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Noviembre 2012 |
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El
impacto de los resultados de las recientes Elecciones Presidenciales
está marcado por dos signos característicos: |
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√ La decisión de dirigentes
opositores, quienes por temor a fomentar la abstención, de no presionar
públicamente al CNE o sus rectores en su estrategia unitaria evitaron el
enfrentamiento eficaz de los obstáculos impuestos por un CNE que
facilitó el uso ilegal de los recursos del Estado para el ventajismo y
la intimidación de los votantes, diseñando y controlando los procesos
electorales a la medida de los intereses del oficialismo. |
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En 2005 - cuando estaban convocadas las Elecciones Parlamentarias de la Asamblea Nacional - la estrategia oficialista para entonces fue muy sencilla, con la aplicación de las tristemente célebres “Morochas”, un artificio electorero creado previamente por una organización política de oposición en el Estado Yaracuy, negando el principio de representación proporcional garantizado en los artículos 63 y 293 de la CRBV: así, los votos obtenidos por el conjunto de organizaciones opositoras se diluiría como arena entre los dedos de quienes aspiraban retomar la posibilidad de un futuro auténticamente democrático para Venezuela. A esto se unía el gran apoyo que tenía la opción política del Presidente Chávez y la atomización de la dirigencia política. También el TSJ, como otro poder parcializado hacia el Poder Ejecutivo, dictaminó ante recursos presentados, que el uso de las “Morochas” era legal. Es necesario recordar esto, porque pareciera que la dirigencia partidista opositora se empeña en seguir interpretando ese episodio político de manera tergiversada. Con la triste experiencia electoral que se ha consolidado en las almas de los venezolanos, ahora es más fácil explicar el funcionamiento del mecanismo: en 2010 un 52,7% de la votación opositora se convirtió en las Elecciones Parlamentarias en un 40,6% de cargos en la AN electa ese año; un 44% que hubiera votado previamente por alguna de las distintas opciones de la oposición en las Parlamentarias de 2005 (asignándole referencialmente el mismo porcentaje de votación recibido por la oposición en las recientes Elecciones Presidenciales), hubiera podido convertirse en sólo 15 escaños de los 167 que para entonces componían la Asamblea Nacional (el estimado calculado internamente por Súmate en aquella oportunidad, compartido con diversos partidos, era el de obtener 11 diputados para las Elecciones Parlamentarias de 2005; no sólo por la votación minoritaria que podría recibir la oposición, sino especialmente por la aplicación de Las Morochas). Esta organización ciudadana independiente continuó denunciando las prácticas ilegales e irregulares del CNE y ganando terreno en la campaña por Elecciones Limpias emprendida desde 2005, aunque el organismo electoral daba señales claras de que nunca cumpliría con las cinco condiciones propuestas por Súmate para lograrlas: Registro Electoral confiable, Conteo manual de todos los comprobantes de voto, Eliminación de las captahuellas, Observación electoral nacional e internacional calificada, y Auditorías totales. Consecuentemente la Unidad fue el primer desafío para las siguientes elecciones: las Presidenciales de 2006. Así lo asumió Súmate proponiendo al país, diseñando y organizando unas Primarias que partidos políticos de la oposición a cinco meses del evento no consideraron necesarias en aquella oportunidad, acordando lanzar a Manuel Rosales elegido por “consenso” entre cúpulas partidistas. Dentro de esta misma estrategia de defensa del voto lanzó el Proyecto SuperTestigos para las Elecciones Regionales 2008. Ya para la reciente Elección Presidencial del 7-O, esta experiencia de diez años de contraloría ciudadana electoral y promoción de la participación ciudadana de Súmate, se concentró en la campaña “Vota y Defiende Tu Voto”, con la difusión en la medida de las posibilidades institucionales de las “Vacunas Electorales” para Testigos acreditados y Miembros de Mesa, así como para los “SuperElectores”. Con la aplicación de siete “Vacunas” se buscaba enfrentar los obstáculos impuestos por el CNE cuando ejecuta el diseño y control de los procesos electorales a la medida de los intereses del oficialismo, con el fin de minimizar la emisión de votos ilegítimos derivada de esta práctica ilegal y permitir sustentar debidamente las impugnaciones en los casos en los que no sea posible evitar cada una de las manipulaciones facilitadas por el organismo electoral. No se trata sólo de una estrategia ideal, pues Súmate ha participado en el diseño de los mecanismos de control - desarrollando capacidades de coordinación y ejecución puestas a la orden de la Unidad - que podrían ser aplicados como parte de una organización adecuada para la defensa del voto. Sin olvidar las propuestas que desde 2011 viene haciendo la institución para la movilización ciudadana eficazmente canalizada, para que se manifieste en los comicios correspondientes.
Ahora, el tiempo de la preparación para las Elecciones Regionales se
agota rápidamente, con un CNE que sigue cometiendo el mismo tipo de
arbitrariedades que han opacado su gestión desde 2003. Es necesario
denunciarlas, mientras se motiva a la ciudadanía a votar y a defender
los votos, con una estrategia clara que atienda integralmente la
complejidad de acciones necesarias para hacer valer la voluntad de los
sectores democráticos ante las máquinas de votación, de manera que se
manifiesten en definitiva en los reportes oficiales del CNE. Es una
tarea compleja y se requiere la asignación asertiva de los recursos
necesarios para alcanzar estos objetivos, sólo falta que el liderazgo
político en cada estado lo asuma, haga propia esta estrategia y anime a
su electorado con base en sus potencialidades ciertas para defender el
futuro democrático, ahora al menos desde su región. |
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|
Monitor Electoral: una publicación de Súmate |
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Sin
embargo, a partir del Referendo Revocatorio Presidencial de 2004, la
estrategia política del alto gobierno había consolidado su efectividad,
con el ventajismo y la intimidación ilegales, así como el diseño y
control de los procesos electorales a la medida de los intereses del
oficialismo, ejercidos permanentemente desde ese entonces como parte de
la gestión presidencial (en violación directa de los artículos 145 y
21.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV),
incluso fuera de los períodos normados por el CNE para las campañas
electorales en cada uno de los comicios que se han repetido en el país
desde entonces.