimidar a los defensores de derechos humanos y ha provocado una intensa polémica y despertado la solidaridad de las ONGs defensoras de estos derechos.


3. Cuatro directivos de Súmate, Asociación Civil de defensa de los derechos electorales de los ciudadanos, que durante los años 2003 y 2004 se ocupo de organizar la recolección de firmas para revocar el mandato al Presidente de la República, han sido acusados de "conspirar para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación", por haber recibido fondos del National Endowment for Democracy, para impartir cursos sobre derechos ciudadanos. Finalmente, tras 15 meses de hostigamiento, citaciones a declarar ante los tribunales, acusaciones en los medios de comunicación, etc. un tribunal acordó el pasado 7 de julio que sean sometidos a juicio. Sin embargo, el acoso por parte del Gobierno ha continuado y en fecha reciente el Vicepresidente de la Republica acuso a la ONG de estar “comprometidos con el golpismo y el terrorismo” por haber recibido una nueva colaboración del NED para la ejecución de la segunda fase de su programa “Educación para la Democracia”.