Enero 2014
Nº 68, AÑO 10

 
   

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 EDITORIAL

 

El cierre de un ciclo electoral

 
 

El 8 de diciembre de 2013 los electores de Venezuela fuimos testigos del peor período electoral que ha vivido la República en términos de la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que debe garantizar el Poder Electoral según lo consagra el artículo 293 de la Constitución de nuestra República (CRBV). Esperamos sea el último.

 

 

Esta situación ha sido el resultado de una serie de factores concurrentes, que arrancaron con el proceso de selección de los rectores del CNE en abril de 2006 y específicamente con la renovación de los rectores por parte de la Asamblea Nacional (AN); hecho que fue agravado en diciembre 2009, con la designación de los sustitutos de dos de ellos (el representante del Poder Público y el de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades), con militantes activos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), violando lo dispuesto en la Constitución (artículo 296 de la CRBV) y la Ley Orgánica de Poder Electoral (artículo 9, numeral 4 de LOPE).

Cualquiera que lea esta información sobre la cantidad de elecciones que hemos tenido en Venezuela, sin conocer la realidad y particularidad de cada uno de estos procesos, pudiera pensar que somos uno de los países más democráticos del mundo. Sin embargo, al evaluar las condiciones en las que se han desarrollado estas elecciones y el desempeño de los rectores del Consejo Nacional Electoral y de los gobiernos electos, seguramente su impresión será diferente

 

Antes de adentrarnos en lo ocurrido en las Elecciones Municipales del 8 de diciembre de 2013, es obligado recordar algunos eventos previos: 

1.    El ventajismo electoral presente en todos y cada uno de estos procesos electorales mencionados. Desde la investidura del Presidente de la República se ha hecho uso de Recursos y Bienes del Estado, resaltando la utilización de la plataforma de medios de comunicación social públicos, incluido el uso aberrante de cadenas presidenciales para promover su candidatura o la de los candidatos de su partido y alianza de gobierno. Súmate ha documentado y consignado varias denuncias ante el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, sin haber recibido contestación de estos órganos del Estado venezolano. La única excepción fue la introducida el 23 de noviembre de 2011 ante la Fiscalía General de la República y que fue desestimada por la Sala Plena del TSJ el 17 de julio de 2012.

2.    El sometimiento nuevamente a consulta de la reelección presidencial indefinida en febrero 2009, luego de haber sido rechazada en el Referendo Constitucional de diciembre 2007.

3.    La formalización del mecanismo de “las morochas” combinado con los cambios de circunscripciones Nacionales, Estadales y Municipales para las elecciones de los cargos de los Diputados a la Asamblea Nacional, Representantes a los Consejos Legislativos de los Estados y Concejos Municipales violando el principio de Representación Proporcional consagrado en los artículos 63 y 293 de la Constitución de nuestra República, generando específicamente una sub-representación de los sectores opositores al gobierno nacional, donde el mejor ejemplo es la elección de Diputados a la AN en septiembre de 2010 donde la oposición con el 52% de los votos solo obtuvo el 35% de los curules o representantes.

4.    La designación y juramentación en diciembre de 2009 de dos rectoras del CNE, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, que no cumplían con el requisito más importante establecido en la Constitución y la LOPE, como es el de no tener vinculación con partidos políticos. Al momento de su postulación ambas estaban inscritas en el partido de gobierno (PSUV) y habían asumido responsabilidades dentro del gobierno nacional, tal como lo demuestran sus cartas de renuncia a su militancia.

5.    El retraso en la convocatoria de las elecciones de Concejos Municipales, que se debieron realizar en agosto 2009 y que el CNE pospuso reiteradamente sin justificación alguna y llevó a cabo a finales de 2013. Con ello concedió un período adicional de más de 4 años en estas funciones a los electos en agosto 2005. La Constitución (artículos 174 y 175) es muy clara al establecer que el período para los miembros de los Concejos Municipales es de cuatro años, pero el CNE les extendió inconstitucionalmente un período adicional, violando con ello el derecho soberano a elegir como el de ser elegido durante este lapso mencionado, establecido en los artículos 5, 63 y 64 de la Constitución.

6.    Las realización de la elecciones de Alcaldes un año después de haber cumplido el lapso establecido en la Constitución, porque su período de cuatro años venció en noviembre de 2012, ya que resultaron electos el 23 de noviembre de 2008. El CNE en violación a la Carta Magna negó por un año la posibilidad de que los electores pudiesen renovar a sus autoridades locales más cercanas.

7.    El CNE no seleccionó en el primer trimestre de 2013 a los casi 500 mil Miembros y Secretarios de Organismos Electorales Subalternos, transgrediendo lo establecido en los artículos 97 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y 50 de la Ley Orgánica de Poder Electoral (LOPE). Con ello obligó a quienes asumieron estas funciones electorales en octubre y diciembre 2012, volver a activarse en abril y diciembre de 2013. Tampoco envió correspondencias en 2013 para informar sobre esta decisión a los electores seleccionados para este servicio. Estos dos elementos pudieron haber incidido en los bajos niveles de participación de los miembros y secretarios en las mesas electorales, a pesar de que el CNE pretendió amedrentarlos con las sanciones establecidas en las leyes electorales, cuando ya su período obligatorio había vencido en marzo de ese año. A esto se sumó la falta de entrega de credenciales al finalizar sus talleres de formación.

8.    En abril 2013 el CNE debió estrenar tres nuevos rectores del CNE, en sustitución de los actuales titulares Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz. El procedimiento para su renovación es deber de la Asamblea Nacional y debió haber comenzado a principios del año pasado para lograr tener a los 3 nuevos rectores principales y sus seis suplentes en abril de 2013. El procedimiento requiere de unos tres meses La Constitución señala que el período de los rectores es de 7 años. Para este 28 de enero ya tienen nueve (9) meses en sus cargos vencidos, sin que la AN se pronuncie al respecto, a pesar de las distintas solicitudes de diputados de la Unidad Democrática y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la nuestra (ver solicitud del 18 de septiembre de 2013).

 

En el país de las elecciones y la gran democracia, aunque parezca increíble se hacen elecciones cuando conviene y no cuando se deben hacer. Ninguna institución del Estado se ha pronunciado por el respeto al derecho humano a elegir de los venezolanos. Una muestra de ello es que las elecciones para concejos municipales debieron tener lugar en agosto de 2009, que luego se juntaron con las de alcaldes, y fueron anunciadas para el 14 de abril de 2013, luego para el 26 de mayo, y dos veces convocadas: la primera para el 14 de julio y finalmente para el 8 de diciembre del mismo año. 

El Cronograma de las actividades para las Elecciones Municipales del 8-D sufrió algunas restricciones, dificultades y retrasos, como nunca antes había ocurrido:

1.    Para el Operativo de Inscripción y Actualización del Registro Electoral hubo puntos fijos y móviles en 170 de los 335 municipios del país, alejando la posibilidad de que los electores de las localidades rurales pudieran inscribirse o actualizar sus datos. Para una elección municipal estos operativos debieron desplegarse en cada una de las parroquias del país o al menos en cada uno de los 335 municipios.

2.    El CNE no desplegó campaña alguna para informar y comunicar sobre las funciones de los Alcaldes y Concejos Municipales, como tampoco destacó la importancia de participar en este tipo de elección local. Sólo hubo campaña en algunos medios de comunicación social un mes antes de los comicios sobre cómo votar, lo cual fue insuficiente.

3.    Hubo retrasos importantes en la revisión técnica de la tinta indeleble, que se llevó a cabo un mes y medio después; en el simulacro nacional de votación y en el despliegue de las ferias electorales.

4.    En el Simulacro Nacional de Votación, realizado el domingo 20 de octubre, el proselitismo político empañó el evento, acompañado del uso obsceno de bienes y fondos públicos.

5.    Se institucionalizó el ventajismo electoral con la promulgación del Decreto 541 del Poder Ejecutivo Nacional para conmemorar el Día de la Lealtad al Ex presidente Chávez, el mismo 8 de diciembre, día de la elección, el cual violó lo dispuesto en el artículo 131 de la LOPRE, que prohíbe cualquier tipo de reuniones o espectáculos públicos 24 horas antes, durante y después de una elección. Esto sin dejar de mencionar el comportamiento de los medios de comunicación social del Estado que dieron cobertura informativa sesgada a la campaña electoral, ya que más del 90 por ciento de sus informaciones fue a favor de los candidatos del PSUV o su alianza Gran Polo Patriótico, en transgresión a lo establecido en los artículos 81 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y 213 del Reglamento General de la LOPRE.

 

Y pudiéramos seguir nombrando otras situaciones irregulares documentadas por nuestra organización ciudadana, pero no podemos evitar cerrar con dos de las cosas que fueron señaladas al momento de anunciar los resultados en la noche del 8-D:

¿Por qué en una elección de carácter local, la Presidenta del CNE en su primer boletín anunció resultados por alianzas en el ámbito nacional?

¿Por qué al momento de informar los resultados mencionó “Consejos Comunales” en vez de lo correcto: Concejos Municipales?

La lección a rescatar es que a pesar de lo indicado la gran mayoría de los ciudadanos han participado en estas condiciones electorales adversas en nuestro país, ingeniando respuestas y acciones para disminuir en gran medida los obstáculos, irregularidades y violaciones que han estado presentes en el camino.

 Los electores, miembros, secretarios y testigos de mesas de votación tienen nuestro mayor reconocimiento. Ustedes son la gran energía y aliento que impulsa a seguir defendiendo el derecho a elegir y nos asegura que vale la pena continuar la lucha por la Construcción de Democracia.

 

 

 

Monitor Electoral: una publicación de Súmate
Director: Roberto Abdul — Jefe de Información: José Enrique Delgado
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