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Comunicado de Organizaciones de la Sociedad Civil
RECHAZO A DECISIONES Y OMISIONES DEL CNE
(Caracas, 13 de Febrero de 2017 - NPS 615)
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Las organizaciones abajo firmantes
manifestamos nuestro profundo rechazo por
las recientes decisiones y omisiones
inconstitucionales del Consejo Nacional
Electoral, las cuales contrarían elementales
derechos políticos de los venezolanos. La
actuación del citado organismo, luego de las
elecciones parlamentarias de 2015, ha
mostrado signos que niegan esas legítimas
capacidades ciudadanas, tales como el
profundo desinterés por preservar y fomentar
el derecho a la participación política de
los ciudadanos, la parcialización de las
decisiones tomadas, la ausencia de
compromiso con las normas y principios
legales que rigen dicha institución y el
mínimo respeto hacia la población venezolana
que desea ejercer su derecho a elegir como
vía al logro pacífico de soluciones a los
profundos conflictos políticos, sociales y
económicos que padece el país.
Entre los hechos que definen la gravedad del
comportamiento institucional del CNE en el
presente inmediato están, en primer lugar,
la violación del ordenamiento jurídico
constitucionalmente establecido, al acatar
las sentencias de Tribunales regionales sin
competencia en materia electoral, lo cual
impidió a los venezolanos manifestar su
voluntad para la convocatoria del Referéndum
Revocatorio del mandato del Presidente. En
este orden de ideas, es notorio y
contradictorio que el Poder Electoral no se
haya pronunciado sobre el supuesto fraude al
cual aluden esos Tribunales, dado que fue el
mismo CNE el ente que validó los resultados
(1%) de la manifestación de voluntades que
se requieren para la activación de dicho
mecanismo de democracia directa.
En segundo lugar, es igualmente grave el
silencio del organismo electoral ante el
caso de los tres diputados de Amazonas y el
Representante Indígena de la Región Sur. En
ningún momento el CNE se ha pronunciado
sobre los supuestos hechos que llevaron a la
Sala Electoral del TSJ a invalidar su
juramentación, así como tampoco ha convocado
al proceso de elección de nuevos diputados
para los ciudadanos del Estado Amazonas y
las comunidades indígenas del sur país. Esto
supone la discriminación política de un
conjunto de ciudadanos a quienes se les ha
negado su representación en la Asamblea
Nacional.
En tercer lugar, el Consejo Nacional
Electoral no cumplió con su obligación y
responsabilidad de convocar y celebrar
elecciones para elegir Gobernadores y
miembros de los Consejos Legislativos de las
entidades federales antes de diciembre de
2016. Con ello, el CNE ha violado el
artículo 160 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el cual
señala que “El
Gobernador o Gobernadora será elegido o
elegida por un período de cuatro años por la
mayoría de las personas que voten”.
Esto significa que, a partir del 16 de
diciembre de 2016, el CNE ha omitido su
obligación constitucional, cercenando el
derecho al sufragio de los venezolanos
contemplado en el artículo 63 de la
Constitución: “El
Sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante
votaciones libres, universales, directas y
secretas”.
Asimismo, al no convocar elecciones
regionales en el período establecido por la
Carta Magna, el Consejo Nacional Electoral
ha extendido ilegalmente el mandato de los
Gobernadores y miembros de los Consejos
Legislativos de cada entidad federal. Esta
situación, también ha impedido el derecho de
los ciudadanos a participar libremente en
los asuntos públicos, directamente o por
medio de sus representantes elegidos o
elegidas, según establece el Artículo 62 de
la Constitución. En este mismo orden de
ideas, el CNE ha violado un principio
fundamental de la democracia como lo es la
rendición de cuentas de los gobernantes ante
los ciudadanos, tal como lo prescribe el
artículo 66 de la Constitución:
“Los electores y electoras tienen derecho a
que sus representantes rindan cuentas
públicas, transparentes y periódicas sobre
su gestión, de acuerdo al programa
presentado”.
Finalmente, el día 7 de febrero de 2017, el
directorio del Consejo Nacional Electoral
aprobó unas normas para la renovación de los
partidos políticos, en términos tales,
respecto a las limitadas posibilidades que
su cabal cumplimiento implicaría, que hacen
muy poco factible que estos puedan
renovarse, lo que supone una grave amenaza
al artículo 67 de la Constitución, según el
cual “Todos
los ciudadanos y ciudadanas tienen el
derecho de asociarse con fines políticos,
mediante métodos democráticos de
organización, funcionamiento y dirección”. Es
especialmente revelador de las intenciones
latentes en estas normas tan restrictivas,
que entre los criterios que regirán este
proceso, sobresale la clara insuficiencia de
los puntos establecidos para atender a los
militantes requeridos, en el tiempo
establecido para cada partido político
sujeto a renovación.
Todo lo anteriormente expuesto, nos obliga a
reiterar nuestra preocupación y justificada
alarma ciudadana por estas decisiones que
profundizan las sistemáticas violaciones de
la Constitución por parte del Consejo
Nacional Electoral, y en específico, de los
principios que deben regir su actuación para
garantizar el derecho a la participación
ciudadana, previstos en el artículo 294: “Los
órganos del Poder Electoral se rigen por los
principios de independencia orgánica,
autonomía funcional y presupuestaria,
despartidización de los organismos
electorales, imparcialidad y participación
ciudadana; descentralización de la
administración electoral, transparencia y
celeridad del acto de votación y
escrutinios”.
Exigimos al CNE retomar la senda
constitucional, publicar el cronograma de
elecciones de gobernadores y alcaldes y que
resuelva la situación de los diputados del
Estado Amazonas y Región Indígena Sur.
También emplazamos al CNE a revisar y
mejorar las condiciones en que los partidos
deben renovarse, en especial cantidad de
máquinas, tiempos, y distribución de los
puntos de recolección, con el fin de que se
permita la existencia de la pluralidad
política propia de los sistemas
democráticos, tal como está establecido en
nuestra Carta Magna. Por último, exhortamos
al CNE a que actúe en función de la
resolución pacífica y electoral de los
conflictos políticos que vive la nación y no
en favor de grupos o intereses particulares.
Centro de Estudios
Políticos de la Universidad Católica Andrés
Bello
Ciudadanía Activa
Comisión para los
Derechos Humanos del Estado Zulia
Comunidanas
Control Ciudadano
Grupo la Colina
Observatorio Venezolano
de los Derechos Humanos de la Mujer
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