n Venezuela existe un amplio consenso que atraviesa
longitudinalmente todas las capas sociales y políticas, un consenso
generalizado que no es discutido por ningún ciudadano y del que no
escapan ni siquiera otros actores más allá de nuestras fronteras, un
consenso que nos ocupa constantemente y del que no podemos pasar
inadvertidos, un consenso que nos afecta a todos por igual: “estamos en
una profunda crisis”.
Bajo la aceptación de este supuesto y por la naturaleza dinámica de la
realidad crítica que vivimos, hoy la Democracia no se puede concebir de
forma estática, pierde sentido práctico e instrumental en una sociedad
tan acelerada, ya que los altos niveles de incertidumbre causados por
las cada vez más y mayores turbulencias, presionan a las instituciones a
cambiar para obtener mayor capacidad de respuesta y satisfacer un enorme
cúmulo de expectativas sociales complejas. Lo que está por encima del
tiempo y el espacio es la presencia inexorable del cambio y cambiar es
la única forma de sobrevivir a los picos y disrupciones del entorno.
Para la Democracia, las elecciones son la máxima expresión del cambio y
constituyen una conditio sine qua non, en tanto se articulen
sistemáticamente como un mecanismo institucional que garantice la
participación social. Así, no hay poder popular que pueda llamarse
democrático si no ha sido legitimado por una elección libre; ni tampoco
hay democracia si los gobernados no tienen derecho al voto.
Entonces, asistimos a un entorno en el cual, ante la grave crisis
social, económica, política e institucional, los venezolanos hemos
demostrado en reiteradas ocasiones que deseamos construir el cambio
democrático necesario a través de elecciones, esto se demuestra
fácilmente si observamos que la participación en eventos electorales ha
sido – al menos desde 2005 – el único elemento realmente capaz de
amalgamar a la oposición y al oficialismo. No obstante, hemos asistido
también a un proceso degenerativo de las condiciones electorales y a una
radicalización de la parcialización del Consejo Nacional Electoral como
actor institucional encargado de la organización transparente de los
procesos electorales.
En este año 2016 deben realizarse en Diciembre las
Elecciones Regionales y si se cumplen todos los requisitos de ley, y a
más tardar en Noviembre el Referendo Revocatorio Presidencial. Sin
embargo, en el cuerpo de este Monitor Electoral, demostramos como el
Consejo Nacional Electoral desarrolla abiertamente una cruzada para
evitar que se lleven a cabo estas consultas electorales, las
limitaciones que se imponen a los ciudadanos son muchas y es muy
evidente la intencionalidad política de las mismas.
La estrategia es clara:
Desdibujar desde el poder los límites entre
la democracia y el autoritarismo electoral;
Someter las normas
electorales a un Reality Show en la opinión pública donde su
consolidación depende de una constante argumentación, controversia,
polémica o litigio;
Condicionar la legitimidad de la ley a su
aceptación política; y
Condicionar las elecciones a diferentes grados
de aceptación política, aun cuando sus lapsos son constitucionales e
incontrovertibles; todo, para finalmente lograr enmascarar de legalidad
un conjunto de prácticas electorales esencialmente parcializadas y
antidemocráticas. autoritarias.
Esto nos coloca en una peligrosa encrucijada, donde el pueblo posee la
conciencia de que las elecciones son el mecanismo de cambio por
excelencia en la democracia; mientras el Consejo Nacional Electoral se
encuentra al servicio de los intereses de autoconservación del poder por
parte del Gobierno Nacional. Asistimos a un contexto donde observamos
con estupefacción como nuestro sistema político abandona progresiva y
aceleradamente el terreno democrático y se adentra en el fango del
autoritarismo moderno o lo que algunos han llamado con humor trágico
DictaBlandas o DemoDuras.
Pueblo versus CNE, no es entonces una metáfora, sino la manera
más dramática de resumir las situaciones por venir: la única forma de
que el cambio se materialice en forma de elecciones es que los
ciudadanos emprendamos una cruzada democrática participando,
protestando, exigiendo nuestros derechos, haciendo contraloría a las
instituciones y enfrentando los obstáculos que se colocan desde el poder
para restringirnos la libertad. El CNE parece no tener intenciones
de realizar elecciones en 2016 a menos que los ciudadanos convirtamos
esa exigencia en un clamor popular y para ello la organización ciudadana
es la clave. Ese es el desafío que nos está planteado para los próximos
meses y desde Súmate estamos preparados para acompañar a todos los
venezolanos en ese reto, así las próximas elecciones no sólo serán una
oportunidad democrática para construir con millones de votos
alternativas pacíficas para salir de la crisis, sino una victoria
ciudadana y popular.
