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Hay que restituir las garantías mínimas para la organización de elecciones libres

 SÚMATE: EL PAÍS REQUIERE UN NUEVO CNE QUE RECUPERE
LA CONFIANZA EN EL VOTO


(Caracas, 07 de Marzo de 2020 - NPS 674) -
Los nuevos titulares del Poder Electoral estarán obligados a reconstruir la confianza de los venezolanos en el sufragio como mecanismo para la resolución de conflictos en democracia, en el voto como espacio de encuentro y de expresión política, en la participación ciudadana electoral como defensora del pluralismo y el respeto institucional, y en las elecciones como herramienta para la transferencia del poder político del soberano hacia los cargos de elección popular. 

Súmate reitera su exhortación a los factores políticos a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) para la elección de los cinco Rectores y sus 10 suplentes del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que le corresponde convocar y organizar las próximas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, en las que deberá garantizar que sean libres, justas, competitivas y transparentes. 

La ONG, con más de 17 años en la promoción y defensa de los derechos políticos, aunque considera positiva la decisión de los factores políticos de avanzar con el proceso de elección del nuevo CNE a través de la Asamblea Nacional, con el aparente acuerdo unánime de aprobar a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), al mismo tiempo cuestiona que parte de la representación de la sociedad civil en esta instancia podría estar siendo controlada por los actores políticos, lo cual es contrario a lo establecido en los artículos 295 de la Constitución y 19 de la LOPE.  

Súmate recuerda a la opinión pública que los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales sólo podrán asumir sus funciones cuando logren la aprobación de las dos terceras (2/3) partes de los diputados presentes en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional (AN) convocada con esta finalidad y posteriormente sean juramentados ante esta instancia. Aclara la ONG que esto significa que haya el quorum mínimo exigido por el artículo 221 de la Constitución: “…El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los y las integrantes de la Asamblea Nacional.” De acuerdo con esta disposición constitucional se requiere la mitad más uno de los 167 diputados, es decir, al menos 84 parlamentarios presentes, y por lo menos el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.  

Reitera la ONG que solo luego de juramentarse ante la AN es cuando los 21 integrantes del CPE deben constituirse como cuerpo, elegir su presidente, promulgar su reglamento interno y comenzar a cumplir con sus funciones principales, que según el artículo 18 de la LOPE son: ”1. Recibir las postulaciones para cargos de rectoras o rectores electorales como principales y suplentes. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser rectora o rector electoral. 3. Elaborar y presentar ante la Asamblea Nacional las listas de las y los elegibles conforme al procedimiento establecido en esta ley.”  

En este sentido, Súmate exige que debe constituirse un CPE imparcial, independiente y transparente cuya responsabilidad histórica es preseleccionar únicamente a aquellas personas postuladas como candidatos a Rectores del CNE que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la LOPE, entre ellos “no estar vinculadas a organizaciones con fines políticos”, ser venezolanas por nacimiento o por naturalización con al menos 15 años de haberla obtenido, ser mayores de 30 años de edad, tener pleno goce de los derechos políticos y civiles, haber obtenido un título universitario y tener por lo menos 10 años de graduados y demostrar que en este mismo lapso han ejercido actividad profesional, tener experiencia o estudios de Postgrado en el área electoral o en materias afines, no haber sido condenadas penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos en los últimos 20 años, y no tener parentescos hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente de la República ni con los titulares de los entes postulantes.  

La ONG plantea a los factores políticos en el gobierno y la oposición que en la conformación del nuevo CNE, además de seleccionar a los candidatos a rectores que cumplan con los requisitos de independencia política, solvencia y autoridad moral y ética; también se aseguren que tengan competencias profesionales y técnicas en el área electoral, incluyendo la votación automatizada, que permitan reconstruir la confianza de los venezolanos en el sufragio como mecanismo para la resolución de conflictos en democracia, en el voto como espacio de encuentro y de expresión política, en la participación ciudadana electoral como defensora del pluralismo y el respeto institucional, y en las elecciones como herramienta para la transferencia del poder político del soberano hacia los cargos de elección popular; todo ello para el ejercicio de las atribuciones constitucionales que nos conduzcan, en democracia, a la solución de la grave crisis por la que atraviesa la República. 

Por estas razones, Súmate insiste que el CPE y la AN deben permitir que el proceso de elección de los cinco rectores y sus 10 suplentes del CNE sea a puertas abiertas y propiciar un gran debate nacional, con el fin de que participen todos los ciudadanos en este proceso, derecho constitucional consagrado en el artículo 62 de la Constitución; con el sincero propósito de que resulten seleccionados los ciudadanos con las mejores calificaciones para el desempeño de estos cargos. Por este motivo, la ONG rechaza las propuestas adelantadas de algunos parlamentarios y ex diputados de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de dejar a dos de los actuales cinco rectores principales en el nuevo directorio del CNE, ya que con ello además de torpedear el trabajo del nuevo CPE, están avalando la cuestionada gestión de los actuales titulares del Poder Electoral que le ha hecho un gravísimo daño a la democracia, al haberse prestado para cometer un sinnúmero de ilegalidades e irregularidades que dinamitó la confianza en el voto como instrumento para la solución de la crisis política, lo cual Súmate ha documentado en el “Expediente de las Rectoras del Consejo Nacional Electoral de 2009 a 2018”, disponible en su sitio web sumate.org. Además, por estas mismas acciones y omisiones deliberadas las cuatro rectoras principales del CNE Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, y el rector suplente Carlos Quintero, han sido sancionados por algunos países y la Unión Europea, que implican el congelamiento de bienes, prohibición de transacciones financieras y de entrada a sus territorios, entre otras.  

Por último, la ONG aclara que no es suficiente elegir un nuevo CNE con cinco rectores independientes e imparciales, ya que para recuperar la confianza de la mayoría de los venezolanos en el ejercicio del derecho del voto en las próximas elecciones Presidenciales y Parlamentarias, también se requiere que los poderes del Estado en manos del PSUV, como son la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TJS), la Fiscalía General, la Contraloría General y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente se comprometan a restituir las garantías mínimas necesarias para la organización de cualquier proceso electoral o consulta refrendaria en democracia.  

Entre las garantías políticas y electorales, Súmate menciona el respeto al estado de derecho y los derechos humanos, fundamentalmente la libertad de expresión y el acceso libre a la información plural y diversa, la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares, el cese de inmediato de la persecución a diputados de la AN y líderes políticos y de la Sociedad Civil organizada; la restitución del derecho a elegir permitiendo la inscripción en el Registro Electoral de más de 2,5 millones de jóvenes dentro y fuera de Venezuela y la votación en el exterior de cerca de 3 millones de ciudadanos en diáspora; la restitución de la legalidad de los partidos políticos proscritos en diciembre de 2017 y enero de 2018, el levantamiento de las inhabilitaciones de aspirantes a candidatos presidenciales y diputados a la AN; como también comprometerse a no desconocer el resultado de las elecciones, como lo ha venido haciendo con la suspensión de los cuatro diputados de la AN por el estado Amazonas en diciembre de 2015, la declaración de desacato de la AN hasta la fecha y, por ende, su desconocimiento como Poder Legislativo Nacional; los nombramientos de gobernadores paralelos denominados “protectores” en los estados que ha ganado la oposición, el fraude cometido en las elecciones de gobernador del Estado Bolívar del 15 de octubre de 2017 contra el candidato ganador Andrés Velásquez y la declaración de vacante del cargo de gobernador electo en el estado Zulia por negarse a juramentarse ante la inconstitucional ANC. 

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