|
5 de junio – a dos
días de la culminación del período de la Habilitante fue
un Viernes negro legislativo: ese día el Presidente de
la República sancionó 11 leyes nuevas que no habían
tenido discusión ni divulgación previa, siendo
presentadas por primera vez a los venezolanos en Cadena
Nacional, después de su aprobación. Como saldo, en año y
medio el Presidente aprobó y sancionó 54 leyes, mientras
que la Asamblea Nacional sólo logró producir 21.
Desde el 17 de
diciembre de 2010, fecha en que la Asamblea Nacional
saliente aprobó la Ley Habilitante por 18 meses,
afectando la gestión de los nuevos Diputados que ya
estaban electos y no habían tomado posesión para esa
fecha, hasta el domingo 17 de junio de este año, el
Presidente de la República usurpó la función legislativa
y se extralimitó en sus funciones.
El mandatario
nacional aprobó decretos de ley que no estaban dentro de
la facultad de legislar que se le otorgó con base en: “las continuas necesidades humanas vitales y urgentes,
derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de
las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos
producidos por la problemática ambiental”. (Gaceta
Extraordinaria, 17-12-2010)
La
mayoría de los Decretos de Ley dictados por el
Presidente de la República no se apegó al objeto de la
habilitante otorgada y reguló actividades muy sensibles
a la instrumentación democrática de la República.
También hubo Decretos de Ley que afectaron leyes
orgánicas, que en principio no debieron ser aprobadas
por esta vía, entre ellas: la Reforma de la Ley Orgánica
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Ley
Orgánica de las Dependencias Federales y la Ley Orgánica
del Consejo de Estado.
Adicionalmente, un
Gobierno Nacional que ha pregonado la inclusión del
pueblo en la gestión pública, presenta en la actualidad,
después de 18 meses de funcionamiento de una Asamblea
Nacional electa en 2010 y en la cual cuenta con la
mayoría absoluta, el siguiente desempeño:
En
el año 2011 sancionaron un total de 16 leyes, aún cuando
en la agenda legislativa ofrecida previamente se
contemplaba 33 proyectos;
En
2012, las Comisiones Permanentes no tienen plan de
trabajo, ni presentan proyectos de ley orientados a
resolver los problemas de las mayorías, lo que trae como
consecuencia que ni siquiera se haya elaborado una
agenda legislativa como programación de actividades para
este año. Además, se niegan a debatir sobre la
actualidad política nacional y se rehúsan a investigar
casos de violaciones de los derechos humanos y
acusaciones de corrupción en las cuales pudieran estar
involucrados funcionarios públicos vinculados al partido
de gobierno; y, finalmente, ni siquiera se someten a
consulta pública proyectos de ley de gran impacto social
como por ejemplo la Reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo, hoy llamada Ley Orgánica del Trabajo de los
Trabajadores y Trabajadoras.
En circunstancias
normales, se puede evaluar el desempeño de una Asamblea
Nacional como un todo institucional, de acuerdo con
indicadores tales como asistencia de los parlamentarios,
proyectos presentados y discutidos, deliberaciones sobre
aspectos de actualidad política y social,
interpelaciones, trabajo de las comisiones, entre otros.
En un contexto como el que se vive hoy en día, esto
constituiría no sólo una dificultad, sino también una
injusticia: la composición política actual del
parlamento no reproduce la estructura de la sociedad (el
PSUV con el 47,3% de los votos, obtuvo 59,4% de los
escaños, mientras la Unidad Democrática con el 52,7% de
los votos obtuvo 40,6% de los escaños); las limitaciones
políticas con las cuales conviven los sectores de
oposición para cumplir su labor parlamentaria, les
impide ejercer un adecuado contrapeso en la formación de
las leyes, que más allá de la capacidad de alzar voces
de reclamo ante la opinión pública, poco pueden lograr
ante el control que ejerce el Ejecutivo sobre el
Legislativo; y, por último, no se respeta ni se
garantiza el derecho que posee el ciudadano de conocer y
exigir explicaciones a los funcionarios e instituciones
públicas sobre su gestión, ni el deber correlativo de
éstos a mantener a la sociedad en general informada
sobre los aspectos generales y específicos de su
trabajo.
La Asamblea
Nacional no cumple con los principios de transparencia,
acceso a la información pública y representación
responsable; además es partícipe de la destrucción
sistemática del proceso legítimo de formación de leyes,
en el que deben estar demarcados con claridad los
límites entre la libertad individual y la acción del
Estado, así como también los procedimientos de
administración de justicia. La mayoría de las leyes que
se pretenden imponer no han sido construidas por la
sociedad y, por lo tanto, algunas de ellas no son
aceptadas, dificultando la convivencia ciudadana. Con
ello se vulnera el Estado de Derecho y es una prueba más
de que no existe separación de poderes: la Asamblea es
una institución confiscada por el Ejecutivo Nacional.
|
|