(Caracas, 08 de Febrero 2006 - Nota de
Prensa Súmate 156) -
Una atmósfera extremadamente política donde
el Ministerio Público actúa sólo como
acusador y no como garante de la legalidad
reinó este martes 7 de febrero en la
audiencia pública del juicio penal en contra
de los miembros de la Asociación Civil
Súmate María Corina Machado, Alejandro Plaz,
Ricardo Estévez y Luis Enrique Palacios. La
audiencia fue suspendida para el próximo
martes 14 de febrero, cuando el juez a cargo
del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de
Juicio, Elías Álvarez, se pronunciará sobre
la solicitud de la Fiscal Luisa Ortega Díaz
de privar de libertad a los acusados durante
el juicio, y de los pedimentos de la defensa
de Súmate que entre otros incluye el
sobreseimiento de la causa, por no revestir
los hechos investigados carácter penal.
En la audiencia de este martes 7 de febrero,
la Fiscal Sexta con Competencia Nacional,
Luisa Ortega Díaz, se opuso a que se
practique la prueba anticipada, ordenada en
sentencia de la Sala Penal del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del
magistrado Alejandro Angulo Fontiveros; lo
cual un evidente desacato. Igualmente la
defensa denunció la falta del registro
audiovisual del juicio, que es una
obligación del Tribunal.
Para el abogado Juan Martín Echeverría
(hijo) el juez a cargo de la causa no podía
declarar inadmisibles las distintas
recusaciones hechas en su contra y en
particular aquella donde alega que no es el
juez que conoce de la causa, cuando ha
debido desprenderse del expediente y
tramitar desde un principio la recusación
planteada, por que hay causales objetivas de
recusación evidenciadas en las actas del
expediente. Asimismo, los abogados de la
defensa solicitaron se practicara la prueba
anticipada, que es sumamente importante por
tratarse de los cuatro testigos miembros de
la National Endowment for Democracy (NED),
desestimada por el Ministerio Público y el
Tribunal de Control pero ordenada por la
Sala Penal cuando se avocó al conocimiento
del expediente y determinó graves
violaciones al derecho a la defensa y al
debido proceso, y así lo estableció en su
sentencia.
Los acusados no fueron escuchados
Tanto el Ministerio Público como el juez
están en la obligación de escuchar los
planteamientos de los acusados y se negaron
a hacerlo.
Uno de los hechos más graves que sucedieron
en la audiencia, de acuerdo a los abogados
de la defensa, fue que el juez no permitió
que los acusados hablaran. Echeverría (hijo)
expresó que la Constitución y las leyes,
como el Código Orgánico Procesal Penal,
expresan muy claramente que los acusados
pueden intervenir en el momento que lo
deseen. “Increíblemente cuando los acusados
manifestaron su deseo de intervenir, el juez
suspendió la audiencia”.
Otra de las irregularidades es que el juez
comenzó la audiencia pública como Tribunal
Unipersonal, existiendo un recurso de
apelación en contra de esta decisión ante la
Sala Sexta de la Corte de Apelaciones. Todo
ello de conformidad con el artículo 439 del
COPP produce un efecto suspensivo y ello fue
ratificado en decisión del mes de abril de
2005 de la Sala Constitucional, cuyo efecto
es vinculante para la administración de
justicia y el Ministerio Público.
Fiscalía desacata decisión de la Sala Penal
A los abogados de la defensa les preocupa
que la Fiscal del Ministerio Público haya
solicitado al Tribunal Séptimo un
pronunciamiento sobre la aplicación de
medidas privativas de libertad en contra de
Alejandro Plaz y María Corina Machado, y
medidas sustitutivas contra Ricardo Estévez.
Ante esta insistencia de la representante
del Ministerio Público, Juan Martín
Echeverría dijo “…cualquier cosa puede
ocurrir, a pesar de que es un desacato
frontal a la decisión de la Sala Penal del
TSJ, que ordenó practicar las pruebas
anticipadas y que los miembros de Súmate
sean juzgados en libertad”.
Echeverría (hijo) manifestó tener fundados
temores de que esta solicitud de la Fiscalía
se concrete el próximo 14 de febrero de
2006, después de haber observado como este
martes se violaron normas constitucionales y
legales de forma flagrante y evidente.
Desconocimiento de las normas elementales
del Derecho
Para Juan Martín Echeverría (padre) este
martes reinó “una atmósfera extremadamente
política donde el estado de derecho se lanzó
a la papelera, donde la administración de
justicia mostró su peor rostro, donde el
Ministerio Público actuó como acusador y
desconoció sus responsabilidades como
garante de la legalidad”.
Ante la posibilidad de que el próximo martes
14 de febrero se produzca la detención de
los miembros acusados de Súmate, Echeverría
(padre) afirma que evidentemente se trata de
“la señal que está mandando el gobierno
desde hace mucho tiempo: Directivos de
Súmate váyanse del país”.
…Somos Ciudadanos