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De acuerdo a los abogados de la defensa
LA SEÑAL QUE ESTÁ MANDANDO EL GOBIERNO DESDE HACE MUCHO TIEMPO ES “DIRECTIVOS DE SÚMATE VÁYANSE DEL PAÍS”

(Caracas,  08 de Febrero 2006 - Nota de Prensa Súmate 156) - Una atmósfera extremadamente política donde el Ministerio Público actúa sólo como acusador y no como garante de la legalidad reinó este martes 7 de febrero en la audiencia pública del juicio penal en contra de los miembros de la Asociación Civil Súmate María Corina Machado, Alejandro Plaz, Ricardo Estévez y Luis Enrique Palacios. La audiencia fue suspendida para el próximo martes 14 de febrero, cuando el juez a cargo del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio, Elías Álvarez, se pronunciará sobre la solicitud de la Fiscal Luisa Ortega Díaz de privar de libertad a los acusados durante el juicio, y de los pedimentos de la defensa de Súmate que entre otros incluye el sobreseimiento de la causa, por no revestir los hechos investigados carácter penal. 

En la audiencia de este martes 7 de febrero, la Fiscal Sexta con Competencia Nacional, Luisa Ortega Díaz, se opuso a que se practique la prueba anticipada, ordenada en sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros; lo cual un evidente desacato. Igualmente la defensa denunció la falta del registro audiovisual del juicio, que es una obligación del Tribunal. 

Para el abogado Juan Martín Echeverría (hijo) el juez a cargo de la causa no podía declarar inadmisibles las distintas recusaciones hechas en su contra y en particular aquella donde alega que no es el juez que conoce de la causa, cuando ha debido desprenderse del expediente y tramitar desde un principio la recusación planteada, por que hay causales objetivas de recusación evidenciadas en las actas del expediente. Asimismo, los abogados de la defensa solicitaron se practicara la prueba anticipada, que es sumamente importante por tratarse de los cuatro testigos miembros de la National Endowment for Democracy (NED), desestimada por el Ministerio Público y el Tribunal de Control pero ordenada por la Sala Penal cuando se avocó al conocimiento del expediente y determinó graves violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, y así lo estableció en su sentencia. 

Los acusados no fueron escuchados

Tanto el Ministerio Público como el juez están en la obligación de escuchar los planteamientos de los acusados y se negaron a hacerlo. 

Uno de los hechos más graves que sucedieron en la audiencia, de acuerdo a los abogados de la defensa, fue que el juez no permitió que los acusados hablaran. Echeverría (hijo) expresó que la Constitución y las leyes, como el Código Orgánico Procesal Penal, expresan muy claramente que los acusados pueden intervenir en el momento que lo deseen. “Increíblemente cuando los acusados manifestaron su deseo de intervenir, el juez suspendió la audiencia”.  

Otra de las irregularidades es que el juez comenzó la audiencia pública como Tribunal Unipersonal, existiendo un recurso de apelación en contra de esta decisión ante la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones. Todo ello de conformidad con el artículo 439 del COPP produce un efecto suspensivo y ello fue ratificado en decisión del mes de abril de 2005 de la Sala Constitucional, cuyo efecto es vinculante para la administración de justicia y el Ministerio Público. 

Fiscalía desacata decisión de la Sala Penal

A los abogados de la defensa les preocupa que la Fiscal del Ministerio Público haya solicitado al Tribunal Séptimo un pronunciamiento sobre la aplicación de medidas privativas de libertad en contra de Alejandro Plaz y María Corina Machado, y medidas sustitutivas contra Ricardo Estévez. Ante esta insistencia de la representante del Ministerio Público, Juan Martín Echeverría dijo “…cualquier cosa puede ocurrir, a pesar de que es un desacato frontal a la decisión de la Sala Penal del TSJ, que ordenó practicar las pruebas anticipadas y que los miembros de Súmate sean juzgados en libertad”. 

Echeverría (hijo) manifestó tener fundados temores de que esta solicitud de la Fiscalía se concrete el próximo 14 de febrero de 2006, después de haber observado como este martes se violaron normas constitucionales y legales de forma flagrante y evidente. 

Desconocimiento de las normas elementales del Derecho

Para Juan Martín Echeverría (padre) este martes reinó “una atmósfera extremadamente política donde el estado de derecho se lanzó a la papelera, donde la administración de justicia mostró su peor rostro, donde el Ministerio Público actuó como acusador y desconoció sus responsabilidades como garante de la legalidad”.

Ante la posibilidad de que el próximo martes 14 de febrero se produzca la detención de los miembros acusados de Súmate, Echeverría (padre) afirma que evidentemente se trata de “la señal que está mandando el gobierno desde hace mucho tiempo: Directivos de Súmate váyanse del país”.

 

…Somos Ciudadanos

 
 

Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate