Luego de los llamados del
Presidente de la República a la “Unidad Nacional” y tras
la derrota electoral de la “Unidad Democrática” en las
elecciones presidenciales del 7 de Octubre y las
Regionales del 16 de Diciembre, aun falta mucho para
construir una verdadera Unidad de todos los venezolanos,
ante los difíciles y diversos escenarios que se le
presentan al país con enorme incertidumbre hacia 2013.
Según una
argumentación imparcial y poco informada acerca de los
antecedentes, se sugeriría la oportunidad de tal
construcción democrática desde el seno de la Asamblea
Nacional (AN), que además de su importancia fundamental
en cualquiera de esos escenarios, deberá jugar un papel
de relevancia suprema, desde el punto de vista
constitucional, si se verifica alguno de los que
dependen de la evolución y desenlace definitivo del
estado de salud del presidente reelecto.
Bajo esa
perspectiva, preocupa la debilidad en la que la
dirigencia partidista venezolana – tanto la oficialista
que la promueve a favor del presidencialismo con visos
totalitarios, como la opositora que se encuentra
avasallada por la estrategia oficialista - ha sumido a
la institucionalidad del máximo parlamento nacional.
Desde 1999 la AN en
Venezuela como expresión del Poder Legislativo, ha
perdido no sólo autonomía por haber estado subordinada
al Poder Ejecutivo, sino que también ha dejado de ser la
tribuna necesaria para la discusión de los aspectos
políticos y sociales más relevantes de la vida nacional.
El Parlamento
electo en Noviembre de 1998, con mayoría opositora al
gobierno del Presidente Chávez electo en Diciembre,
aprobó en abril de 1999 una Ley Habilitante por seis
meses, prorrogada en Noviembre por un año adicional, con
la cual se autorizaron 58 Decretos Leyes. Con la
realización de Mega Elecciones en el año 2000 para
relegitimar los poderes públicos de acuerdo con la nueva
Constitución, se eligió una AN constituida por mayoría
simple oficialista que - apenas tres meses después de
instalada - autoriza otra Ley Habilitante por 1 año, que
dejó un saldo de 49 Decretos Leyes aprobados.
Esta AN, en la cual
el sector oficial no contaba con las tres cuartas partes
para lograr la mayoría calificada, adicionalmente
modificó siete veces su Reglamento de Interior y de
Debates entre 2000 y 2005, mientras que en el período
entre 1958 y 1998 se había modificado sólo en cuatro
ocasiones. Estos cambios facilitaron la aprobación y
modificación ilegal de leyes orgánicas; así como la
destitución ilegal e inconstitucional en Octubre de 2003
de tres Magistrados de la Corte Primera en lo
Contencioso Administrativo; y la Modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para
ampliar la cantidad de magistrados, la destitución
selectiva de magistrados independientes y la elección
como magistrados de militantes del partido de gobierno
(entre los militantes más conocidos del oficialismo que
se integraron como nuevos magistrados se destacan dos
diputados del MVR, Luis Velásquez Alvaray y Luis
Franceschi; el fiscal general militar, Eladio Aponte
Aponte; así como el ex Presidente del Consejo Nacional
Electoral, Francisco Carrasquero) para obtener mayoría
“Pro Oficialista” en todas las salas y lograr así que la
“justicia” sentenciara bajo criterios preponderantemente
políticos.
En este contexto,
para la campaña electoral de las Elecciones
Parlamentarias de 2005, el TSJ apoya la violación a la
Constitución que representó “Las Morochas”, que incumple
con el principio de proporcionalidad entre los votos
recibidos por cada opción política y la distribución de
los escaños. Mientras, las estimaciones opositoras más
optimistas no pasaban de obtener una veintena de los 167
escaños que compondrían la AN, para todas las opciones
opositoras sumadas; no precisamente por los porcentajes
de votación esperados, sino especialmente por el impacto
de “Las Morochas” y la conformación discrecional de las
circunscripciones, que hubiera barrido con la
posibilidad de obtener alguna representación razonable
para las opciones opositoras. A la postre, parte del
liderazgo opositor asumió la convocatoria a no
participar en dichas elecciones, eligiéndose así una
Asamblea Nacional 100% chavista con 74,74% de abstención
según cifras del propio CNE.
En las siguientes
Parlamentarias de 2010, ya no con Morochas, sino con la
violación a la norma constitucional de la representación
proporcional contenida en la misma Ley Orgánica de
Procesos Electorales aprobada por la AN en 2009,
habiendo obtenido un 52% de los votos nacionales, la
oposición obtuvo sólo un 39% de los escaños,
evidenciándose claramente el efecto perverso que “las
Morochas” habrían tenido cinco años antes si la
población hubiera asistido a votar como en cualquier
elección regular.
En cuanto a
desempeño la AN chavista electa en Diciembre de 2005
aprueba en Enero de 2007 una Ley Habilitante por un año
y medio con once áreas de competencia (la Ley
Habilitante con mayores competencias de la historia
venezolana) que culmina con un saldo de 76 Decretos Ley
aprobados por el Presidente de la República.
Luego de las
Elecciones Parlamentarias de 2010, en las cuales el
sector oficialista logra sólo mayoría simple, la
Asamblea saliente aprueba en Diciembre de 2010 una Ley
Habilitante por 18 meses, que usurpa el período de la
Asamblea recién electa y con la cual el Presidente
Chávez aprobó 54 Decretos Ley e incluso algunas leyes
orgánicas sin mayoría calificada (Ley Orgánica de
Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción,
Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro, Ley Orgánica de las
Dependencias Federales, Ley Orgánica del Consejo de
Estado, Ley Orgánica Relativa al Fondo de Ahorro
Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro
Popular; entre otras).
Los anteriores
ejemplos de las actuaciones de tres parlamentos con
composiciones distintas, demuestran el férreo control
que ha ejercido el Poder Ejecutivo sobre el Poder
Legislativo durante todos estos años, aún con distintas
características de la distribución política porcentual
de los escaños y de las estructuras formales de
legislación, como lo evidencian más de 230 Leyes
aprobadas por el Presidente con poderes habilitantes
concedidos por la AN.
En los albores de
2013, ante una situación política difícil y un Poder
Ejecutivo cuando menos debilitado por la situación de
salud del Presidente Chávez, la Democracia se evidencia
como el proceso complejo y heterogéneo que es, que no se
circunscribe únicamente a garantizar que la asignación
de cargos públicos se realice mediante el sufragio. Se
requiere la cooperación de muchos ciudadanos en diversos
espacios para garantizar su legitimidad, de manera que
se limite la imposición de intereses particulares,
evitando que la representación se trastoque en
dominación y más grave aun en tiranía.
A pesar de los
oprobiosos antecedentes, o justamente fundamentados en
ellos, los ciudadanos tenemos derecho a exigir decoro y
eficacia a todas las partes; para lo cual contamos con
la Constitución y debemos respetarla, pero es sólo a
través de nuestra participación activa en los asuntos
públicos, que se podrá obtener de la supuesta
representatividad de nuestros diputados, la fortaleza
institucional necesaria para la recuperación de la
posibilidad de un futuro auténticamente democrático.
|