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Ventajismo arrollador de los grandes La sociedad democrática venezolana, incluidos los partidos y otros movimientos en apoyo al Gobierno del presidente Chávez, se verán excluidos en sus derechos y posibilidades de lograr representación en los cuerpos deliberantes de aprobarse la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos y Participación Ciudadana, advierte Súmate (Caracas, 31 de mayo 2009 / Diario 2001 - Jesús Eduardo Brando) - La sociedad democrática venezolana, incluidos los partidos y otros movimientos en apoyo al Gobierno del presidente Chávez, se verán excluidos en sus derechos y posibilidades de lograr representación en los cuerpos deliberantes de aprobarse la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos y Participación Ciudadana, que elimina de hecho la representación proporcional de las minorías y dejan en manos del oficialismo, a través del Consejo Nacional Electoral, la discrecionalidad para fijar unilateral e inconsultamente las condiciones y organización de los procesos electorales en función y atención exclusivamente del poder con un ventajismo arrollador, señala Dashiell López, directivo y vocero de la asociación civil Súmate.
Súmate objeta el que dicho proyecto no haya sido discutido públicamente, tanto en plenaria de la propia AN como en otros escenarios de la sociedad civil, a fin de conocer las observaciones y cambios sugeridos a que hubiere lugar. López apunta que en el artículo 3 del referido proyecto, todavía pendiente de segunda discusión para sanción, se obvia la referencia a los principios en que se debe basar todo proceso electoral —como establecen la Carta de los Derechos Humanos y la Constitución vigente— de transparencia, imparcialidad y confianza. “Esto sin dudas, amenaza el derecho a elegir de todos los ciudadanos por igual”, precisa López.
DE LAS
MOROCHAS AL ABSOLUTISMO Esto legaliza lo que denominamos la sobre representación, como resultado de la pasada experiencia de las llamadas “morochas”, en que los partidos políticos tenían opción de alcanzar la presentación proporcional de las minorías mediante lo que se denominó el voto cruzado, es decir, a través de la lista de candidatos nominales en un 60 por ciento y mediante listas en 40 por ciento. Lo que se busca ahora es imponer un sistema de representación mayoritario. Lo que iría aparejado con la discrecionalidad del CNE para la conformación de las circunscripciones electorales para elección de candidatos a los cuerpos colegiados como son la Asamblea Nacional, Consejos Legislativos Estadales y concejos municipales. “Actualmente este proceso se rige por la normativa del Estatuto del Poder Público”. Otro aspecto que la organización critica del proyecto de Ley, es el “diseño parcializado de los circuitos nominales”, lo cual consideran que es tan grave como el “abandono de la representación nominal”.
Sobre el Registro Electoral Permanente, Súmate señala que “por un lado se señala que el RE es de carácter público, artículo 19, pero no se menciona qué información contendrá el mismo y cuál será entregada a las organizaciones políticas (artículo 27) para una verdadera auditoría”. “Ahora los circuitos nominales pueden formarse con combinaciones de municipios y parroquias, lo que da total libertad al CNE para diseñarlos de acuerdo a sus intereses. Para las elecciones municipales puede hacerse con combinación de comunas o consejos comunales, más discrecionalidad aún”. Súmate también señala que el artículo 95 de la Loppc, referido al Registro Electoral establece que este debe ser público y que deberá suministrarse copia a los distintos partidos políticos en que deben constar las direcciones de los ciudadanos para efectos de auditorías electorales (artículo 19). “Pero en el proyecto en discusión no se conoce la información que contiene ni se establece la entrega a los partidos políticos”. Como tampoco se incluyó el registro fotográfico de los electores. López agrega en las observaciones al mencionado proyecto “el que no se haga mención a los observadores nacionales ni internacionales”. Nada sobre la garantía y condiciones para el voto de los venezolanos en el exterior. Tampoco sobre la disposición de impresión de las actas de votación antes de la transmisión de resultados.
ELECCIONES
A DISCRECIÓN Nada dice sobre la norma que establece el lapso previo de seis meses antes de la realización de elecciones, sino que ello queda a discrecionalidad del Poder Electoral. “El artículo 33 del proyecto de la AN deja a discreción del CNE fijar la fecha, es decir, podemos ser convocados a una elección una semana antes o un día antes si quieren”. De esta manera el Estatuto del Poder Público es reemplazado por diez reglamentos o normativas en absoluta discrecionalidad del CNE, lo que obviamente constituye una situación de inseguridad jurídica para los partidos o grupos de electores, candidatos y los ciudadanos como electores. De la misma manera —prosigue DL— se establece que las personas en ejercicio de cargos públicos no tienen que separarse de sus funciones para reelegirse, lo que hemos podido experimentar desde hace tiempo con las cadenas presidenciales en tiempos de campañas electorales, ahora ampliada la discrecionalidad a todo el funcionariado. Podemos agregar que no se especifica hora de cierre para las mesas de votaciones. “Se vulnera la autonomía de las mesas pues estima que cada una debería ser independiente para cerrar si ya se ha cumplido con el horario y no hay electores en la cola”. Sostienen que “el artículo 79 deja la conformación, nucleación, apertura y cierre, así como el número de mesas electorales, para ser establecido por el CNE”. Tampoco de reglamentación de campañas. En cuanto a los coordinadores de centros de votación, se establece que éstos serán contratados por el CNE, sin definir cuáles son sus funciones ni atribuciones. Lo mismo en el caso del Plan República y la determinación de funciones. En materia de las máquinas captahuellas que no garantizan el secreto y transparencia del sufragio —en cuanto a que un elector, un voto— permanezcan desconectadas. Tampoco hay definiciones ni normas en materia de auditorías de mesas, en cuanto al porcentaje de las mismas ni de las cajas o urnas de votación a ser auditadas. Súmate es enfática al asegurar que el Proyecto de Ley de Procesos Electorales “esta legalizando las irregularidades y las violaciones cometidas en el pasado por parte del Consejo Nacional Electoral y todas las instituciones y organismos asociados al tema electoral”. Un informe reciente de la firma de estudios de opinión Keller y Asociados revela que 39 por ciento de los venezolanos estima que no está garantizado el secreto del voto ni la transparencia en los procesos electorales y se pronuncian por el cumplimiento de la imparcialidad y el respeto a la representación proporcional de las minorías para todos los cargos de elección. “Es por todo esto que se está montando un sistema paralelo de sobre representación para por mayoría simple una sola fuerza política, aún obteniendo 60 por ciento de los sufragios puedan copar el 80 a 90 por ciento de los cargos”.
SÚMATE Y EL
VENTAJISMO ELECTORAL En una radiografía de los resultados electorales oficiales, podemos observar como se siguen restando votos de adversarios migrados sin su consentimiento de sus centros de votación originales, impidiéndoles el sufragio el día de los comicios. Como se suman votos producto del ventajismo y la coacción ejercidos sobre los funcionarios públicos y otros ciudadanos dependientes del Estado, a quienes se les genera sospecha de que el voto pudiera no ser secreto; y como a otros se les obliga a votar acompañados para que algún factor oficialista verifique ante a la máquina de votación cada “elección”. Éstas no son las únicas fuentes de votos mal habidos, pues también han ocurrido votaciones múltiples de una misma persona que asume varias identidades. Además en las mesas de votación no protegidas por testigos alertas, un mismo individuo en complicidad con el personal del centro, puede pulsar sobre la máquina la opción a votar para emitir decenas de votos, incluso sin necesidad de movilizar electores. Lo dicho representa un enorme desafío para los ciudadanos, ya que no podemos ceder los espacio ganados con formación, participación y organización ciudadana durante los últimos procesos electorales, a pesar de las peores adversidades. Debemos seguir avanzando, enfrentándonos proactivamente a los viejos y nuevos obstáculos que el CNE seguramente seguirá imponiendo, al menos mientras su directorio sea controlado políticamente por el oficialismo.
Pero ésta no
es la única razón por la que no debemos
descuidar, y mucho menos abandonar, la lucha
en el ámbito electoral. El despliegue de
ciudadanos capacitados para defender los
votos en eventuales procesos electorales en
los centros de votación, que tienen una
cobertura directamente asociada a la
distribución demográfica en los distintos
rincones del país, constituye una base
necesaria para el ejercicio de la
contraloría ciudadana en cualquier ámbito de
defensa de nuestros valores democráticos y
de los derechos ciudadanos de todos los
venezolanos. |
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Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
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Hace
dos años el Consejo Nacional Electoral
elaboró un proyecto de reforma a la Ley de
Partidos Políticos y Participación Ciudadana
para abrir la consulta sobre observaciones y
recomendaciones por parte de los diversos
sectores sociales y políticos, pero hace dos
semanas, fue retirado y se introdujo otro de
la propia Asamblea Nacional “con ciertos
cambios”. Sin embargo, la semana pasada
fuimos sorprendidos por el debate —y
aprobación en primera discusión— del
proyecto de Loppc de la Asamblea con 195
artículos en lugar de los 395 que contenía
el proyecto del Consejo Nacional Electoral.
Pero
aún más, en el caso de postulaciones
nominales éstas podrían ser combinadas en
algunos circuitos parroquiales mientras que
la combinación también podría darse para
elección de candidatos entre parroquias y
comunas.