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Ningún funcionario y poder público está por encima de la Constitución
ELECCIONES DE ASAMBLEA NACIONAL DEBEN SER REALIZADAS EN DICIEMBRE DE 2020
(Caracas, 12 de Septiembre de 2019 - NPS 665)
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Ante los anuncios realizados por altos
funcionarios en el Poder Ejecutivo y en la
inconstitucional Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), ambos a la vez
directivos del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), que podrían ser
adelantadas las elecciones de la Asamblea
Nacional para enero de 2020, siendo el
Parlamento el único poder del Estado electo
y constituido legítimamente, Súmate
advierte que el artículo 192 de la
Constitución de la República estipula que el
período de los diputados es de cinco años,
por lo cual si fueron electos el pasado 6 de
diciembre de 2015 y asumieron sus funciones
el 5 de enero de 2016, cesan en sus cargos
de elección popular el 5 de enero de 2021.
Para la ONG experta en asuntos electorales,
las elecciones parlamentarias deben ser
convocadas en el mes de junio de 2020 para
realizarlas en diciembre de ese año, en un
ambiente en que esté asegurado el respeto y
acatamiento al estado de derecho y de la
Constitución de la República, lo cual exige
como primera acción la constitución de un
Poder Electoral realmente independiente e
imparcial, acorde con los requisitos de
elegibilidad establecidos en el texto
constitucional y la Ley Orgánica del Poder
Electoral (LOPE), entre ellos destaca que
ninguno de sus cinco rectores principales y
sus 10 suplentes pertenezca o sea militante
de partidos políticos, con el fin de que
puedan asegurar a los actores políticos y
los electores la realización de auténticas
elecciones, garantizando que las mismas sean
realmente libres, competitivas y
transparentes.
Súmate precisa que para tener elecciones
libres es imperativo la restitución del
estado de derecho, que ha venido siendo
quebrantado y transgredido constantemente y
sistemáticamente por quienes ejercen de
forma írrita y ocupan los poderes Ejecutivo
(Presidencia de la República), Judicial
(Tribunal Supremo de Justicia), Electoral
(Consejo Nacional Electoral), Ciudadano
(Fiscalía, Contraloría y Defensoría del
Pueblo), y la inconstitucional Asamblea
Nacional Constituyente; lo cual puede ser
corroborado en su desconocimiento del Poder
Legislativo (Asamblea Nacional) desde antes
del inicio de su período de cinco años, la
persecución y allanamiento de la inmunidad a
más de 30 de sus diputados principales y
suplentes, con prisión y tortura de unos y
obligando al exilio a otros; el uso excesivo
y letal de la fuerza contra manifestantes,
el encarcelamiento y tortura a miles de
ciudadanos opositores y disidentes, llegando
inclusive al asesinato de algunos de ellos,
tal como fue denunciado y presentado el 5 de
julio de este año en su informe por la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, la ex
presidente de Chile Michelle Bachelet, y
reiterado más recientemente en Ginebra el 9
de septiembre en la 42ª sesión del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Asociación Civil reitera que todo proceso
electoral para cargo de elección popular
debe convocarse y hacerse acorde con la
finalización de los períodos
constitucionales y legales tal como le
expresa de forma explícita el artículo 42 de
la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE):
“La convocatoria a elecciones es el acto
público mediante el cual el Consejo Nacional
Electoral fija la fecha de elección para los
cargos de elección popular, en concordancia
con los períodos constitucionales y
legalmente establecidos…” Al mismo tiempo
expresa que ningún funcionario y poder
público nacional puede colocarse por encima
de la soberanía popular, la cual es
intransferible según el artículo 5 de la
Constitución, y que una de sus formas de
expresión es a través del voto en elecciones
libres, justas y transparentes, lo cual no
ha sucedido en los últimos comicios
convocados y realizados después de las
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
Finalmente, Súmate hace un llamado a los
electores a defender el ejercicio del voto a
través de la protección de la Asamblea
Nacional y sus Diputados. El parlamento
venezolano fue electo por más de 14 millones
de ciudadanos, quienes delegaron la
representación del pueblo en 87
circunscripciones nominales, 24
circunscripciones lista y 3
circunscripciones indígenas; estos 167
parlamentarios conforman el cuerpo
legislativo y son actualmente la única
institución legítimamente electa y
constituida en Venezuela, quienes gozan del
reconocimiento de los Estados Democráticos
del mundo, por lo tanto, es un derecho y un
deber ciudadano respaldar el desempeño de su
parlamento nacional, como mecanismo de
preservación de los canales democráticos,
siendo que el poder legislativo es el foro
de debate y discusión de mayor envergadura
en el país y el espacio por excelencia para
la construcción de soluciones a la grave
crisis que sufre la República.
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