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La Ley Habilitante que le
otorgó al primer mandatario facultades especiales
legislativas, se autorizó con base en “las continuas
necesidades humanas (…) y otros eventos producidos por
la problemática ambiental”. En general, el Presidente de
la República ignoró dicha finalidad, para dictar
decretos que están muy lejos de cumplir con las
necesidades de los venezolanos. Como ejemplo, entre
muchos, se señala el decreto con rango, valor y fuerza
de Ley Orgánica del Consejo de Estado que, como el resto
de estas leyes, violó los derechos de participación y de
acceso a la información en su elaboración.
 Por
su parte, en el pasado año, la misma Asamblea Nacional
sancionó 16 leyes y en el primer semestre del 2012 sólo
ha alcanzado a sancionar 5: Ley de Reforma Parcial de la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en fecha
31 de enero de 2012 Ley de Reforma Parcial de la Ley
Especial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital, en
fecha 7 de febrero de 2012; Ley de Reforma Parcial de la
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector
Público, en fecha 7 de febrero de 2012; Ley de Reforma
Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social, en fecha 24 de abril de 2012; Ley de Control
para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, en fecha 22
de mayo de 2012. Si contrastamos la cantidad de
instrumentos legales sancionados por la Asamblea
Nacional desde que se otorgó la Habilitante y el total
de decretos dictados por el Primer Mandatario, obtenemos
como resultado 21 contra 54.
En el caso de la Hablitante,
durante año y medio los venezolanos fuimos ignorados en
el proceso de creación de leyes. Tal fue el caso de las
11 leyes sancionadas por el Presidente de la República,
el pasado viernes 15 de junio y la polémica Reforma de
la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial
Extraordinaria el 06 de mayo de 2012, fecha en la que se
supo con certeza el contenido de este instrumento legal.
Como resultado de la habilitante,
tras su finalización, tenemos 54 leyes en 18 meses, es
decir, un promedio de 3 decretos de ley por mes;
suposición que pierde fundamento al considerar que en el
denominado “viernes negro legislativo” se obtuvo un
total de 11 leyes, lo que demuestra una vez más la falta
de control de la Asamblea Nacional sobre el Ejecutivo.
Adicionalmente, debido a la
importancia de las leyes orgánicas en el ordenamiento
jurídico de un país, pues organizan los Poderes
Públicos, desarrollan derechos constitucionales y sirven
de marco para otras leyes, necesitan un procedimiento
específico para su elaboración, que garantice que sean
sometidas a sucesivos debates por el órgano legislativo
y la sociedad en general. Según el artículo 203
constitucional se requiere de dos terceras partes de la
Asamblea Nacional para iniciar la discusión de una Ley
Orgánica, así como para modificarla. Pues bien, esto
tampoco constituyó un límite para el Presidente de la
República, quien sancionó leyes como: Ley Orgánica de
Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción,
en fecha 26 de diciembre de 2010; Ley Orgánica que
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y
Explotación del Oro, así como las conexas y auxiliares a
éstas, en fecha 23 de agosto de 2011; Ley Orgánica de
las Dependencias Federales, en fecha 15 de octubre de
2011; Ley Orgánica del Consejo de Estado, en fecha 31 de
enero de 2012; Ley Orgánica Relativa al Fondo de Ahorro
Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro
Popular, en fecha 1 de mayo de 2012, etc.
La Asamblea Nacional no ha cumplido
con sus metas principales y ha quedado prácticamente
confiscada por un Ejecutivo que acaparó la función de
legislar. Este cuerpo parlamentario quedará en deuda con
el pueblo venezolano, al no desempeñarse como el garante
de la democracia y del Estado de Derecho.
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