Monitor Electoral

1.1 En 1999 fue necesario consultar al pueblo sobre la convocatoria de la constituyente, pues la Constitución de 1961 nada preveía al respecto, y que “… la situación constitucional actual es totalmente diferente…”

1.2 La Constitución de 1999 sí contempla la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, pero nada dice sobre el referendo popular para decidir su convocatoria, por lo que el mismo no es necesario para convocarla.

1.3 EL Ejecutivo vistas las “circunstancias objetivas sobrevenidas” actuales en Venezuela, ante una “aguda situación de la crisis política”, el Gobierno puede convocar a una constituyente para “poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social” sin consultarle al pueblo.

Por lo expresado anteriormente, los siete magistrados de la Sala Constitucional asumen la defensa de la posición del Gobierno Nacional para convocar la ANC. Es oportuno precisar que la ANC no se concibe como un mecanismo para resolver crisis políticas como intenta establecer los siete magistrados de la Sala Constitucional, sino que se creó “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.” (Artículo 347 Constitucional).

1.4 Los siete magistrados de la Sala Constitucional decidieron interpretar el Principio de la Soberanía Popular (artículo 5 Constitucional), que establece: “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder …”

Afirman los magistrados en Sentencia 378 que “El ejercicio directo (democracia directa), que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular”. Cabe preguntar a los magistrados ¿Dónde se reconoce el “Poder Popular” dentro de la Constitución como uno de los Poderes Públicos Nacionales sobre los cuales se basa el funcionamiento del Estado?

En cuanto al ejercicio indirecto de la soberanía, los siete magistrados de la SC del TSJ establecen que se realiza “a través de los órganos que ejercen el Poder Público.” Es decir, a través de sus representantes, con lo cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, puede ejercer indirectamente esa soberanía y decidir convocar a una constituyente sin que sea necesario consultar al pueblo.

Al realizar esta interpretación los magistrados de la Sala Constitucional olvidaron mencionar que, el artículo 5 constitucional, estipula que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, es decir, que no puede ser transferido, y no está establecida dentro de nuestro ordenamiento jurídico ninguna excepción a este principio. El ejercicio del poder constituyente originario, como manifestación de la soberanía, en ningún caso puede ser cedido a los representantes, pues el pueblo tiene que mantener intacto su derecho a decidir, soberanamente, y aprobar su propia Constitución.

Por lo expresado en la Sentencia 378, estos Magistrados, en su afán de complacer al Ejecutivo Nacional, confunden y violan los principios de la democracia participativa y protagónica establecidos en el Preámbulo de nuestro Texto Constitucional, esto es el derecho exclusivo del pueblo a decidir su destino mediante el ejercicio del poder constituyente.

Esta decisión de la Sala Constitucional cierra el único cauce institucional que existía para controlar la usurpación de la soberanía popular.

Sentencia 441 del 07 de Junio de 2017, Exp. Nº 17-0519: Dictada con motivo de la solicitud de aclaratoria que hizo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en virtud de la Sentencia 378 antes mencionada, al considerar que la misma no era clara sobre lo establecido en el artículo 5 constitucional, que establece el principio de la soberanía popular, que la misma reside en el pueblo, y que es intransferible.

Ambas sentencias resultan manifiestamente inconstitucionales al intentar reconocer y avalar una ilegal convocatoriaa la ANC realizada por el Presidente de la República a través del Decreto N° 2.830 del 1 de mayo de 2017. Estas dos sentencias que consienten al Poder Ejecutivo permiten, avalan y promueven que se usurpe la soberanía popular consagrada en el artículo 5 de la Constitución; que se desconozca la supremacía Constitucional establecida en el artículo 7 ejusdem; que se viole el Principio de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 21; que se secuestre para el Poder Ejecutivo las potestades del Poder Constituyente Originario consagrado en el artículo 347; además permite la violación del artículo 63 del texto constitucional, que establece que el voto se ejerce “… mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…”. Por lo que, al momento en que estos Magistrados de forma fraudulenta emiten estás sentencias se encuentran en una posición en la que cometen un delito por violación de los principios y garantías constitucionales.

Recordemos que las Sentencias que emanan de esta Sala son vinculantes y crean Jurisprudencia, es decir, a través de esta grosera y parcializada interpretación, estos Magistrados han tenido el atrevimiento y la osadía de modificar la Constitución, y “legalizar” la violación del artículo 5 de la Constitución, aniquilando el principio de Soberanía Popular y acabando con el Poder Constituyente Originario.

Artículo 334 de la Constitución: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución...”

Artículo 335 de la Constitución: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación…” (Resaltado nuestro)

Estos magistrados se encuentran en desacato flagrante a la Constitución, incumpliendo con el deber para el cual han sido designados, y empujando cada vez más a Venezuela hacia la profundización de la crisis institucional que se encuentra atravesando. Estos magistrados han debido, bajo las potestades que les otorga la Constitución de la República y bajo el principio del Control Constitucional contenido en el Título VIII de la propia Carta Magna, rechazar la Convocatoria a la ANC; recordemos que “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.” (Artículo 334 CRBV)

Nada está más claro que lo que establecen los artículos 5 y 347 de la Constitución: el pueblo es titular de la soberanía y depositario del poder constituyente y en tal sentido es el único que puede decidir sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

DEFENSORÍA Y CONTRALORÍA VIOLAN LA CONSTITUCIÓN POR AVALAR CONVOCATORIA PRESIDENCIAL DE LA CONSTITUYENTE

uchas han sido las posturas que se han tomado desde distintos factores de la sociedad con respecto a la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente realizada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros a través del Decreto N° 2.830 del 1 de mayo de 2017, publicado en la misma fecha según la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.295; pero sin duda alguna una de las más controversiales ha sido la de los dos representantes del Poder Ciudadano, el Defensor del Pueblo Tarek William Saab y el Contralor General de la República Manuel Galindo.

El día 22 de mayo el Defensor del Pueblo, Presidente del Consejo Moral Republicano, afirmó luego de una reunión del órgano de expresión del Poder Ciudadano, a la cual no acudió la representante del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz; que el Consejo Moral Republicano consideró como "pertinente" la convocatoria hecha el 1 de mayo por el presidente Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), alegando que la misma “garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad, toda vez que se trata de una solución perfectamente constitucional a la crisis que vivimos…pues implica la convocatoria al debate propositivo y porque conduce a una salida electoral a esta coyuntura histórica que vivimos".

El Defensor del Pueblo, al igual que el Presidente de la República, se apoya para ello de forma fraudulenta en el artículo 348 de la Constitución, que únicamente establece quiénes pueden tener la iniciativa para activar una ANC, para justificar una convocatoria de manera írrita que sólo corresponde al pueblo de Venezuela como Poder Constituyente Originario, de acuerdo al artículo 347 Constitucional.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que el Consejo Moral Republicano tiene entre sus competencias “(1) Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; (3) Velar por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado; (5) Promover la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo”.

En cuanto al Defensor del Pueblo, nuestra Carta Magna establece en su artículo 280 que “La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.”

Y si bien la Contraloría General de la República de la República es concebida de acuerdo con el artículo 287 constitucional como un órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos; al formar parte del Poder Ciudadano y a su vez del Consejo Moral Republicano, está en el deber de velar por el cumplimiento de los principios Constitucionales.

Los titulares de estas dos ramas del Poder Ciudadano, además de extralimitarse en sus funciones constitucionales y legales, al apoyar públicamente la convocatoria a la ANC, que es manifiestamente inconstitucional ya que en su convocatoria el Presidente de la República usurpó la soberanía popular consagrada en el artículo 5 de la Constitución; violan a su vez la supremacía Constitucional establecida en el artículo 7; el Principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 21, avalan el secuestro para el Poder Ejecutivo la potestad del Poder Constituyente Originario establecida en el artículo 347; y la transgresión flagrante del artículo 63 del texto constitucional, que establece que el voto se ejerce “… mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…” Además son cómplices del fraude a la República, al hacer suyos los argumentos del Ejecutivo Nacional de que la Constituyente será una instancia superior del diálogo, lo cual no es cierto porque las razones de la mismas según el artículo 347 constitucional son para: “…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.”

Debemos recordar a estos funcionarios que los delitos de los que hoy participan como coautores, al violar los principios y garantías constitucionales, y los derechos humanos son imprescriptibles y que una vez más se encuentran dándole la espalda al pueblo de Venezuela, y a todos y cada uno de los venezolanos que desean un cambio y una solución a esta crisis, a través de las vías democráticas y legales establecidas en nuestra Carta Magna.

El Poder Público se encuentra dividido en Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y, a su vez, el Poder Público Nacional se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano. Cada uno de ellos, son a su vez representados por distintos entes, instituciones y organizaciones.

El Poder Ciudadano, tal como se establece en el artículo 273 de la Constitución está representado por tres órganos distintos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. (Art. 1 Ley Orgánica del Poder Ciudadano), y el cual estará conformado por el Defensor/a del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal, y el Contralor/a General de la República.