Han pasado más de 6 meses desde que se instaló el actual período de la nueva Asamblea Nacional y aún no se conoce su plan de trabajo para 2012.

Entre los deberes de este cuerpo parlamentario se encuentra la publicación de un plan legislativo anual, el cual incluye la lista de los proyectos de ley a ser discutidos durante todo el período. Así lo establece el artículo 68 del Reglamento de Interior y Debates. Por esta misma condición de deber se traduce a su vez en un derecho que tienen todos los ciudadanos de conocer las actividades que realizan o realizarán sus representantes.

El hecho de que la Agenda Legislativa sea pública permitiría a los electores hacer contraloría a sus diputados; según lo establece el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se manifiesta que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos a través del control de la gestión pública. Hasta ahora esta Asamblea Nacional discute y sanciona proyectos que no están contemplados en un plan de trabajo inicial, incumpliendo con su deber como órgano legislativo y obstaculizando el acceso a la información a cada uno de los individuos que hagan uso de su derecho de realizar contraloría.

Uno de los tantos casos que se tiene como ejemplo de proyectos que se sancionan “sobre la marcha” es la Ley de Endeudamiento Especial Complementario (19-07-12).

La Agenda Legislativa Pública permitiría verificar si los procedimientos para la introducción, discusión y sanción de Proyectos de Ley se están llevando a cabo según lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento de Interior y Debates. La elaboración de esta Agenda proviene de las mismas comisiones permanentes, las cuales deben presentar ante la Asamblea Nacional sus respectivas propuestas.