AGOSTO 2013
Nº 4, AÑO 3
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El Parlamento ha perdido el norte

 

Los ciudadanos venezolanos en este primer período de sesiones de la Asamblea Nacional, que culminó el pasado 15 de agosto, asistieron al proceso de desnaturalización del Poder Legislativo y a la pérdida de su norte fundamental que debe coexistir dentro del marco del Estado de Derecho.

En los 14 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Poder Legislativo aún se encuentra en deuda con los ciudadanos en lo que respecta a la producción del entramado formal del sistema de leyes y la Asamblea Nacional, en la actualidad se ha deslegitimado tanto en el origen como en el ejercicio.

El partido de gobierno no cuenta en la Asamblea Nacional en este momento con ninguna de las mayorías calificadas para seguir profundizando en el proceso de destrucción institucional del Estado Venezolano y, en consecuencia, se ha venido valiendo de formas fraudulentas (por decir lo mínimo) para imponer su “mayoría circunstancial”.

Además del cuestionamiento de la legitimidad de origen desde el momento de conformarse la Asamblea Nacional, desde que entró en funciones en 2011, la oposición nunca ha podido ser parte de la directiva y, en consecuencia, la vocería oficial del parlamento únicamente responde a una parte del país. Igualmente a los diputados de oposición se les negó el derecho de palabra en la AN pretendiendo que aceptaran los resultados electorales, y fueron despojados de las presidencias de las Comisiones Permanentes que estaban en sus manos y aún no han sido devueltas.

Comenzando el año 2013 se dio inicio a las violaciones del texto constitucional, ya que una vez terminado el ejercicio del período constitucional del difunto Presidente de la República Hugo Chávez, el 10 de enero del mismo año y estando imposibilitado para tomar posesión debió declararse falta temporal o absoluta y activarse los preceptos constitucionales. Sin embargo, una interpretación de una supuesta “continuidad administrativa” por tratarse de una reelección, obviando requisitos como la juramentación, colocó como presidente encargado de manera irregular al entonces designado vicepresidente Nicolás Maduro, sin cumplirse ninguno de los procedimientos constitucionales. La muerte del Presidente Chávez, anunciada el 5 de marzo de 2013 conllevó a las elecciones realizadas el pasado 14 de abril. Desde esa fecha el Gobierno Nacional desde la AN ha mostrado su peor cara posible en una pugnacidad constante contra la oposición, llegándose incluso a la violencia física cuando dentro del hemiciclo los diputados de la Alternativa Democrática fueron golpeados por otros parlamentarios ante la complacencia de la directiva de la AN. Un hecho que ha generado la indignación de los parlamentos del mundo, por ser la negación de lo que debe ser un Poder Legislativo.

A todo esto se suma  el atentado contra el fuero de la Inmunidad Parlamentaria, con el cual el diputado de Aragua Richard Mardo fue despojado por decisión de una mayoría simple, su inmunidad parlamentaria. El procedimiento violó derechos constitucionales como el del debido proceso y la presunción de inocencia, lo que lo convierte en un hecho nulo de toda nulidad.

También consta la degradación del lenguaje parlamentario y del discurso en cada una de las sesiones de la Asamblea Nacional. Hoy hombres y mujeres hacen del insulto y la grosería su modus operandi, con la descalificación como algo habitual. Incluso se muestra en ese comportamiento la utilización peyorativa de los epítetos insultantes con el fin de linchar moralmente, no sólo por pertenecer a opciones políticas distintas; también por motivos religiosos, raciales e incluso de preferencias sexuales, algo inapropiado en una sociedad mundial donde la discriminación y la homofobia como políticas de Estado son condenables.

Tenemos un Parlamento que no legisla, sino que actúa como un apéndice más del Partido de Gobierno, aprobando y discutiendo los asuntos que les compete únicamente a ellos, ignorando olímpicamente las propuestas surgidas del seno de los otros sectores de la sociedad. Eso demuestra que el hecho que exista separación de los poderes no significa que haya autonomía. Abriendo así el camino para la usurpación y los desafueros siempre en detrimento del mismo pueblo, que como dueño de la soberanía les habilitó para ejercer el cargo. Resultado de ello es que apenas se hayan aprobado 13 instrumentos legales en este período de sesiones, todos propuestos por el oficialismo. Las propuestas de la oposición no se tomaron en cuenta.

Otra materia pendiente es la falta de regularización de los cargos de otros poderes públicos, cuyos titulares tienen vencidos sus períodos o se produjeron las faltas absolutas de los mismos. Son los casos del Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General de la República donde se produjo vencimiento de período (CNE) o falta absoluta del titular (CGR) y aún no se han activado los procesos de sustitución.

En julio de este año se cumplió la mitad del período para los cuales fueron electos estos diputados. Se abren algunas posibilidades para que los ciudadanos pueden abrir válvulas de escape a las tensiones políticas como Referendos Revocatorios en contra de algunos diputados que, de acuerdo a los resultados del pasado 14 de abril en similares condiciones son revocables con el fin de equilibrar un poco la balanza de la AN. Otra posibilidad, una Asamblea Nacional Constituyente, que permitiría corregir los entuertos que quedan del marco legal actual y dejar sin efecto los poderes de algunos funcionarios. No hay lugar para vías rápidas y parte de la solución de los problemas políticos pasa por el empoderamiento del pueblo en las instancias de decisión, cosa que solamente es posible con el retorno a la institucionalidad de la Asamblea Nacional.

 

 

Monitor Parlamentario: una publicación de Súmate
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