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La Asociación Civil explica que hay aproximadamente unos 2 millones de ciudadanos entre las edades de 18 a 30 años dentro de Venezuela que a la fecha no están inscritos en el Registro Electoral, más un millón 574 mil 787 electores que fueron migrados inconsultamente desde el corte del RE de junio de 2019 hasta el corte del RE de marzo de 2020, cuando no hubo Jornadas Especiales de Inscripción y Actualización; y un estimado de otro millón 500 mil electores que requieren actualizar su datos, debido a los desplazamientos internos que se han generado hacia distintos estados, municipios o parroquias. Este último número de electores, según la ONG, está integrado por ciudadanos que migran anualmente por razones laborales, a lo cual se suma últimamente quienes se han trasladado de su lugar de residencia en los municipios del interior a los municipios en donde están capitales de estado e incluso a la capital de la República, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, ante el colapso de los servicios públicos en sus entornos de origen, y últimamente agravadas por la escasez de gasolina y los conflictos en zonas fronterizas y estados mineros. Según las estimaciones de la Organización Ciudadana las mil máquinas que el CNE habilitará en todo el país en el lapso de 45 días continuos (incluyendo los 12 días de los 6 fines de semanas), podría atender como capacidad máxima, calculada de forma lineal, a unos 3 millones 240 mil ciudadanos, dejando por fuera en el mejor escenario a alrededor de 2 millones que también requieren realizar estos trámites. Explica que la cifra mencionada de atención es producto de multiplicar la atención máxima que podría proporcionar cada punto de Inscripción y Actualización en el RE, estimada en 72 personas en un horario de 6 horas diarias ininterrumpidas de funcionamiento, asegurando que esté en cola el número exacto de ciudadanos mencionado, lo cual en un análisis de escritorio indica que podría procesar en cada hora como máximo la inscripción y actualización de 12 personas a razón de 5 minutos por trámite. Aclara que este cálculo está sobre-estimado y no se ajusta a la realidad en cada parroquia, municipio y estado, ya que en el mismo no se ha considerado las variables de la dispersión geográfica, las características demográficas y las restricciones de movilización por la pandemia del COVID-19, además de la lentitud del proceso por la aplicación de medidas de bioseguridad, como el uso del gel antibacteriano y la desinfección de equipos. En un análisis preliminar de la distribución de los 783 puntos en todo el país, considerando el cálculo de funcionamiento máximo de cada máquina de forma lineal, la ONG detectó que 269 municipios, que representan el 80,30 por ciento de los 335, tienen un déficit para la Inscripción y Actualización en el RE, en relación con el total de la población en estas entidades locales que requiere inscribirse, reversar la migración inconsulta o actualizar sus datos. Añade que los municipios más impactados por esta razón son Maracaibo del estado Zulia, que le fue asignado 15 máquinas cuando necesitaba 90, presentando un déficit de 75; Iribarren del estado Lara, que le fue asignado 13 cuando requería 72, teniendo un déficit de 59 máquinas; Maturín del estado Monagas, le fue establecido 6 y demandaba 37, con un déficit de 31 máquinas; y Sucre del estado Miranda, le fue asignado 6 y necesitaba 36, presentando un déficit de 30 máquinas. Cuando la Asociación Civil aplica su análisis preliminar a la distribución de los 783 puntos por parroquias, halló que 574 de ellas, que representan el 50,31% de las 1.141, no tienen asignado un punto para la Inscripción y Actualización en el RE, afectando potencialmente a una población de más de 1 millón de ciudadanos que habitan en ellas y que requieren inscribirse (unas 500 mil personas) o actualizar sus datos (otras 600 mil), lo cual representa el 20,01 por ciento de los aproximadamente 5 millones 500 mil ciudadanos que requieren realizar estos trámites. Agrega que la mayoría de la población meta residenciada en las parroquias sin puntos de inscripción y actualización en el RE está ubicada en 22 de las 24 entidades federales, siendo las más impactadas: Zulia (más de 200 mil personas afectadas en 52 parroquias), Bolívar (150 mil en 34 parroquias), Aragua (más de 130 mil en 28 parroquias), Mérida (unas 80 mil en 51 parroquias), y Sucre (unas 80 mil en 39 parroquias). Plantea que adicionalmente el 72,7% de las parroquias tiene una cantidad de puntos y máquinas asignadas que no son suficientes para atender la cantidad de ciudadanos que requieren acceder al operativo. La Organización Ciudadana también revisó los sitios de ubicación de los 783 puntos, detectando que un grupo de ellos funcionará en sedes de comunas, bases de misiones, edificios públicos del gobierno nacional y comandos policiales, que pudieran generar desconfianza en los ciudadanos que requieren inscribirse y actualizar sus datos en el RE, por el control que ejerce sobre ellos directa o indirectamente la parcialidad política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); además incluye centros dispensadores de salud, lo cual podría representar un riesgo para la salud en tiempos de pandemia por el COVID-19. Luego del resultado de este análisis preliminar, la ONG concluye que la ubicación de la mayoría de los 783 puntos y mil máquinas incumplen con los criterios establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE): “1. Facilidad de acceso para los electores y las electoras. 2. Presencia en los sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración poblacional. 3. Garantía para todos los sectores de la población…“ En aras de la transparencia de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral en el período del 1 de junio al 15 de julio, la Asociación Civil observa que el CNE debe evitar las irregularidades cometidas en los últimos procesos electorales, cuando la parcialidad política del PSUV manejó de forma discrecional un número considerable de máquinas, afectando el trato igual y equitativo que debe dar a las otras opciones políticas, y violando los principios constitucionales y legales que rigen su actuación establecidos en los artículos 293 de la Constitución, 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) y 3 de la LOPRE: “Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales.” Otro asunto que plantea la Organización Ciudadana es que el nuevo directorio del CNE debe garantizar el derecho constitucional al voto a más de 3 millones de venezolanos mayores de 18 años que son parte de los 5 millones 400 mil que han migrado, según las últimas cifras proporcionadas por ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) al 26 de mayo de este año. Para cumplir con esta obligación constitucional y legal, el CNE deberá abrir desde este mismo año 2021 Jornadas Especiales de Inscripción y Actualización en el RE en el exterior, disponiendo para ellas de las sedes consulares y habilitando otras, y exigiendo para realizar estos trámites solo la presentación de la cédula de identidad aún vencida, como lo establece la LOPRE. Por último, Súmate hace un llamado a todos los electores a verificar sus datos en el Registro Electoral en los días previos a esta Jornada Especial de Inscripción y Actualización en el RE, como también durante la misma. Para ello los invita a entrar a la página web del CNE (www.cne.gob.ve), o llamar al 0800-VOTEMOS (0800-8683667). En el caso de que hayan sido migrados sin su consentimiento, deben actualizar sus datos en el punto de Inscripción y Actualización más cercano a su residencia. Si encuentran errores en sus datos pueden solicitar en el Punto del RE más cercano la información correspondiente para la corrección de las irregularidades detectadas. Al mismo tiempo, exhorta al directorio del CNE a realizar una campaña informativa por los medios de comunicación social del país invitando a los ciudadanos a inscribirse y actualizar sus datos en el RE.
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Asociación Civil Súmate | Twitter: @sumate |
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