Los ciudadanos venezolanos en este primer período de
sesiones de la Asamblea Nacional, que culminó el pasado
15 de agosto, asistieron al proceso de desnaturalización
del Poder Legislativo y a la pérdida de su norte
fundamental que debe coexistir dentro del marco del
Estado de Derecho.
En los 14 años de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela el Poder Legislativo aún se
encuentra en deuda con los ciudadanos en lo que respecta
a la producción del entramado formal del sistema de
leyes y la Asamblea Nacional, en la actualidad se ha
deslegitimado tanto en el origen como en el ejercicio.
El partido de gobierno no cuenta en la Asamblea Nacional
en este momento con ninguna de las mayorías calificadas
para seguir profundizando en el proceso de destrucción
institucional del Estado Venezolano y, en consecuencia,
se ha venido valiendo de formas fraudulentas (por decir
lo mínimo) para imponer su “mayoría circunstancial”.
Además del cuestionamiento de la legitimidad de origen
desde el momento de conformarse la Asamblea Nacional,
desde que entró en funciones en 2011, la oposición nunca
ha podido ser parte de la directiva y, en consecuencia,
la vocería oficial del parlamento únicamente responde a
una parte del país. Igualmente a los diputados de
oposición se les negó el derecho de palabra en la AN
pretendiendo que aceptaran los resultados electorales, y
fueron despojados de las presidencias de las Comisiones
Permanentes que estaban en sus manos y aún no han sido
devueltas.
Comenzando el año 2013 se dio inicio a las violaciones
del texto constitucional, ya que una vez terminado el
ejercicio del período constitucional del difunto
Presidente de la República Hugo Chávez, el 10 de enero
del mismo año y estando imposibilitado para tomar
posesión debió declararse falta temporal o absoluta y
activarse los preceptos constitucionales. Sin embargo,
una interpretación de una supuesta “continuidad
administrativa” por tratarse de una reelección,
obviando requisitos como la juramentación, colocó como
presidente encargado de manera irregular al entonces
designado vicepresidente Nicolás Maduro, sin cumplirse
ninguno de los procedimientos constitucionales. La
muerte del Presidente Chávez, anunciada el 5 de marzo de
2013 conllevó a las elecciones realizadas el pasado 14
de abril. Desde esa fecha el Gobierno Nacional desde la
AN ha mostrado su peor cara posible en una pugnacidad
constante contra la oposición, llegándose incluso a la
violencia física cuando dentro del hemiciclo los
diputados de la Alternativa Democrática fueron golpeados
por otros parlamentarios ante la complacencia de la
directiva de la AN. Un hecho que ha generado la
indignación de los parlamentos del mundo, por ser la
negación de lo que debe ser un Poder Legislativo.
A todo esto se suma el atentado contra el fuero de la
Inmunidad Parlamentaria, con el cual el diputado de
Aragua Richard Mardo fue despojado por decisión de una
mayoría simple, su inmunidad parlamentaria. El
procedimiento violó derechos constitucionales como el
del debido proceso y la presunción de inocencia, lo que
lo convierte en un hecho nulo de toda nulidad.
También consta la degradación del lenguaje parlamentario
y del discurso en cada una de las sesiones de la
Asamblea Nacional. Hoy hombres y mujeres hacen del
insulto y la grosería su modus operandi, con la
descalificación como algo habitual. Incluso se muestra
en ese comportamiento la utilización peyorativa de los
epítetos insultantes con el fin de linchar moralmente,
no sólo por pertenecer a opciones políticas distintas;
también por motivos religiosos, raciales e incluso de
preferencias sexuales, algo inapropiado en una sociedad
mundial donde la discriminación y la homofobia como
políticas de Estado son condenables.
Tenemos un Parlamento que no legisla, sino que actúa
como un apéndice más del Partido de Gobierno, aprobando
y discutiendo los asuntos que les compete únicamente a
ellos, ignorando olímpicamente las propuestas surgidas
del seno de los otros sectores de la sociedad. Eso
demuestra que el hecho que exista separación de los
poderes no significa que haya autonomía. Abriendo así el
camino para la usurpación y los desafueros siempre en
detrimento del mismo pueblo, que como dueño de la
soberanía les habilitó para ejercer el cargo. Resultado
de ello es que apenas se hayan aprobado 13 instrumentos
legales en este período de sesiones, todos propuestos
por el oficialismo. Las propuestas de la oposición no se
tomaron en cuenta.
Otra materia pendiente es la falta de regularización de
los cargos de otros poderes públicos, cuyos titulares
tienen vencidos sus períodos o se produjeron las faltas
absolutas de los mismos. Son los casos del Consejo
Nacional Electoral y la Contraloría General de la
República donde se produjo vencimiento de período (CNE)
o falta absoluta del titular (CGR) y aún no se han
activado los procesos de sustitución.
En julio de este año se cumplió la mitad del período
para los cuales fueron electos estos diputados. Se abren
algunas posibilidades para que los ciudadanos pueden
abrir válvulas de escape a las tensiones políticas como
Referendos Revocatorios en contra de algunos
diputados que, de acuerdo a los resultados del pasado 14
de abril en similares condiciones son revocables con el
fin de equilibrar un poco la balanza de la AN. Otra
posibilidad, una Asamblea Nacional Constituyente,
que permitiría corregir los entuertos que quedan del
marco legal actual y dejar sin efecto los poderes de
algunos funcionarios. No hay lugar para vías rápidas y
parte de la solución de los problemas políticos pasa por
el empoderamiento del pueblo en las instancias de
decisión, cosa que solamente es posible con el retorno a
la institucionalidad de la Asamblea Nacional.
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