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Ante Sentencia de Sala Electoral con respecto al municipio Catatumbo
ES INDISPENSABLE REGULAR REELECCIÓN PRESIDENCIAL

(Caracas,  25 de Marzo 2006 - Nota de Prensa Súmate 167)- La reciente decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que removió al alcalde del Municipio Catatumbo del estado Zulia, por no haberse separado de su anterior cargo al momento de postularse, obliga a la Asamblea Nacional a promulgar antes de junio una normativa que regule la actuación de todo funcionario público que aspire a la reelección, en particular la del Presidente de la República.  

El Movimiento Ciudadano Súmate considera que la sentencia Nº 40 de la Sala Electoral (SE) del TSJ, de fecha 9 de marzo del año en curso, establece dos reglas para el Sistema Electoral Nacional:

 

  • Consagra como causal de elegibilidad para optar a un cargo público de elección popular que el funcionario que pretenda la reelección deberá separarse de su actual cargo; y

  • Determina que no está vigente el artículo 4 del Estatuto Electoral del Poder Público. utilizando fundamentos que conllevan a determinar que toda esta normativa no está vigente.

 

Debe haber igualdad de condiciones para los candidatos

 

La SE del TSJ establece que para preservar las condiciones de igualdad entre los candidatos de un proceso electoral y garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, confiabilidad e imparcialidad; los funcionarios públicos están en la obligación de separarse del cargo al cual pretendan ser reelegidos en el momento de la postulación.

 

“Ciertamente, el funcionario público que detente un cargo de mayor rango y que se le permita participar en un proceso electoral sin separarse de dicho cargo va a estar en una posición de privilegio, ya que al tener dicho funcionario la facultad de incidir en los mecanismos de actuación del organismo que forma parte, puede hacer uso en forma directa o indirecta de tal situación para favorecerse electoralmente, de allí que sea necesario evitar que esto pueda suceder y es por ello que se establece como causal de elegibilidad la obligación de separarse del cargo”.(Consideraciones de la SE para decidir).

 

Para Súmate, los efectos de esta sentencia no aplican para la aspiración del Presidente de la República; sin embargo, demuestra que adolecemos de una normativa que impida el ventajismo político de la reelección. Además, este vacío legal coloca en peligro la garantía de la igualdad en la contienda electoral presidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):

“Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia …La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan…”

De acuerdo a Súmate resulta indispensable que se regule la actividad de la reelección del Presidente de la República, puesto que la democracia requiere de garantías que aseguren que la decisión contenida en el voto sea genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre los ciudadanos. Así se podría evitar abusos, amedrentamiento y presión sobre los electores, especialmente los que trabajan en la administración públicos y los que son beneficiarios de programas sociales del Estado venezolano. 

Estatuto Electoral no está vigente

El segundo precedente que establece la sentencia Nº 40 de la Sala Electoral está referido a la vigencia del Estatuto Electoral del Poder Público, del cual taxativamente establece que: 

 “… fue dictado exclusivamente para regular los procesos electorales del año 2000, por lo que en consecuencia, la vigencia de dicho artículo decayó una vez celebrados dichos procesos electorales de relegitimación de los Poderes Públicos con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 

Como lo afirma la Sala, de conformidad al artículo 1º del Estatuto Electoral del Poder Público, esta normativa regulaba los procesos electorales del año 2000, cesando en consecuencia su vigencia y produciéndose la inmediata aplicabilidad de la LOSPP, hasta que sea derogada ésta por otra Ley Orgánica. Para la Sala Electoral el hecho de que el CNE aplique el Estatuto Electoral fue “erróneo y contradictorio” (Consideraciones de la SE para decidir). 

Ante todas razones anteriormente expuestas, Súmate acudirá ante las instancias competentes con el fin de que los candidatos a la Presidencia de la República compitan en igualdad de condiciones, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

…Somos Ciudadanos

 
 

Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate