Impera opacidad y ausencia de debate nacional en designación de nuevo CNE
SÚMATE: COMITÉ DE POSTULACIONES ELECTORALES NO CUMPLE CON EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE PLURALIDAD
(Caracas, 09 de Febrero de 2021 - NPS 691)
-Súmate
insiste que para volver a tener
elecciones libres, competitivas, justas y
transparentes en Venezuela es necesario que
los poderes públicos y actores políticos se
sometan al imperio de la Constitución y
leyes de la República, en donde están
establecidas explícitamente las reglas para
“la elección de los cargos de
representación popular de los poderes
públicos.”
La ONG con casi 19 años de labor en la
promoción y defensa de los derechos
políticos destaca que una de las primeras
condiciones
para ello es que los integrantes del
organismo que tiene la competencia
constitucional y legal de “convocar y
organizar elecciones” sean
independientes e imparciales en su origen
como en su desempeño,
tal como lo exigen los artículos 296 de la
Constitución de la República y 9 de la Ley
Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
En este sentido, la Asociación Civil destaca
que el proceso a seguir para la designación
del nuevo directorio del Consejo Nacional
Electoral (CNE) debe ser abierto al
escrutinio público; sin embargo, señala que
ha reinado la opacidad y la ausencia de
debate nacional en la primera fase cumplida
este martes 09 de febrero con la
juramentación del Comité de Postulaciones
Electorales (CPE) por parte de los
cuestionados integrantes del parlamento
nacional 6D 2020, cuyo origen fue
producto de una elección que vulneró y
estuvo al margen de los principios y
garantías electorales establecidos en la
Constitución y leyes de la República.
Agrega que esta opacidad en esta primera
fase del proceso de constitución del Comité
de Postulaciones Electorales resalta al
desconocerse hasta el momento cuáles fueron
las organizaciones de la sociedad civil que
postularon candidatos a integrar el CPE, ni
cuáles fueron los criterios para la
selección de los miembros por la sociedad
civil, a lo cual se agrega que hasta la
fecha no se ha podido tener acceso al
informe final de la Comisión Preliminar del
CPE, el cual debió ser publicado en aras
de la transparencia que requiere un proceso
de gran interés nacional como es la
designación de autoridades del Poder
Electoral, tal como lo exige el artículo 62
de la Constitución de la República.
Súmate afirma que, en la constitución del
Comité de Postulaciones Electorales, que
tiene como función la selección de los
candidatos independientes e imparciales a
Rectores del CNE; se incumplió con la
obligación constitucional de la pluralidad y
diversidad exigida en los artículos 295 de
la Constitución de la República y 19 de la
LOPE, ya que por lo menos 15 de los 21
integrantes del CPE son militantes del PSUV
o tienen relación de subordinación con altos
funcionarios. Las observaciones de la
ONG a esta primera fase son:
1.
La instancia previa al Comité de
Postulaciones Electorales (CPE), como fue la
Comisión Preliminar, fue conformada por 11
integrantes del cuestionado parlamento
nacional 6D 2020, sin el requerido
equilibrio y proporcionalidad. Al revisar su
procedencia política se encuentra que 8 de
ellos son militantes del PSUV, con un peso
de más del 75 por ciento en la instancia
previa,
y el resto representa a partidos
minoritarios, entre ellos algunos de los
intervenidos por el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
2.
La integración de la Comisión Preliminar
tampoco refleja la realidad política
nacional, ya que 8 de sus integrantes
provienen de la Lista de Adjudicación
Nacional (cargos que no existen ni tienen
fundamento en la Constitución de la
República y que no fueron electos por voto
directo),
y los otros 3 representan a igual número de
estados (Anzoátegui, Cojedes y La Guaira),
sin gran peso poblacional y electoral. Es
oportuno señalar que entre los integrantes
de la Comisión Preliminar no hay expertos ni
especialistas en la función electoral, y
quien la presidió es una persona que
proviene del sector militar.
3.
De los 10 integrantes que representan a la
Sociedad Civil en el CPE, seleccionados por
la Comisión Preliminar y aprobados por el
cuestionado parlamento, hay siete vinculados
al PSUV y/o en relación de subordinación en
organismos del gobierno nacional.
Al revisar la hoja de vida de cada una de
ellos resalta que dos de ellos fueron hasta
diciembre de 2020 constituyentes, es decir
provienen del PSUV; uno es rector de una
universidad pública y presidente de la
Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL),
afín al gobierno nacional; otro es Rector de
una universidad privada y a la vez
“asesor jurídico del Tribunal Supremo de
Justicia, Contraloría General de la
República, Procuraduría General de la
República y de la Fiscalía General de la
República”; y las personas en
representación del sector de los
estudiantes, los trabajadores y de los
pueblos indígenas también están vinculadas
al PSUV y ejercen o han ejercido cargos de
en organismos bajo la dirección de altos
funcionarios del gobierno nacional.
La Asociación Civil considera que al
actual CPE, el cual a todas luces es parcial
y afín a los intereses del gobierno
nacional, le será muy cuesta arriba cumplir
con la responsabilidad de preseleccionar
únicamente a aquellas personas postuladas
como candidatos a Rectores del CNE que
cumplan con los requisitos de elegibilidad
establecidos en los artículos 296 de la
Constitución de la República y 9 de la LOPE,
entre ellos “no estar vinculadas a
organizaciones con fines políticos” y
tener amplia experiencia o estudios de
Postgrado en el área electoral
o en materias afines.
En este sentido, reitera la ONG que la
designación de los Rectores del CNE sin
mediar un verdadero consenso entre las
fuerzas políticas, con la participación de
todos los sectores de la vida nacional y
respetando no solo los procesos legales sino
los requisitos constitucionales de
imparcialidad de los nuevos Rectores,
derivaría en un nuevo CNE sin la capacidad
política de dar cumplimiento cabal a los
principios de imparcialidad, transparencia y
participación ciudadana ya aludidos.
Para Súmate, la situación actual demanda en
primer lugar, la conformación de un CNE,
integrado por ciudadanos con
Independencia Política, Solvencia
Moral y Ética, así como también con
Competencias Profesionales y Técnicas,
que permitan reconstruir la confianza en el
sufragio como mecanismo para la resolución
de conflictos en democracia, en el voto como
espacio de encuentro y de expresión
política, en la participación ciudadana como
paladín del pluralismo y el respeto
institucional, además de devolver a las
elecciones su importancia como herramienta
para la transferencia del poder político del
soberano hacia los cargos de elección
popular; y en segundo lugar, que los poderes
del Estado en manos del PSUV restituyan las
garantías necesarias para la organización de
los procesos electorales pendientes y por
venir.
Si el resultado de este nuevo proceso para
la designación de Rectores del CNE no logra
la constitución de un organismo con estas
capacidades y motiva un amplio debate
nacional que nos lleve hacia la restitución
de las garantías electorales e
institucionales asociadas al sufragio,
habremos perdido una nueva oportunidad para
emprender los caminos que nos conduzcan, en
democracia, a la solución de la grave crisis
por la que atraviesa la República.
…Construimos Democracia |