Con la
instalación de la nueva Asamblea Nacional, Súmate espera que los rectores
del CNE cumplan con esta obligación constitucional y legal de rendir cuentas
claras y transparentes de forma oportuna ante esta instancia legislativa y
contralora del Gobierno y la Administración Pública Nacional, tal como lo
consagra el artículo 187, numeral 3, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Al mismo
tiempo, esta organización ciudadana exhorta al directorio del ente comicial
a permitir acceso público al documento de rendición de cuentas, de 2010 y de
años anteriores, lo cual ha sido negado en los últimos períodos. Según
declaración de Ricardo Estévez, vocero de Súmate, “cualquier ciudadano tiene
el derecho de saber cómo el poder público electoral dispuso de los inmensos
recursos financieros que le fueron otorgados en el Presupuesto Nacional de
2010 y los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional”.
A juicio de esta organización ciudadana, los rectores del CNE deben
responder por los recursos otorgados por el Estado para el desarrollo de
las
Elecciones Parlamentarias que tuvieron lugar el pasado 26 de septiembre de
2010, de los comicios regionales y municipales realizados el 05 de diciembre
de ese mismo año, así como lo destinado a
gastos para su gestión administrativa.
Además, el directorio del CNE debe informar cuántos recursos destinó para
las
Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que se realizaron el 25
de abril de 2010; y las del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
que se llevaron a cabo una semana después, el
2 de mayo de ese año.
Otro de los aspectos que Súmate exige que el CNE explique en su Memoria y
Cuenta de 2010, es por qué no convocó los comicios para renovar a los 2 mil
389 concejales que integran los 335 parlamentos municipales del país y
3.207
miembros de Juntas Parroquiales,
electos el 07 de agosto de 2005 y cuyo período de gobierno venció en agosto
de 2009; y que de acuerdo a la reforma del
artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM),
aprobada por la anterior Asamblea Nacional
el 06
de abril de 2009, debió realizar durante el segundo semestre de 2010.
Esta organización ciudadana también aspira que el directorio del CNE
explique por qué en vez de realizar estos comicios municipales y
parroquiales, presentó
en diciembre pasado ante la Asamblea Nacional saliente, logrando su
aprobación, la Ley de Regularización de los Períodos
Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales,
que pretende realizar las futuras elecciones de concejales
conjuntamente con las de alcaldes, cuyo período vence al final de 2012, sin
ni siquiera establecer en una disposición transitoria el destino de los
cargos municipales cuyos mandatos están vencidos desde 2009.