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La Asociación Civil expone que en este documento sobre su gestión de 2020, los rectores del CNE debieron haber incluido la información correspondiente a la realización de las cuestionadas elecciones de la AN 6D 2020 y la explicación del uso que le dieron al presupuesto y los créditos adicionales solicitados y asignados con esta finalidad, como también las razones que los condujeron a la violación de lo establecido en la Constitución y leyes electorales en la organización de los últimos comicios parlamentarios. La Organización Ciudadana con 19 años en la labor de contraloría ciudadana electoral observa que aunque el directorio del CNE anunció el 5 de marzo que cumplió ese día con la obligación legal de presentar “la Memoria y Cuenta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020”; sin embargo, lo efectuó con un retraso de 3 días, ya que el plazo venció el pasado 2 de este mes, porque el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), establece que debió hacerlo “dentro de los sesenta (60) días posteriores al vencimiento del ejercicio anual”. Aunque el número de días de retraso pareciera insignificante, no por ello deja de ser una violación a lo dispuesto en la LOPE, y no debe pasar inadvertido sobre todo cuando resalta el hecho de que el directorio del ente rector del Poder Electoral es permisivo y laxo cuando corresponde a los lapsos que debe cumplir en el desempeño de sus obligaciones; e implacable cuando tienen que ver con derechos de terceros, como ocurrió en la cuestionada elección del 6D 2020, en la que negó la prórroga solicitada por algunos ciudadanos para cumplir con los requisitos exigidos para la conformación de grupos de electores, impidiendo su participación. Otra de las observaciones de la Asociación Civil es que no bastaba solo con que el directorio del CNE informara que presentó “su memoria y cuenta de 2020” ante la cuestionada AN 6D 2020; ya que la rendición de cuentas de los poderes públicos, en el cual está incluido el Poder Electoral, debe ser pública y accesible a todos los ciudadanos, como lo exige el artículo 143 de la Constitución de la República: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas…” Agrega, que el organismo electoral también está obligado a rendir cuentas públicas de su gestión por el artículo 141 constitucional: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” Súmate afirma que entre las cuentas pendientes por rendir al país por parte del actual directorio del ente rector del Poder Electoral está la referida al costo que tuvo para la República la organización de la cuestionada elección de la AN 6D 2020, resaltando que hasta el momento no ha dado explicaciones de cómo fue conducido y llevado a cabo el proceso de adquisición de más de 30 mil nuevas máquinas de votación que se utilizaron en la votación del 6D de 2020. Le resulta más extraño que en este proceso totalmente oscuro hasta la fecha, en el que no hubo licitación pública conocida, tampoco se conozca cuáles fueron las empresas proveedoras de la tecnología electoral. Y más le llama la atención, que a pesar de ello y de las oportunas denuncias públicas a través de los medios de comunicación social, ninguno de los organismos del Estado que tienen como función la vigilancia y salvaguarda patrimonial se haya pronunciado ni intervenido, lo cual califica como grave, ya que ocurrió en momentos cuando altos funcionarios del Poder Ejecutivo informaban que la República no contaba con recursos financieros suficientes para dar atención oportuna a la emergencia humanitaria y sanitaria, en este último caso a causa de la pandemia por el COVID-19 y otras enfermedades endémicas que retornaron al país. Otras deudas pendientes del directorio del CNE correspondientes a 2021 Además, la ONG también incluye en la agenda de las deudas del actual directorio del CNE las referidas al incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales durante el primer trimestre de este año 2021, entre las cuales resalta: · No realizó antes del 31 de marzo de este año el sorteo público y automatizado de electores para juntas y mesas electorales, al cual estaba obligado según lo estipulado por el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE): “La base de datos de los electores y las electoras que prestarán el Servicio Electoral Obligatorio durante un año se obtendrá del sorteo público que en forma automatizada realice el Consejo Nacional Electoral dentro del primer trimestre de cada año…” Se pudiera inferir que el incumplimiento de esta obligación legal fue concertada con los actores políticos que tienen control sobre el directorio, ya que no hay otra explicación para que esta transgresión a lo dispuesto en la LOPRE ocurra en un año en el que deben realizarse Elecciones Regionales (Gobernadores y Legisladores de Consejos Legislativos de los 23 Estados), y Municipales (Alcaldes y Concejales en los 335 Municipios). · No activó una Jornada Especial de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral, más allá de las sedes de las Oficinas Regionales Electorales ubicadas en las 24 capitales de los 23 estados y el Distrito Capital. Con ello afectó el derecho político de elegir y ser elegido de más de 2 millones de jóvenes que cumplieron 18 años y mayores de esta edad, quienes no han podido inscribirse en el Registro Electoral. · No realizó una revisión exhaustiva de los centros de votación reubicados y cambiados en las últimas semanas previas a la jornada de la votación de la cuestionada elección del 6D 2020, para restituirlos a sus lugares anteriores y que se cumpla con los requisitos que establece la LOPRE y la tradición electoral para la definición de Centros de Votación, con el fin de contribuir al retorno de la confianza de los ciudadanos. Ante estas irregularidades y omisiones del actual directorio del CNE que impiden acceder a su “memoria y cuenta de 2020” y las que evidencian que en el primer trimestre de 2021 ya ha incumplido con algunas de sus principales obligaciones constitucionales y legales, Súmate considera que los tres rectores (Tania D´Amelio, José Gutiérrez y Leonardo Morales) y dos suplentes (Carlos Quintero y Juan Carlos Delpino) que aspiran a la reelección y que se postularon deben ser excluidos de la Lista de Elegibles a los cargos de rectores que publicó el Comité de Postulaciones Electorales (CPE) el 11 de marzo y que fueron objetados por esta organización ciudadana. Las razones mencionadas y otras incluidas en los documentos de objeción presentados ante el CPE en el período de descargo demuestran que estos 3 rectores y 2 suplentes en el actual directorio del CNE incumplen con los requisitos de elegibilidad, entre ellos el referido a que los candidatos a integrar el ente rector del Poder Electoral no deben ser personas vinculadas y/o al servicio de las organizaciones con fines políticos. …Construimos Democracia |
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Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
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