Al
tiempo que Súmate nació hace diez años, promoviendo la participación de
la ciudadanía en la contraloría electoral, el Ejecutivo Nacional logró
ilegítimamente comenzar a dominar las altas decisiones en la conducción
de los procesos electorales en Venezuela, asegurándose la complicidad de
la mayoría del Directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así
desarrollaron su estrategia de ventajismo e intimidación ilegal, al
igual que el diseño y control de las elecciones en función de los
intereses políticos del oficialismo.
El que
el CNE favorezca al oficialismo, no significa que decida quién gana en
cada elección: para ganarla, los actores políticos han debido movilizar
a sus seguidores hasta las mesas de votación. Y aunque en todas ellas,
en los últimos procesos, ya se han incorporado máquinas de votación, la
acción de denuncia y propuesta de Súmate y otros actores ciudadanos y
políticos presionando permanentemente al CNE, ha logrado progresivamente
el establecimiento de controles cuya aplicación pudiera llegar a
garantizar el registro correcto de la expresión del pueblo, aún haciendo
uso de dicha plataforma automatizada.
Sin
embargo, parte del problema es que el CNE no garantiza que estos
controles sean efectivamente aplicados, aún cuando su función de
administración electoral le obliga a ello. Así, que se impida el voto
asistido ilegal en los Centros de Votación, que se aplique correctamente
la tinta indeleble para evitar la votación múltiple de delincuentes
electorales, que se verifique que la máquina de votación a ser usada en
cada Mesa de Votación haya sido efectivamente auditada previamente por
técnicos independientes y/o que se sorteen adecuadamente las máquinas de
votación a ser auditadas luego de los respectivos escrutinios, por citar
sólo algunos pocos ejemplos entre un gran conjunto de complejas y
costosas actividades que deben ejecutarse para una adecuada defensa del
voto en las circunstancias políticas de Venezuela, dependería de la
acción organizada de todos los actores no comprometidos con el
oficialismo para su gestión electoral, coordinados para enfrentársele
buscando restablecer algún equilibrio en la emisión, registro y
divulgación de los votos.
Esta
omisión en la aplicación de los controles que el CNE sólo ha aceptado en
el papel, más el diseño de las circunscripciones para los Consejos
Legislativos del 16-D bajo criterios políticos y vulnerando el principio
constitucional de la Representación Proporcional, unido a la
permisividad del ventajismo y la intimidación oficialistas desde la
propia gestión del organismo electoral, que parece más bien una
dependencia del Ejecutivo Nacional, es la prueba de que en la República
Bolivariana de Venezuela no hay elecciones justas, limpias y
transparentes.
En este
contexto, la dirigencia opositora guió a sus seguidores a participar en
las Elecciones Presidenciales del 7 de Octubre y en las recientes
Regionales del 16 de Diciembre, sin prepararse apropiadamente para
enfrentar la necesaria aplicación de dichos controles y sin haber
sugerido hasta la fecha alguna estrategia para enfrentar el ventajismo y
la intimidación oficialistas, más allá de denunciarlos luego de la
realización de las Presidenciales.
A
la luz de los respectivos desempeños del CNE, como de los liderazgos
políticos imperantes en el país, tanto en torno al oficialismo como a la
oposición, en cuanto a sus responsabilidades electorales durante estos
últimos diez años, en términos de lo que puede percibir el ciudadano
común independientemente de sus inclinaciones políticas, no puede dejar
de reclamarse el desaprovechamiento de las múltiples oportunidades que
ha representado cada convocatoria a un nuevo proceso electoral.
La
expectativa de elegir a través de unos comicios justos, parece haber
quedado aniquilada no sólo por quienes los han pervertido, utilizando su
poder ilegal y sin escrúpulos para asegurarse la victoria electoral;
sino también por los derrotados, quienes buscan consuelo en aceptarse
como parte de una supuesta minoría que podría crecer en el futuro, aún
sin tener cómo saber si no forman parte ya de una mayoría que no logra
expresarse políticamente.
Por
su parte, estos que han salido victoriosos electoralmente, sólo pueden
justificarse en que las denuncias contra un CNE parcializado no sean más
que invenciones febriles de los derrotados. Pero las evidencias son
muchas y han estado expuestas demasiado tiempo, por la responsabilidad
de un organismo electoral que pasará a la historia del país como el más
grande escollo para recuperar la posibilidad de un verdadero futuro
democrático para la nación.
Así
se conforma un explosivo cóctel para los desafíos electorales y
políticos por venir. Afortunadamente, el CNE al fin se comprometió a
realizar las próximas elecciones locales en 2013, para Alcaldes cuyo
mandato ya venció este año y Concejales que debieron renovarse ya hace
más de tres años y medio. Y queda pendiente la posibilidad de la
convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, ante la eventualidad de
la falta absoluta del candidato reelecto el pasado mes de Octubre; con
el condimento de nuestra Constitución que establece un máximo de apenas
un mes para su realización.
Se
presentarán nuevas oportunidades para elegir importantes cargos de la
nación y ya es hora que los actores políticos recapaciten sobre las
fallas y omisiones incurridas en todos estos años, se dediquen
sinceramente a corregirlas, a visitar y motivar a través de acciones
políticas legitimas a los electores donde viven y capacitar
apropiadamente a los testigos y miembros de mesa. La exclusión de las
ONG dedicadas al tema electoral y la sociedad civil independiente por
parte de los actores políticos sólo ha dado como resultado una
deficiente defensa del voto. Los líderes políticos deben finalmente
convencerse que todos deben participar y que el triunfo solo se logra
con la inclusión de todos los sectores.
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