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Luego de los
resultados de las Elecciones Parlamentarias del 06 de
diciembre de 2015, surgió una nueva mayoría en
Venezuela, al lograr las fuerzas políticas integradas en
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 112 de los 167
escaños de la Asamblea Nacional (AN), es decir el 67 por
ciento de la totalidad de las curules.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el
Poder Ejecutivo ha venido ejecutando una estrategia,
hilvanando una serie de acciones, con el fin de
desconocer a la nueva mayoría nacional manifestada el
pasado 6 de diciembre, utilizando para ello al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) que ha dictado más de 50
sentencias en contra de la Asamblea Nacional, desde el
30 de diciembre de 2015 (sentencia de Sala Electoral N°
260) hasta el pasado 29 de marzo de 2017 (sentencias de
la Sala Constitucional Nº 155 y Nº 156).
Es obligatorio detenernos en las sentencias de la Sala
Constitucional del TSJ en contra de la AN signadas con
los Nº 155 y 156 del 28 y 29 de marzo, respectivamente,
porque constituyen la estocada final al parlamento
venezolano,
a pesar de su pretendida corrección en las nuevas
sentencias Nº 157 y 158 de este 1 abril.
En resumen, las sentencias Nº 155 y 156: 1) declaran
nulo “…el acto parlamentario de Acuerdo sobre la
Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta
Interamericana de la OEA…”; 2) eliminan la Inmunidad
Parlamentaria y acusan a los Diputados de traición a la
patria; 3) otorgan poderes al Presidente de la República
en materia civil, económica, militar, penal,
administrativa, política, jurídica y social, para evitar
un eventual estado de conmoción; 4) Prorrogan el Estado
de Excepción; 5) evaden la facultad de la AN para
aprobar la constitución de Empresas Mixtas; y 6)
ratifican que mientras continúe la condición de desacato
de la AN sus decisiones son nulas y que la Sala
Constitucional o un órgano nombrado por ella asumiría la
totalidad de las competencias del Parlamento.
Aunque las sentencias
son susceptibles de
aclaratorias por el tribunal que las dicta,
en este caso la Sala Constitucional del TSJ,
esta aclaratoria está sujeta a límites legales, que no
permiten que cambie el contenido de las mismas; por lo
que las modificaciones de las sentencias 155 y 156
mediante las sentencias 157 y 158 constituyen otra
violación más del orden constitucional y legal, que
redunda en el evidente desconocimiento de la ley y abuso
de poder.
 Todo comenzó el 30 de diciembre de 2015 (sentencia N°
260), cuando la Sala Electoral del TSJ suspendió a los
diputados electos por el estado Amazonas, con el fin de
cumplir el propósito del PSUV en el gobierno nacional de
arrebatarle la mayoría de las dos terceras partes (112
de 167 diputados) a la MUD (3 de los 4 diputados de
Amazonas son de oposición).
Los 112 escaños ganados por la MUD le dan los tres tipos
de mayorías estipuladas por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, lo cual le otorga
todas las competencias establecidas en la Constitución
al Poder Legislativo Nacional, gran parte de ellas
incluidas en el artículo 187. (Ver editorial de Monitor
Parlamentario Agosto – Septiembre 2016).
El TSJ, aprovechando que la mayoría de la Asamblea
Nacional juramentó e incorporó a 3 de los 4 diputados de
Amazonas suspendidos, declaró en desacato al Poder
Legislativo, por lo cual sentenció, más adelante, que
todos sus actos son nulos. Pero ahora el TSJ no solo
exige al Poder Legislativo la desincorporación de los
diputados de Amazonas sino que también acate todas las
decisiones dictadas hasta la fecha, como lo podemos
evidenciar en la sentencia Nº 2 de este año 2017 en la
que “…declara la inconstitucionalidad por omisión del
Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las
medidas indispensables para garantizar el cumplimiento
de la Constitución referidas al acatamiento de las
decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la
República…”
Asistimos a una situación en la cual se pretende anular
la separación de poderes, con las consecuencias que esto
tiene para la democracia y para la estabilidad política
del país.
La restricción de las libertades y los derechos
políticos de la Asamblea Nacional que constituyen de
facto la disolución del Parlamento, implica un zarpazo a
la Democracia, implica una ruptura clara del hilo
constitucional y traspasa claramente los límites del
autoritarismo formal. La única forma de mantener una
decisión como esta es con represión y autoritarismo en
contra de los más de 14 millones de venezolanos que
votaron por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.
Esperamos que prive la sensatez y no se siga promoviendo
la violencia entre los venezolanos.
 Nos esperan
tiempos de profunda convulsión política. ¿Quién está
en desacato? ¿Una Asamblea Nacional que no ha podido
desde su elección ejercer sus competencias
constitucionales de legislar y controlar, cuyas
decisiones, desde la aprobación de leyes, hasta la
destitución del presidente no tienen efectos reales? ¿Un
TSJ que pretende desconocer la AN, disolverla y ejercer
como juez y parte de todas las decisiones del país
pasando por encima del CNE y la AN? ¿Un CNE que limita
los derechos constitucionales a elegir y ser elegido,
viola la carta magna al no convocar procesos electorales
a discreción, adelantarlos o retrasarlos sin dar
explicaciones de ningún tipo al país? ¿Un Poder
Ciudadano que en voz de la Fiscal General desconoce las
sentencias del TSJ y anuncia la ruptura del orden
constitucional?
Acudimos a un
Reality Show donde es claro que el Poder Ejecutivo
controla el TSJ y el CNE, pretendiendo anular por esa
vía el Parlamento Nacional y secuestrando los procesos
electorales pasados, como el Referendo Revocatorio;
pendientes, como las Elecciones Regionales; y futuros,
como las Elecciones Municipales y Presidenciales, todos
estos sin claridad de cuándo serán convocados y
ejecutados, en un contexto en el cual el gobierno le
teme a la voluntad popular expresada a través del voto.
Un Reality Show
en el cual los poderes públicos se desconocen entre si,
la crisis institucional no permite el ejercicio de las
libertades democráticas y la crisis social y económica
hace que los ciudadanos desconfíen de todo y de todos,
empleen su tiempo y esfuerzo en la satisfacción de
necesidades básicas que hoy son difíciles de satisfacer
en Venezuela y miren el futuro con la desesperanza
propia de no ver salidas claras.
La ruta, sin embargo, sigue siendo democrática y es
electoral. El mensaje a los ciudadanos es a participar,
a exigir pacíficamente el restablecimiento de la
democracia y la recuperación de las instituciones. El
mensaje a la sociedad política es hacia la construcción
de un acuerdo nacional de transición
que permita tomar decisiones para contener el avance del
deterioro económico y de la pobreza, mientras se les
ofrece a los venezolanos la posibilidad de reconstruir
su futuro a través de la elección de un nuevo equipo de
hombres y mujeres que sean capaces de sacar a Venezuela
y a los venezolanos de la gravísima crisis que
atravesamos, la más grave de nuestra historia
republicana. Esto no es una entelequia, es una labor
política que requiere del concierto y la participación
de todos, de toda la sociedad, de todos los que creemos
en la democracia como sistema y como modelo. |
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