DICIEMBRE 2012
Nº 3, AÑO 2
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Reconstruyendo la Unidad

 

Luego de los llamados del Presidente de la República a la “Unidad Nacional” y tras la derrota electoral de la “Unidad Democrática” en las elecciones presidenciales del 7 de Octubre y las Regionales del 16 de Diciembre, aun falta mucho para construir una verdadera Unidad de todos los venezolanos, ante los difíciles y diversos escenarios que se le presentan al país con enorme incertidumbre hacia 2013. 

Según una argumentación imparcial y poco informada acerca de los antecedentes, se sugeriría la oportunidad de tal construcción democrática desde el seno de la Asamblea Nacional (AN), que además de su importancia fundamental en cualquiera de esos escenarios, deberá jugar un papel de relevancia suprema, desde el punto de vista constitucional, si se verifica alguno de los que dependen de la evolución y desenlace definitivo del estado de salud del presidente reelecto.  

Bajo esa perspectiva, preocupa la debilidad en la que la dirigencia partidista venezolana – tanto la oficialista que la promueve a favor del presidencialismo con visos totalitarios, como la opositora que se encuentra avasallada por la estrategia oficialista -  ha sumido a la institucionalidad del máximo parlamento nacional. 

Desde 1999 la AN en Venezuela como expresión del Poder Legislativo, ha perdido no sólo autonomía por haber estado subordinada al Poder Ejecutivo, sino que también ha dejado de ser la tribuna necesaria para la discusión de los aspectos políticos y sociales más relevantes de la vida nacional.  

El Parlamento electo en Noviembre de 1998, con mayoría opositora al gobierno del Presidente Chávez electo en Diciembre, aprobó en abril de 1999 una Ley Habilitante por seis meses, prorrogada en Noviembre por un año adicional, con la cual se autorizaron 58 Decretos Leyes. Con la realización de Mega Elecciones en el año 2000 para relegitimar los poderes públicos de acuerdo con la nueva Constitución, se eligió una AN constituida por mayoría simple oficialista que - apenas tres meses después de instalada - autoriza otra Ley Habilitante por 1 año, que dejó un saldo de 49 Decretos Leyes aprobados.  

Esta AN, en la cual el sector oficial no contaba con las tres cuartas partes para lograr la mayoría calificada, adicionalmente modificó siete veces su Reglamento de Interior y de Debates entre 2000 y 2005, mientras que en el período entre 1958 y 1998 se había modificado sólo en cuatro ocasiones. Estos cambios facilitaron la aprobación y modificación ilegal de leyes orgánicas; así como la destitución ilegal e inconstitucional en Octubre de 2003 de tres Magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo; y la Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar la cantidad de magistrados, la destitución selectiva de magistrados independientes y la elección como magistrados de militantes del partido de gobierno (entre los militantes más conocidos del oficialismo que se integraron como nuevos magistrados se destacan dos diputados del MVR, Luis Velásquez Alvaray y Luis Franceschi; el fiscal general militar, Eladio Aponte Aponte; así como el ex Presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero) para obtener mayoría “Pro Oficialista” en todas las salas y lograr así que la “justicia” sentenciara bajo criterios preponderantemente políticos. 

En este contexto, para la campaña electoral de las Elecciones Parlamentarias de 2005, el TSJ apoya la violación a la Constitución que representó “Las Morochas”, que incumple con el principio de proporcionalidad entre los votos recibidos por cada opción política y la distribución de los escaños. Mientras, las estimaciones opositoras más optimistas no pasaban de obtener una veintena de los 167 escaños que compondrían la AN, para todas las opciones opositoras sumadas; no precisamente por los porcentajes de votación esperados, sino especialmente por el impacto de “Las Morochas” y la conformación discrecional de las circunscripciones, que hubiera barrido con la posibilidad de obtener alguna representación razonable para las opciones opositoras. A la postre, parte del liderazgo opositor asumió la convocatoria a no participar en dichas elecciones, eligiéndose así una Asamblea Nacional 100% chavista con 74,74% de abstención según cifras del propio CNE. 

En las siguientes Parlamentarias de 2010, ya no con Morochas, sino con la violación a la norma constitucional de la representación proporcional contenida en la misma Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por la AN en 2009, habiendo obtenido un 52% de los votos nacionales, la oposición obtuvo sólo un 39% de los escaños, evidenciándose claramente el efecto perverso que “las Morochas” habrían tenido cinco años antes si la población hubiera asistido a votar como en cualquier elección regular.  

En cuanto a desempeño la AN chavista electa en Diciembre de 2005 aprueba en Enero de 2007 una Ley Habilitante por un año y medio con once áreas de competencia (la Ley Habilitante con mayores competencias de la historia venezolana) que culmina con un saldo de 76 Decretos Ley aprobados por el Presidente de la República.

Luego de las Elecciones Parlamentarias de 2010, en las cuales el sector oficialista logra sólo mayoría simple, la Asamblea saliente aprueba en Diciembre de 2010 una Ley Habilitante por 18 meses, que usurpa el período de la Asamblea recién electa y con la cual el Presidente Chávez aprobó 54 Decretos Ley e incluso algunas leyes orgánicas sin mayoría calificada (Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, Ley Orgánica de las Dependencias Federales, Ley Orgánica del Consejo de Estado, Ley Orgánica Relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro Popular; entre otras). 

Los anteriores ejemplos de las actuaciones de tres parlamentos con composiciones distintas, demuestran el férreo control que ha ejercido el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo durante todos estos años, aún con distintas características de la distribución política porcentual de los escaños y de las estructuras formales de legislación, como lo evidencian más de 230 Leyes aprobadas por el Presidente con poderes habilitantes concedidos por la AN. 

En los albores de 2013, ante una situación política difícil y un Poder Ejecutivo cuando menos debilitado por la situación de salud del Presidente Chávez, la Democracia se evidencia como el proceso complejo y heterogéneo que es, que no se circunscribe únicamente a garantizar que la asignación de cargos públicos se realice mediante el sufragio. Se requiere la cooperación de muchos ciudadanos en diversos espacios para garantizar su legitimidad, de manera que se limite la imposición de intereses particulares, evitando que la representación se trastoque en dominación y más grave aun en tiranía. 

A pesar de los oprobiosos antecedentes, o justamente fundamentados en ellos, los ciudadanos tenemos derecho a exigir decoro y eficacia a todas las partes; para lo cual contamos con la Constitución y debemos respetarla, pero es sólo a través de nuestra participación activa en los asuntos públicos, que se podrá obtener de la supuesta representatividad de nuestros diputados, la fortaleza institucional necesaria para la recuperación de la posibilidad de un futuro auténticamente democrático.
 

 

Monitor Parlamentario: una publicación de Súmate
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