(Caracas, 07 de Julio 2007 - Nota de
Prensa Súmate 222)
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Para Súmate la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia fechada el 4 de
julio, en respuesta al recurso de
interpretación presentado por el CNE ante la
ausencia de una Ley de Referendos y los
vacíos legales sobre la sustitución de los
funcionarios regionales de elección popular
revocados, ratifica sus argumentos de que
los referendos son inútiles, porque no
conducen a elecciones.
Esta sentencia tardía del máximo tribunal,
posterior al proceso de recepción de firmas
o manifestaciones de voluntad para la
convocatoria de los revocatorios, expresa
que los alcaldes revocados serán
reemplazados por concejales, lo cual para
Súmate es un “balde de agua fría” para
quienes lograron activar estos procesos, ya
que los sustitutos que cumplirán el período
restante no serán producto de una elección
popular, sino designados “a dedo” por
concejales que pertenecen en su mayoría a
las mismas agrupaciones políticas que
respaldaron al funcionario a revocar. De
esta manera se continúa desvirtuando el
mecanismo de los RR. (Ver cuadro anexo con
esta información detallada)
Rectores del CNE deberían
responder por el fracaso de referendos
Según Súmate, el fracaso del
proceso de recepción de manifestaciones de
voluntad llevado a cabo por el CNE entre el
16 al 18 de junio de este año, que con una
muy escasa participación ciudadana logró
apenas la activación de 10 de las 167
solicitudes de referendos revocatorios,
podría costarle el cargo a los directivos de
este organismo en cualquier país donde se
respetase la institucionalidad democrática.
Esto también hubiera sido tema para un
debate en cualquier parlamento democrático,
lo cual hasta la fecha no ha ocurrido. Por
el contrario, los rectores del CNE han
declarado que la responsabilidad recae sobre
los solicitantes de los referendos, aunque
algunos de ellos habían requerido
previamente al organismo comicial la
suspensión de dicho proceso.
Según declaraciones anteriores de voceros de
Súmate, el fracaso de los revocatorios era
previsible porque el CNE desvirtuó el
mecanismo democrático del referendo
revocatorio, al secuestrar un proceso
netamente ciudadano, y al conocer el vacío
legal existente que no consideraba la futura
elección de los funcionarios revocados y no
exigir un pronunciamiento oportuno del TSJ
sobre el recurso de interpretación de este
asunto que introdujo ante la Sala
Constitucional. Además, el Poder Electoral
incurrió en gastos innecesarios, cuyas
cuentas aún no ha presentado al país, que
pudieron ser destinados a solucionar
problemas graves como la inseguridad y la
falta de viviendas para los ciudadanos.
Ahora Súmate insiste en demostrar la
inutilidad de los Referendos Revocatorios,
refiriéndose a la reciente decisión del CNE
de suspender la segunda jornada de recepción
de manifestaciones de voluntad para
activación de revocatorios, que el mismo
organismo comicial había previsto
originalmente para el segundo semestre de
2007.
Al CNE lo ilegítima su origen
y su desempeño
Otra de
las causas que contribuyó al fracaso de esta
consulta es la desconfianza en el CNE,
generada por su ilegitimidad de origen y
desempeño. Al respecto, Súmate reitera la
denuncia que ha venido haciendo desde la
designación misma de la actual directiva del
organismo por la Asamblea Nacional en 2006,
que a su juicio fue violatoria del artículo
295 de la Constitución.
Adicionalmente, el Poder Electoral no está
dando respuesta y garantizando los
mecanismos de participación de los
ciudadanos, cuando está en mora con
proyectos de leyes electorales y cuando
incumple con su deber de informar
oportunamente a los ciudadanos acerca de los
procesos que está conduciendo. La carencia
de acciones genuinas del CNE para la
generación de confianza en el electorado,
obstaculiza las posibilidades de los
venezolanos para ejercer su ciudadanía a
través de los mecanismos electorales.
Esta organización insiste en la necesaria
búsqueda de la legitimación de la directiva
del Poder Electoral, según el procedimiento
establecido en la Constitución Bolivariana,
que conduzca a la designación de rectores
que puedan garantizar la independencia,
imparcialidad y transparencia en los
próximos procesos electorales.
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