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Para la ONG este tipo de acciones responde a la estrategia gubernamental de ir desmantelando progresivamente al Poder Legislativo Nacional, el único poder legítimo y reconocido nacional e internacionalmente, además de un intento por cambiar la relación de fuerzas en esta instancia de cara al nombramiento de las nuevas autoridades de la AN el próximo 5 de enero, a través de un grupo de estratagemas: allanamiento de la inmunidad parlamentaria hasta la fecha de más de 30 diputados, algunos de ellos privados de libertad, violando sus derechos humanos y políticos, y obligando a otros ir al exilio; desconocimiento de la elección de los tres diputados representantes del estado Amazonas y el representante indígena de la región sur (Amazonas – Apure); y la decisión judicial de declarar a la AN en desacato, arrebatándole sus funciones legislativas y de elección de los poderes Electoral, Ciudadano y Judicial. Esta serie de acciones con el fin de anular y desaparecer a la mayoría de la oposición en el parlamento nacional fueron también denunciadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michael Bachelet, en su informe sobre la situación de los derechos humamos en Venezuela, presentado en julio de este año. Súmate asegura que en el caso más reciente del despojo inconstitucional de la inmunidad parlamentaria de los diputados Jorge Millán (Distrito Capital), Hernán Alemán (Zulia), Luis Stefanelli (Falcón) y Carlos Lozano (Carabobo); el TSJ y la inconstitucional ANC están usurpando una competencia exclusiva de la AN, por lo cual esta decisión es írrita. La ONG explica que el procedimiento a seguir según el artículo 200 de la Constitución y el 25 del Reglamento de Interior y de Debates (RIDAN) no se ha cumplido en ninguno de los casos de los más de 30 diputados a quienes se les ha despojado de su inmunidad parlamentaria. El procedimiento implica los siguientes pasos: · El TSJ debe recibir la denuncia, luego debe convocar dentro de los 30 días siguientes una audiencia pública y oral donde interviene el imputado y el Fiscal General. · El TSJ debe declarar dentro de los cinco días siguientes de terminada la audiencia, si hay o no mérito para el enjuiciamiento. Si decide con lugar la declaración de mérito se solicita a la Asamblea Nacional el allanamiento. · La AN deberá designar una Comisión Especial que se encargará de estudiar el caso y presentar un informe con la proposición de allanamiento a la plenaria, dentro de los 30 días, a partir de su constitución. · La plenaria de la AN debe pronunciarse dentro de los 30 días siguientes, si no lo hace se considerará como denegada la solicitud. En el caso de que la plenaria de la AN apruebe el allanamiento, deberá remitir al TSJ la decisión, para que siga conociendo del caso hasta sentencia definitiva. Súmate enfatiza que la Asamblea Nacional, es la única institución legitimada por el voto popular de más de 14 millones de ciudadanos y la integridad del parlamento se basa en el poder de representación de sus 167 diputados elegidos en 87 circunscripciones nominales, 24 circunscripciones lista y 3 circunscripciones indígenas, a los cuales la Constitución de la República les brinda inmunidad parlamentaria, con el objetivo de que puedan ejercer sus funciones de control político e institucional. Es por ello que la ONG hace un llamado a todos los ciudadanos a ponerse al lado de sus diputados y participar activamente en la defensa del parlamento, ante las recientes acciones de allanamiento de inmunidad y persecución judicial de diputados, que buscan destruir la institucionalidad, descocer el voto popular y resquebrajar el espíritu democrático del pueblo venezolano.
…Construimos Democracia |
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Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
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