(Caracas, 21 de Junio 2006 - Nota de
Prensa Súmate 181)-
Cuando el país exige
respuestas contundentes a la Asamblea
Nacional frente a asuntos de relevancia como
la desconfianza en el sistema electoral, el
avance de la inseguridad y el desempleo,
entre otros, para Súmate esta instancia del
Estado dedica gran parte de su tiempo a
“cercar” la acción organizada de los
ciudadanos, único poder que no ha podido
controlar el gobierno nacional. Una prueba
de ello es la discusión de la Ley de
Cooperación Internacional, a través de la
cual el oficialismo pretende
controlar a las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), tal como lo expresó
el pasado 13 de junio la diputada Iris
Varela (MVR) en el parlamento: "Claro que
nosotros sí vamos a controlar a las
organizaciones no gubernamentales (…)
aquí hay que controlar la actividad de un
grupo de organizaciones que, con una fachada
de ONG y de defensa de los derechos humanos,
reciben financiamiento de Estados Unidos
para propósitos políticos y conspirar contra
el Gobierno bolivariano".
Con esta nueva ley, el poder que representa
al pueblo venezolano (AN) es el que
realmente conspira contra la organización
independiente de los ciudadanos expresada a
través de las ONG. Por eso Súmate expresa
que es
falso la necesidad de promulgar una ley que
rija las actuaciones de las ONG, puesto que
ya contamos con un marco normativo que
regula de forma directa, completa y
efectiva a las Organizaciones de la Sociedad
Civil, universidades, sindicatos, empresas
organizaciones empresariales y cooperativas.
Dentro de este marco tenemos los Códigos
Civil y
Orgánico Tributario,
Ley Sobre el Impuesto al Valor Agregado,
Ley de Impuesto sobre la Renta,
Ley Orgánica del Trabajo,
entre otros.
Nueva Ley viola la Constitución y Tratados
internacionales
Esta organización considera que el Proyecto
de Ley de Cooperación Internacional es
inconstitucional y viola Tratados
internacionales suscritos por Venezuela.
Este proyecto de Ley viola los principios
constitucionales referidos a la
participación directa en
los asuntos públicos, a asociarse libremente
con fines lícitos, a la promoción y
protección de los derechos humanos,
establecidos en los artículos 62, 52 y 31 de
nuestra carta magna. Además, de acuerdo a
Súmate, este proyecto de Ley contraviene las
disposiciones establecidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo
16.2); Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 22.2), Carta
Democrática Interamericana (artículo 6);
Declaración sobre el derecho y el deber de
los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos,
contenida en la resolución 53/144 aprobada
por la Asamblea General de la ONU el 8 de
marzo de 1998 (artículos 12.2, 13, y 17).
Aumenta el Control político del gobierno
sobre las ONG
Lo paradójico de la propuesta de esta nueva
Ley es que en vez de promover la
Participación Ciudadana, como lo exige
nuestra Constitución, el proyecto de Ley de
Cooperación Internacional aumenta de manera
significativa el Control político del
gobierno sobre las ONG. En su articulado
está previsto la creación del Sistema
Integrado de Registro, con el cual el
gobierno pretende tener un férreo control,
que lejos de promover a la sociedad civil
tendería a mermar de manera significativa la
participación de los ciudadanos en los
asuntos de la sociedad.
Los brazos ejecutores del referido control
gubernamental lo ejercerá el gobierno
nacional a través de las figuras previstas
en esta nueva ley denominadas el Órgano
Desconcentrado para la Cooperación
Internacional y el Fondo para la Cooperación
y la Asistencia Internacional. El primero
será el órgano receptor de toda la
documentación yarchivos asociativos de las
ONG. Estas deberán informarle sobre su
gestión y el destino y fuente de sus
recursos, los cuales serán susceptibles de
auditoría. El segundo (el Fondo para la
Cooperación y la Asistencia Internacional),
tiene la finalidad de financiar, conforme a
las prioridades de la política exterior y la
conveniencia nacional, los programas,
proyectos, acciones de cooperación técnica y
científica financiera no reembolsable,
asistencia internacional y demos actividades
que realice el gobierno en el ámbito de la
cooperación internacional.
Esta ley evade lo que verdaderamente debe
ser objeto de regulación
Para Súmate lo que realmente debe hacer la
Asamblea Nacional, y no está previsto en
esta nueva ley, es regular de forma
eficiente, detallada y clara el nuevo
fenómeno que existe en la actualidad que es
el Estado venezolano actuando como
cooperante. Esta organización ciudadana
exige al poder legislativo establecer reglas
estrictas de transparencia, seguimiento y
control al dinero usado discrecionalmente
por el gobierno en Cooperación
Internacional.
Súmate comparte la preocupación del resto de
las ONG, algunas de ellas con muchos años de
promoción de los Derechos Humanos y
Desarrollo social, ante esta nueva Ley de
Cooperación Internacional, y reitera su
compromiso a respaldar las iniciativas para
lograr abortar este Proyecto de Ley de
Cooperación Internacional.
…Somos Ciudadanos