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(Caracas, 02 de Noviembre 2007 - Nota de Prensa Súmate 230) -Con la aceptación de la nueva propuesta del Presidente de la República de votar la Reforma Constitucional en dos bloques, por parte de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, y la falta de decisión del Tribunal Supremo de Justicia y la omisión del Poder Moral, se demostró una vez más la falta de independencia de los poderes del Estado venezolano. Es de hacer notar que hasta la fecha el TSJ no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la propuesta de Reforma y la forma de hacer la consulta, a pesar de los recursos interpuestos por algunos ciudadanos y actores políticos. En cuanto al simulacro de votación del referendo realizado el pasado domingo 28 de octubre, para Súmate, su mayor notoriedad fue la escasa participación e interés demostrado por los venezolanos. De acuerdo a la observación realizada por esta organización ciudadana, se apreció que los pocos asistentes en todo el país fueron, en su mayoría, beneficiarios de las misiones y funcionarios públicos (Ministerio de Interior y Justicia, CICPC, de registros y notarías, etc.), que con franelas rojas identificaban la dependencia estatal a la que pertenecían, en medio del clima de coacción existente en diversas dependencias públicas. Poder Electoral no ha entregado cuentas del costo de referendos regionales Súmate considera que el CNE debe responder ante el país por la forma dispendiosa como utiliza los recursos del Estado y de todos los venezolanos en la organización de este tipo de eventos. Cabe destacar que después de cinco meses de los procesos de recolección de firmas para solicitar revocatorios contra 167 funcionarios regionales, entre gobernadores, alcaldes y legisladores estadales; y a un mes de los referendos para nueve alcaldes y una legisladora regional; el Poder Electoral todavía no ha entregado cuentas del costo de los mismos. A esto se agrega su terquedad de llevar a cabo estos referendos a sabiendas del vacío legal que existía sobre los efectos de este tipo de consultas, que no condujeron a nuevos procesos electorales, y que concluyeron en un total fracaso. Esta organización ciudadana le recuerda al Poder Electoral que el artículo 293 de la actual Constitución le exige garantizar “…la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales…”. En el caso del simulacro del Referendo a la Reforma, ante el cambio de la forma de votación, el CNE habría incurrido en un ilícito administrativo. 100 días sería el mínimo para una auditoría de la plataforma electrónica del voto Para Súmate, el CNE no puede garantizar la transparencia y eficiencia de esta consulta electoral, ya que no tiene el tiempo suficiente para auditar la plataforma electrónica del voto que se utilizará para el referendo. Una referencia del período necesario para organizar un proceso comicial, se puede encontrar en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), que establece un período de seis meses (artículos 55, 118, 152 y 168 de la LOSPP). De acuerdo a los técnicos de esta organización ciudadana, para auditar la plataforma electrónica del voto sería necesario un período mínimo aceptable de 100 días. Tampoco el Poder Electoral puede dar garantía de que contamos con un Registro Electoral confiable, porque el mismo no ha sido realmente auditado por instituciones independientes, y hasta el momento no ha procedido a corregir las irregularidades, debilidades e inconsistencias en el manejo y control de la actualización del RE hasta 2006, detectadas en las revisiones técnicas realizadas por los actores políticos en las pasadas elecciones presidenciales. Aval ilegal del CNE al uso de recursos y bienes del Estado en campaña En las normas que regirán la campaña del referendo, especialmente el artículo 51, se establecen disposiciones explícitas que permiten al Presidente y a la Asamblea Nacional, quienes son los proponentes de la Reforma, a participar directamente en la campaña, con lo cual el CNE estaría avalando el uso ilegal de los recursos y bienes del Estado, tal como ocurrió en las elecciones presidenciales. “Artículo 51.- Se entiende por publicidad y propaganda electoral, las actividades de carácter público desarrolladas por los bloques constituidos a favor de las opciones del referendo, conformados por el proponente de la iniciativa constitucional, las organizaciones con fines políticos y agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos; que tengan como propósito primordial captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor o en contra de cualquiera de las opciones del referendo dentro del lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral.” Según Súmate, lo más grave es que con estas normas el CNE, en vez de buscar el equilibrio, deja en desventaja a los adversarios de la propuesta, al permitir la publicidad del bloque del sí en complemento a la del proponente de la iniciativa. Además, en peor situación quedan los venezolanos que no se encuentren representados en ninguno de los dos bloques, quienes no podrían hacer publicidad relativa al referendo. Súmate reitera su posición de que la propuesta de Reforma viola los principios fundamentales y la propia estructura de la Constitución, además de que elimina y desconoce derechos humanos reconocidos en la propia Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que el procedimiento utilizado no ha permitido que los venezolanos conozcan el contenido y las consecuencias de los cambios que implican para su vida personal, familiar y colectiva. …Construimos Democracia |
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Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
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