El 2 de septiembre los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dieron a conocer la sentencia Nº 808 que configura una ruptura grave del orden constitucional, en cuyo numeral 3 de la decisión declara nulo cualquier acto de la Asamblea Nacional (AN): “3.- Se DECLARA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.”

Esta parte de la decisión fue adoptada "ultra petita", por cuanto, la Sala Constitucional del TSJ aprovechó la anulación de la Reforma Parcial de la Ley sobre Explotación del Oro para extenderla a todos los actos emanados de la AN, como también a los actos sucesivos.

Esta decisión es una clara y flagrante extralimitación por parte de los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial. Es oportuno precisar que la mayoría de estos magistrados ocupan el cargo en violación a los requisitos establecidos por la Constitución (artículos 263 y 264 de la CRBV) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 64 y 67 de la LOTSJ) para formar parte del TSJ y que vician de nulidad cualquiera de sus actos por usurpación de autoridad, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”

Al declararse nulo cualquier acto de la AN, se produce por acto de fuerza disfrazado de supuesta "legalidad" la interrupción del funcionamiento del Poder Legislativo, se desconoce así su legitimidad y su calidad de Representación Nacional, configurando un escenario donde de facto se desconoce la soberanía popular ejercida el pasado 6 de diciembre, con lo cual los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ están violando los artículos 5, 186 y 201 de la  Constitución. Eso genera en consecuencia un estado de ruptura grave del orden constitucional que obliga a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (OEA) y del Protocolo de Ushuaia (MERCOSUR), por citar dos convenciones de las cuales Venezuela es signataria como sujeto de derecho con responsabilidad plena, en las que se establece la obligatoriedad de cumplimiento de los principios democráticos por parte de los países signatarios.

El propósito de esa decisión del TSJ, violatoria del orden constitucional, es muy claro: Interrumpir el funcionamiento del Poder Legislativo para:

Impedir la constitución del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), proceso en marcha y que debe desembocar en el nombramiento de los Rectores del CNE en sustitución de las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tania D´Amelio y Socorro Hernández. Con ello se lograría que sean ratificadas en estos cargos por la Sala Constitucional del TSJ, con la declaratoria de omisión legislativa, aun cuando el Parlamento cumpla con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral.

Paralizar el proceso de nombramiento de nuevos magistrados TSJ que cumplan con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lo cual estaría conforme con los resultados recogidos en el Informe de la Comisión para la Reinstitucionalización del Estado de la AN,  y

Prescindir de la AN, en especial de su función de control político ante la posibilidad de un nuevo Decreto de Estado de Excepción que entraría en vigencia a mediados de septiembre, una vez vencido el segundo  Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, aprobado en mayo y prorrogado en julio sin la aprobación de la AN, en clara violación de los procedimientos constitucionales previstos.

TSJ SE CONVIERTE EN PARTE Y JUEZ EN JUICIO SOBRE
NOMBRAMIENTOS EXPRESS DE MAGISTRADOS POR AN

La Asamblea Nacional (AN) anuló en la sesión ordinaria del 14 de Julio su propia actuación de fecha 23 de diciembre de 2015 en la que designó a 34 nuevos Magistrados, 13 principales y 21 suplentes para el período 2016-2027 y 2016-2022, respectivamente.

Lo que declaró la AN es que no se trata de una destitución de los mismos, ya que ésta se hace previa calificación del Poder Ciudadano y con el voto de las 2/3 partes de la AN (Artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -CRBV), sino de subsanar los errores cometidos en los actos del Legislativo que llevaron a los nombramientos.  

En diciembre de 2015, ante el evidente peligro por parte de los Diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de perder la mayoría absoluta dentro del seno de la AN, procedieron a agilizar de manera ilegal, y actuando en extralimitación de sus funciones, el procedimiento de designación de los Magistrados con la finalidad de afianzar el poder del Gobierno sobre el Poder Judicial. 

Sin embargo, la Sala Constitucional (conformada por los Magistrados Gladys Gutiérrez, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Juan Mendoza, Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez) a través de la Sentencia Nº 614 dictada en fecha 19 de julio de 2016 declaró la nulidad del acto mediante el cual el Parlamento deja sin efecto la designación de los Magistrados, declarando que “…cualquier Comisión, artificio o acción que tenga por objeto anular la designación de los Magistrados y Magistradas, es írrito, nulo de toda nulidad y carente de validez, ya que subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de Magistrados del TSJ”. Y reafirma que el Parlamento Nacional no está legitimado para anular, revocar o dejar sin efecto la designación de los magistrados, ya que en este proceso también participan el Poder Ciudadano y el Poder Judicial, además de asegurar que no puede calificarse la remoción de un magistrado como “un acto administrativo” pues se trata de un acto parlamentario en ejecución directa e inmediata de la Constitución, sin forma de ley, cuya nulidad corresponde a la Sala Constitucional del TSJ.  Con esta decisión, convierte los artículos 90 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos inaplicables para revocar o desconocer la designación de los Magistrados del TSJ.

Debemos destacar la velocidad con la que el TSJ dicta esta sentencia, un juicio de nulidad puede tardar meses, pero en este caso, la Sala Constitucional tardó apenas cuatro días para declarar la nulidad de todo el procedimiento adelantado por la Asamblea Nacional. Una sentencia rápida, y sin juicio, pues la Sala Constitucional no tramitó el proceso que, según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), debería seguirse en estos casos y no permitió a la Asamblea Nacional ejercer la defensa de su decisión.

Importante es observar como las garantías y los principios Constitucionales se ven vulnerados una y otra vez por parte del Tribunal Supremo de Justicia al propiciar una "Falsa Justicia", viciada por una “Falsa Legalidad” al realizar interpretaciones de la Constitución y las Leyes que siguen siendo favorables únicamente al Ejecutivo Nacional y al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, como al PSUV; resulta inusual contemplar como los Magistrados designados el 23 de diciembre de 2015 pueden convertirse en parte y, a la vez, en Jueces de un proceso que, apegado completamente a la Legalidad, como el que desarrolla el Parlamento Nacional que termina en la declaración de nulidad del acto por el cual dichos Magistrados fueron designados y juramentados, termina siendo desconocido y tachado de ilegalidad por estos actores, designados de manera arbitraria y previo incumplimiento de los requisitos legales.

Son los ciudadanos venezolanos los que terminan siendo burlados por un Conflicto de Poderes que se produce al contemplar como el Poder Judicial arremete desmedidamente contra el Poder Legislativo, el cual en el cumplimiento de sus funciones, que sólo busca la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia a través de la designación de Magistrados que cumplan con lo establecido dentro de la Constitución y la Ley; garantizando el Estado de Derecho y de Justicia, y la imparcialidad y transparencia del Poder Judicial.

Razón de ser del TSJ y proceso de nombramiento de sus magistrados

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el máximo órgano rector del Poder Judicial (uno de los cinco Poderes del Estado), y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Es el más alto Tribunal de la República y contra sus decisiones no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que disponga al respecto la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ).  

El TSJ debe garantizar la supremacía y la efectividad de las normas y principios constitucionales, y es el máximo y último intérprete de la Constitución de la República y, por tanto, debe velar por su uniforme interpretación y aplicación.  

El TSJ se encuentra conformado por 5 Salas: Constitucional, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social (Artículo 7 de LOTSJ); y una sala especial llamada Sala Plena, la cual está integrada por los Magistrados de todas las Salas señaladas.  

La Sala Constitucional está integrada por siete magistrados y las demás Salas están integradas por cinco magistrados, designados, por un único período de 12 años, de acuerdo al artículo 264 Constitucional. 

La Constitución en su artículo 263, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), en su artículo 37, establecen las normas referentes al proceso, los lapsos y los requisitos para la designación de los Magistrados. 

La designación de los Magistrados del TSJ debe ser realizada por la Asamblea Nacional (AN). Para ello será necesario que el Poder Ciudadano reciba de parte del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) la lista de candidatos preseleccionados por CPJ, una vez que se asegura que han cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley (Artículo 264 CRBV).  

El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor de la Asamblea Nacional. Es el encargado de convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar al Poder Ciudadano la lista de los candidatos elegibles a Magistrados, quienes pueden estar postulados por iniciativa propia o por alguna organización vinculada con la actividad jurídica (Artículos 64 y 67 de la LOTSJ); el mismo dictará su Reglamento Interno para su organización y funcionamiento. 

El CPJ funciona por un período de dos años, y se designa por mayoría simple de la Asamblea Nacional. Tendrá once miembros principales, con sus respectivos suplentes, cinco de los cuales serán elegidos del seno del órgano legislativo nacional, y los otros seis miembros de los demás sectores de la sociedad, los cuales se elegirán en un procedimiento público. La Asamblea Nacional designará a uno de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, como Presidente de dicho órgano (Artículo 65 de LOTSJ), y al día siguiente se instalará, y escogerá de su seno un Vicepresidente o Vicepresidenta y fuera de él un Secretario o Secretaria (Art. 69 LOTSJ).

Sin embargo, este fue el procedimiento seguido por la anterior AN:

PRIMER PERÍODO 2016 DE ASAMBLEA NACIONAL
SUPERA A LA GESTIÓN DE AN 2011

El primer período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) electa para el período 2016-2021 se ha visto caracterizada por dos grandes aspectos: El conflicto, por demás anunciado, entre el Poder Legislativo y los demás poderes del Estado por un lado y, por el otro, la eficiencia en la producción y aprobación de instrumentos legales haciendo uso pleno de su facultad legislativa, la cual ejerce de manera privativa de conformidad con el artículo 187 de la Constitución de la República.  

La AN y en especial la mayoría opositora ha intentado llevar a cabo con la mayor celeridad posible la totalidad de su programa electoral y, en consecuencia, haciendo uso de la mayoría calificada obtenida (aunque cercenada por las sentencias judiciales viciadas de inconstitucionalidad que han impedido la incorporación de los diputados del Estado Amazonas) se ha abocado a discutir la totalidad de los instrumentos legales prometidos en el proceso electoral. 

Asimismo, la Asamblea Nacional se ha dedicado a incrementar su productividad real regresando a la rutina que imperó hasta el período constitucional anterior, retomando las dos sesiones plenarias semanales aparte de incrementar el tiempo efectivo de trabajo de las comisiones permanentes, aspecto que se ha visto reflejado en esta elevada productividad de los instrumentos legales aprobados y sancionados en este primer período de sesiones. 

En este primer período de sesiones correspondiente a la primera mitad del año 2016 se había introducido un total 42 proyectos de ley, de los cuales 33 ya se aprobaron en primera discusión, 11 fueron aprobados en segunda discusión y 7 leyes han sido sancionadas. Esto evidentemente supera lo realizado por la AN anterior en todo el año 2011 en el cual, según datos del Parlamento Nacional solamente sancionaron 16 instrumentos legales, siendo menos de la mitad de los proyectos introducidos en lo que va de año. No podemos olvidar que el accionar de la Asamblea Nacional en 2011 se había limitado por la entrada en vigencia de manera express de una Ley Habilitante aprobada para el Ex-Presidente Chávez. Sin embargo, a pesar de la inconstitucional aplicación de Decretos de Estado de }Excepción y Emergencia Económica, la Asamblea Nacional no ha detenido su producción en materia legislativa. 

Llama la atención que de las 7 leyes sancionadas solamente 2 de ellas hayan sido publicadas en la Gaceta Oficial. Es fundamental alertar el papel del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su labor de ser apéndice del Poder Ejecutivo, reflejado en el sistemático y continuado sabotaje a la labor legislativa.  

Para evitar la promulgación de las leyes aprobadas y sancionadas como corresponde a su deber constitucional, el Presidente de la República ha recurrido a la aplicación del “control” (así, entre comillas) judicial remitiendo todas las leyes aprobadas a la Sala Constitucional del TSJ, la cual ha declarado inconstitucional la cuasi totalidad de los proyectos sancionados, como parte de una política de sistemático sabotaje e injerencismo en las atribuciones privativas del Poder  Legislativo. Este patrón de conducta ha puesto en evidencia el irregular origen  de algunos magistrados y que han demostrado ser apéndice judicial tanto del Ejecutivo como del Partido de Gobierno. 

Solamente dos leyes han pasado el filtro constitucional y se han publicado en Gaceta Oficial. La primera de esas dos leyes, es la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, que fue promulgada dejando su cumplimiento a merced de la existencia de recursos para su ejecución y, en el caso de la segunda, promulgada recientemente, la Ley que regula el Uso de Telefonía Celular e Internet en los Recintos Penitenciarios, cuyo cumplimiento está sujeto a la voluntad de un Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios que se ha declarado en desacato ante la función contralora del Poder Legislativo. 

Es cierto que la Constitución faculta dentro del proceso de formulación de las leyes al Presidente de la República para remitir a la Sala Constitucional cualquier Proyecto de Ley, en el caso de que considere que el instrumento o alguno de sus artículos pueda estar viciado de inconstitucionalidad. En efecto, el Presidente de la República se ha valido de esa prerrogativa para retrasar, por decir lo menos, y torpedear la labor ejercida por la Asamblea Nacional dentro de sus funciones constitucionales.  

El problema es que los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ se han convertido para el Ejecutivo Nacional en una especie de “comodín” que ejecuta para darle fin al proceso de formulación de leyes, sin cumplir con su deber de promulgar cada instrumento legal que por razones políticas no le sea favorable.  

Adicionalmente, los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ han desvirtuado su naturaleza de ser el último intérprete de la Constitución, para arrogarse a sí misma el poder constituyente originario no solamente interpretando sino derogando al mismo texto constitucional. Dos ejemplos para ello. El primero es el relacionado a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional en virtud del numeral 5 del artículo 187 de la Constitución que le otorga la atribución de decretar amnistías. El argumento esgrimido por los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ era la presunción de que con el instrumento se iba a otorgar beneficios a responsables por crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los Derechos Humanos a personas calificadas como presos políticos. El argumento pierde peso por cuanto es de todos conocido que solamente el Estado tiene responsabilidad jurídica sobre los Derechos Humanos y la calificación de Lesa Humanidad solamente es aplicable no a hechos puntuales sino a hechos sistemáticos, continuos y calificados como política de Estado que supongan riesgo a la condición humana por razones políticas, religiosas, raciales, sexuales, etc. De acuerdo con la jurisdicción penal debe existir la precalificación de ese tipo de crimen en el ordenamiento jurídico, sin menoscabo de que la responsabilidad individual es únicamente por las acciones del Estado. Con eso se aclara que no se pueden cometer crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los Derechos Humanos sin formar parte del Estado. Sin embargo, hubo una interpretación a la medida del discurso oficialista. El otro ejemplo, es el relacionado con la Ley de Reforma Parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que ha sido declarada inconstitucional, violentando el hecho de que la AN tiene iniciativa legislativa en todas las áreas al considerar que en el caso del TSJ solo el Poder Judicial puede promover leyes en su área, en interpretación errónea del artículo 204 de la Constitución.  

Así se ha procedido con la mayoría de las leyes aprobadas y sancionadas por la actual Asamblea Nacional, lo cual es un patrón clarísimo de conducta de sabotaje interinstitucional en menoscabo de la legitimidad de un poder autónomo surgido de la voluntad del pueblo el pasado 6 de diciembre.

TSJ DECIDE 5 AÑOS DESPUÉS RECURSO DE LA MUD
PARA FAVORECER AL PSUV EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Aunque parezca insólito, el pasado 21 de abril los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) produjeron la sentencia 269 en respuesta a una demanda introducida por un grupo de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el 09 de  marzo 2011 en contra de la reforma del la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010; la cual fue aprobada por una gestión parlamentaria que ya estaba en sus días finales en ese mismo año, en la cual el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenía el control de los 3 tipos de mayorías del Poder Legislativo nacional.  

Esta reforma parcial del Reglamento Interior y Debates de la AN que incluyó la modificación de 64 de artículos referidos a los mecanismos de votación para elegir la Junta Directiva y tomar decisiones en general del Poder Legislativo. Para ello, la bancada parlamentaria del PSUV se fundamentó en el artículo 186 del Reglamento Interior y de Debates: “La reforma de este Reglamento podrá ser total o parcial a solicitud, al menos, de diez asambleístas y acordada por la mayoría, en sesión convocada al efecto”  

La Reforma parcial del Reglamento de Interior y de Debates de la AN tuvo como finalidad de amordazar a la representación de la oposición en la nueva gestión de la AN 2011-2015, en la cual el PSUV solo logró alcanzar la mayoría simple, denominada mayoría absoluta. Aunque en aquel momento el oficialismo explicó en la disertación del diputado Ricardo Sanguino que esta reforma obedecía a que durante el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento “nos sentimos atados, en consecuencia, la presencia de una multipolaridad de organizaciones políticas tenían como meta que la  Asamblea Nacional (AN), no funcionará como debe ser”  

Ahora, cinco años después, con esta decisión de sentencia 269 de abril de este año 2016, los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ: 

Acordaron que "...mientras se decide el recurso de nulidad interpuesto- la medida cautelar de suspensión de los artículos 25; 57; 64, numerales 5, 6 y 8; 73; y 105, último aparte del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, en los términos expresados en la motiva del fallo."

Se decidieron competentes "para conocer de la demanda de nulidad interpuesta contra la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 6.014 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, y de forma subsidiaria contra los artículos 1; 25, penúltimo aparte; 27, numerales 3 y 6; 45, en su encabezamiento; 48, primer aparte; 56, último aparte; 57; 64, numeral 4; 73, último aparte; 76, único aparte; 105, último aparte; y 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, producto de dicha Reforma Parcial, publicado en la misma Gaceta Oficial, y contra los artículos trigésimo cuarto al cuadragésimo de la Reforma Parcial del Reglamento antes indicado."

Negaron “la medida cautelar de suspensión de los artículos 1;  numerales 3 y 6 del artículo 27; 48 primer aparte; 56 último aparte; y 64, numeral 4, del Reglamento impugnado.”

Lo que se cuestiona de este tipo de decisiones por parte de los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ no es su legalidad y constitucionalidad, sino que se produzca cinco años después, luego de una gestión de la AN 2011-2015 bajo control del PSUV, con el claro propósito de favorecer ahora a la actual minoría del partido político del Gobierno Nacional en el parlamento nacional y amordazar a la mayoría parlamentaria que obtuvo la MUD en la pasadas elecciones del 6D.

Un ejemplo del uso que hizo la bancada parlamentaria del PSUV con la reforma del Reglamento de la AN fue allanar por mayoría simple la inmunidad parlamentaria e inclusive la destitución de 4 diputados de la MUD como fueron Richard Mardo (Circunscripción 1 del estado Aragua) y María Aranguren (Circunscripción 1 del estado Monagas), en julio y noviembre de 2013 respectivamente; María Corina Machado (Circunscripción 2 del estado Miranda), a quien en marzo de 2014 le fue aprobada la solicitud del allanamiento de su inmunidad parlamentaria, aunque días después fue destituida por la directiva y fracción del PSUV, decisión que fue avalada por la Sala Constitucional del TSJ, y Juan Carlos Caldera (Circunscripción 3 del Estado Miranda), quien en noviembre de 2014 renunció a su curul, luego de que la Sala Plena del TSJ declarada procedente su antejuicio de mérito. 

Medida cautelar de suspensión de los 7 magistrados de la SC del TSJ de los artículos 25; 57; 64, numerales 5, 6 y 8; 73; y 105 en la Reforma del Reglamento de Interior y de Debates.

EL CONTROL POLÍTICO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN: OTRA FACULTAD USURPADA POR EL PODER EJECUTIVO

En enero de este año el Presidente de la República Nicolás Maduro anunció la promulgación de un Decreto de Emergencia Económica para hacer frente a la “guerra económica” que ha denunciado insistentemente para explicar la crisis económica que ahora afecta al país. De conformidad con el Capítulo II del Título Octavo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), este tipo de decretos entra dentro de la categoría de Estados de Excepción, lo que supone que los mecanismos de control sobre los mismos están debidamente delimitados por la propia Constitución. 

De acuerdo con el artículo 338 constitucional un Decreto de Emergencia Económica puede durar 60 días y solamente podría prorrogarse otros 60 días previa aprobación de la Asamblea Nacional, que tiene esa atribución de manera privativa. Sin embargo, es el artículo 339 constitucional uno de naturaleza capital por cuanto la ejecución de los estados de excepción debe pasar por dos filtros para su entrada en vigencia: El primero de esos filtros es el del control jurídico que corresponde a los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes deben decidir sobre la constitucionalidad tanto del decreto como de las garantías a restringirse durante la vigencia del mismo; y el control político que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional (AN) y que debe ser aprobado por mayoría para su efectiva entrada en vigencia. En caso de que alguno de los dos controles se pronuncie desfavorablemente debe cesar la vigencia del decreto. 

Para la aprobación del Decreto de Emergencia Económica, la Asamblea Nacional consideró conveniente llamar a interpelación a los ministros del área económica para que explicaran las motivaciones que llevaron a decretar la emergencia así como el suministro de la información que sustentara esta solicitud, sin que ninguno de los llamados compareciera en su momento. Con base en la información obtenida (o falta de) y tras informe de la comisión de Contraloría la AN acordó NO APROBAR el Decreto de Emergencia Económica, con lo cual debió suspenderse inmediatamente la aplicación del mismo al no pasar el control político. Sin embargo, los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ se pronunciaron favorablemente sobre la constitucionalidad del decreto. Pese a la negativa de la Asamblea Nacional, el decreto entró en vigencia. Además, aprobaron de manera inconstitucional la correspondiente prórroga sin pasar por la AN, siendo ésta la única instancia constitucionalmente competente para aprobar las prórrogas de los Estados de Excepción. 

Asimismo, en este caso particular y vencidos los primeros 60 días del decreto, que entró en vigencia en interrupción del orden constitucional, se procedió a solicitar la prórroga del mismo, la cual es atribución exclusiva de la Asamblea Nacional. La respuesta de la AN fue negar por mayoría la prórroga del decreto. Una vez más se utilizó a la Sala Constitucional del TSJ, que en extralimitación de sus funciones autorizó la continuidad del Decreto de Emergencia en violación a la independencia de los poderes y el principio de competencia. 

Caso similar se evidenció en una nueva y reciente solicitud de estado de excepción y sentó un precedente negativo para la institucionalidad del Estado Venezolano, por cuanto se desacató una disposición constitucional sobre circunstancias excepcionales y se utilizó una vez más a la Sala Constitucional para usurpar funciones legislativas por parte del Ejecutivo Nacional.

AN SIN CANAL DE TELEVISIÓN Y DE RADIO POR DECISIÓN DEL PSUV

El 8 de diciembre de 2015, apenas dos días después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Diosdado Cabello, informó que la concesión de la señal de la televisora ANTV sería entregada a los trabajadores del canal. Dos días después, el 10 de diciembre, el parlamento nacional con mayoría oficialista, que estaba en cesantía, aprobó la transferencia de la televisora ANTV y de AN Radio a sus empleados. Esa fue otra de las acciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para dejar sin medios de comunicación a la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre.  

ANTV fue un canal de televisión estatal venezolano, con sede en Caracas, propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI), operado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde 2010 pasó a ser el único medio de comunicación autorizado para transmitir, con exclusividad desde el hemiciclo, las sesiones de la AN, mientras los demás medios de comunicación debían conformarse con utilizar su señal. Cesó en sus transmisiones el 31 de diciembre de 2015.  

Inicialmente, ANTV transmitió su señal a través de las empresas de cable Intercable, DirecTV, Net Uno y SuperCable.  En el 2006 comenzó a transmitir en señal abierta y fue expandiendo su alcance a otras regiones del país. La mayoría de los programas de ANTV tenían como objetivo seguir y ampliar la información que se generaba en la Asamblea Nacional. El resto de la programación se complementaba con programas de VTV y ViVeTv. 

ANTV funcionó a favor de las iniciativas y acciones del parlamentarismo del sector oficialista. En ningún momento sirvió como vehículo de información amplio para las necesidades y expresiones de los electores, tal como corresponde a la representación parlamentaria de las diversas circunscripciones del país. La discrecionalidad en el manejo de los mensajes transmitidos por ANTV hasta diciembre de 2015, fue violatoria de los artículos 58 Constitucional y 2 de la Ley Responsabilidad Social en Radio, Televisión e Internet (RESORTE)- 

Prueba del manejo discrecional de ANTV, por parte del sector oficialista es que el 30 de abril de 2015 cuando varios diputados de la oposición fueron golpeados en la Asamblea Nacional, la sesión fue interrumpida inicialmente mostrando planos generales del techo del hemiciclo y finalmente suspendida.

TSJ HA DICTADO 29 SENTENCIAS CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL
HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE

Desde el 30 de diciembre de 2015 hasta el pasado 02 de septiembre de 2016, los magistrados de la Salas Constitucional (25) y Electoral (4) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han dictado un total de 29 sentencias relacionadas con las funciones de la Asamblea Nacional, que van desde impedir que cuenten la Mayoría Calificada de las dos terceras partes (112 diputados) hasta asumir competencias exclusivas del Parlamento Nacional y declarar inconstitucionales las leyes sancionadas, en clara obediencia a peticiones del Presidente de la República. 

La primera de estas sentencias ocurrió el 30 de diciembre de 2015 en su sentencia N° 260, cuando los 5 magistrados de la Sala Electoral del TSJ ordenaron de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del CNE respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Con esta decisión, los 5 afectaron la conformación constitucional del parlamento nacional y le arrebataron la mayoría de las dos terceras partes a la MUD. Lo más grave es han demorado más de ocho meses y siguen sin decidir, lo cual viola los lapsos procesales y el debido proceso, y con ello dejaron sin representación en la Asamblea Nacional a la población del estado Amazonas y la Región Sur Indígena (estados Amazonas y Apure). Esto configura una violación de los artículos 5, 186 y 201 de la  Constitución.  

Además, el primero de marzo los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ en la Sentencia 09 limitaron las funciones del Parlamento, eliminando las facultades de control político que constitucionalmente es su competencia.

Otra decisión a considerar fue la del pasado 21 de abril, cuando  los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ produjeron la sentencia 269, en respuesta a una demanda introducida por un grupo de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el 09 de  marzo 2011 en contra de la reforma del la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN); la cual fue aprobada por una gestión parlamentaria que ya estaba en sus días finales, en la cual el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenía el control de los 3 tipos de mayorías del Poder Legislativo nacional. Lo que se cuestiona de este tipo de decisiones por parte de los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ no es su legalidad y constitucionalidad, sino que se produzca cinco años después, luego de una gestión de la AN 2011-2015 bajo control del PSUV, con el claro propósito de favorecer ahora a la actual minoría del partido político del Gobierno Nacional en el parlamento nacional y amordazar a la mayoría parlamentaria que obtuvo la MUD en la pasadas elecciones del 6D. 

Otras dos sentencias produjeron los 7 Magistrados de la Sala Constitucional que anulan las sesiones de la AN: La sentencia N°  797 del  19 de agosto de 2016, en la que ordenaron la nulidad, conjuntamente con acción de amparo cautelar de los efectos de dos sesiones efectuadas en abril y 5 en mayo (26 y 28 de abril y 3, 5, 10, 12, 17 de mayo), junto a los actos producidos en ellas. La sentencia ordenó requerir de manera cautelar a la Asamblea Nacional, a través de su Presidente, la documentación donde evidencie el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en el mencionado fallo de la sentencia Nº 269 del 21 de abril de 2016, en lo relativo a la convocatoria de la sesiones antes señaladas y orden del día fijado para cada una de ellas. Esta decisión fue en respuesta a la demanda introducida por un grupo de diputados del Bloque de la Patria o GPP, el 9 de mayo, por inconstitucionalidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra las sesiones de la Asamblea Nacional celebradas los días 26 y 28 de abril de 2016, y los días 03, 05, 10, 12 y 17 de Mayo de este año 2016.

No conforme con ello, el 2 de septiembre los 7 magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dieron a conocer la sentencia Nº 808 en la que declaran “inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.” Es oportuno precisar que la mayoría de estos magistrados ocupan el cargo en violación a los requisitos establecidos por la Constitución (artículos 263 y 264 de la CRBV) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 64 y 67 de la LOTSJ) para formar parte del TSJ y que vician de nulidad cualquiera de sus actos por usurpación de autoridad, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”