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 Últimamente hemos sido testigos de cómo los poderes del
Estado se alinean para actuar en contra de los ciudadanos
electos por el voto popular para ejercer un
cargo público, por el hecho de adoptar posiciones firmes
ante los abusos y usurpaciones de sus funciones, o por
representar serios peligros para la permanencia en el
poder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los titulares del Ejecutivo Nacional, Asamblea Nacional,
Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo de
Justicia y hasta el Consejo Nacional Electoral se han
alineado en algunas ocasiones para silenciar, anonadar,
invisibilizar y hasta aniquilar políticamente a los
ciudadanos que se atrevan a enfrentarlos o se conviertan
en una amenaza para su permanencia en el poder político
Esta práctica de perseguir a los ciudadanos disidentes
es contraria a la pluralidad política, que es un valor
superior del ordenamiento jurídico y de actuación de la
República según el artículo 2 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Aunque esta persecución
comenzó
en el año 2008 con la sustracción
de competencias
a las gobernaciones y alcaldías,
fue hasta el año 2013 cuando las élites del PSUV incurrieron en los
allanamientos y las destituciones de los cargos contra
funcionarios electos por el voto popular.
Utilizaron para ello a los poderes del estado:
allanaron la inmunidad parlamentaria de los
diputados Richard Mardo y María Aranguren en julio y
noviembre de 2013, respectivamente; y destituyeron de
sus cargos a los alcaldes de San Cristóbal en el estado
Táchira y de San Diego en el estado Carabobo, y más
recientemente a la diputada María Corina Machado en
marzo de 2014.
PSUV utilizó poderes del Estado contra la diputada María
Corina Machado
En la sesión ordinaria de 18 de marzo
la mayoría oficialista en el Parlamento Nacional aprobó
la solicitud de la diputada Tania Díaz, del PSUV, de
investigar a la diputada María Corina Machado,
de la MUD, por el presunto incumplimiento de sus
funciones y el desacato a la Constitución. Ese mismo día
una representación del cuerpo legislativo, liderada por
el Presidente de la AN, diputado Diosdado Cabello,
acudió a la Fiscalía General de la República a solicitar
el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la
diputada.
Es oportuno señalar que el sábado 22 de marzo,
el Presidente de la República Nicolás Maduro llamó
exdiputada a María Corina Machado,
sin que todavía se hubiera pronunciado ni actuado la
Fiscalía, el TSJ y la propia AN.
Seis días después de esta solicitud de allanamiento a su
inmunidad, el 24 de marzo, la diputada María Corina
Machado atendió a la invitación que le formulara el
Gobierno de Panamá, para que interviniera ante la
Organización de Estados Americana (OEA) como voz
opositora de los venezolanos. La sesión concluyó sin que
Machado interviniera. El sector oficialista aprovechó
esta ocasión para destituir a la diputada Machado,
acusándola de ser parlamentaria de Panamá, aplicando
para ello los
artículos 191 y 149 de la CRBV.
La directiva de la AN anunció la destitución de la
diputada María Corina Machado
el mismo 24 de marzo, y un día después, el 25 de este
mismo mes,
en sesión ordinaria la fracción mayoritaria del PSUV en
la Asamblea Nacional aprobó esta decisión
solicitada por la directiva del cuerpo legislativo.
Con el fin de avalar la supuesta constitucionalidad de
esta decisión de la mayoría de parlamentaria de la
fracción del PSUV en la Asamblea Nacional,
la Sala Constitucional tomó parte en esta decisión y el
31 de marzo
sentenció que la representación que hizo Machado como
diplomática alterna de Panamá ante la OEA era
incompatible con su cargo en el parlamento venezolano.
La acción de los poderes del Estado contra de la
diputada María Corina Machado, tuvo una orquestada
secuencia y celeridad por parte de la Asamblea Nacional,
la Fiscalía General de la República, el Ejecutivo
Nacional en la Presidencia de la República y la Sala
Constitucional del TSJ.
Con la destitución de la diputada María Corina Machado, así como la desincorporación por allanamiento de su inmunidad de los diputados Richard Mardo y María Aranguren; los poderes del Estado, con el aval y la promoción de la fracción mayoritaria del PSUV en la Asamblea Nacional, vulneraron los derechos constitucionales a elegir de los ciudadanos que decidieron que estos fueran sus representantes ante el Parlamento Nacional, como también los derechos al goce de la inmunidad parlamentaria desde su juramentación hasta concluir su período o renuncia al cargo, y al debido proceso de los diputados antes mencionados, consagrados en los artículos 49, 63 y 200 de la CRBV.
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Cronología de las acciones de Poderes del Estado
en contra de la diputada María Corina Machado |
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Fecha |
Poderes del Estado y otros actores |
Tipo de acción |
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18/03/2014 |
Asamblea Nacional |
Los diputados del PSUV en la Asamblea Nacional (AN)
aprobaron solicitar la apertura de un antejuicio
de mérito contra la diputada de la MUD María
Corina Machado |
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18/03/2014 |
Asamblea Nacional |
Los diputados del PSUV en la AN solicitaron a la
Fiscalía General de la República abrir una
investigación judicial a la diputada María
Corina Machado |
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24/03/2014 |
Asamblea Nacional |
Directiva de la AN destituyó como Diputada a
María Corina Machado |
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25/03/2014 |
Asamblea Nacional |
Fracción mayoritaria del PSUV en la AN aprobó
destitución de la diputada María Corina Machado |
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25/03/2014 |
Mesa de la Unidad Democrática - MUD |
Diputados de la MUD introdujeron recurso ante el
TSJ ante decisión del Presidente de la directiva
de la AN, diputado Diosdado Cabello, de
destituir de su cargo a la diputada María Corina
Machado, por haber incurrido en una vía de
hecho, al impedirle ejercer sus funciones como
parlamentaria. |
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26/03/2014 |
Electores de Baruta |
Electores del Municipio Baruta, Circunscripción
2 para la AN del Estado Miranda, introdujeron
recurso ante Sala Constitucional del TSJ contra
el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado
Diosdado Cabello, por vulneración de derechos de
participación en el Sufragio directo de sus
representantes. |
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31/03/2014 |
Poder Judicial - Tribunal Supremo de Justicia |
La Sala Constitucional del TSJ emitió sentencia
avalando la destitución de la diputada Machado
por la fracción mayoritaria del PSUV en la AN,
declarando inadmisible la acción de este grupo
de electores del Municipio Baruta,
Circunscripción 2 para la AN del Estado Miranda,
por vulneración de sus derechos de participación
en el Sufragio directo de sus representantes. |
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01/04/2014 |
Asamblea Nacional |
La fracción mayoritaria del PSUV en la AN
impidió el acceso de María Corina Machado a la
sesión ordinaria de la Asamblea Nacional |
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21/04/2014 |
Diputada María Corina Machado |
María Corina Machado consignó recurso de amparo
ante el TSJ para que se respete su diputación:
Solicitó que se ordenara su reincorporación al
cargo de diputada a la Asamblea Nacional. |
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12/05/2014 |
Poder Judicial - Tribunal Supremo de Justicia |
TSJ declaró improcedente recurso de amparo de
María Corina Machado, |
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28/05/2014 |
Alto Mando Político de la Revolución (PSUV) |
Alto Mando Político de la Revolución, integrado
por funcionarios en cargos públicos y directivos
del PSUV, acusó a la diputada María Corina
Machado de participar en un plan de magnicidio y
golpe de Estado. |
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29/05/2014 |
Poder Ciudadano - Fiscalía General de la
República |
El Ministerio Público abrió investigación a
Maria Corina Machado por denuncias de presunto
magnicidio y planes de desestabilización. |
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04/06/2014 |
Ejecutivo Nacional |
El Presidente de la República, Nicolás Maduro,
arremetió contra María Corina Machado |
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16/06/2014 |
Poder Ciudadano - Fiscalía General de la
República |
María Corina Machado cumplió con citación de la
Fiscalía General de la República por acusación
de golpismo por parte del Alto Mando de la
Revolución. |
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14/07/2014 |
Poder Ciudadano - Fiscalía General de la
República |
Fiscalía General de la República imputó a María
Corina Machado por el delito de instigación
pública tras su participación en las
manifestaciones registradas en el país desde el
pasado 12 de febrero. |
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18/07/2014 |
Poder Judicial - Tribunal 16 de Control |
El Tribunal 16 de Control aprobó iniciar su
investigación y dictó medida de prohibición de
salida del país. |
UN PARLAMENTO NACIONAL SIN AGENDA
LEGISLATIVA
En
este año 2014, al igual que en el anterior, la Directiva de
la Asamblea Nacional no presentó públicamente su Agenda
Legislativa, impidiendo que los ciudadanos puedan
conocer el programa de trabajo del órgano legislativo.
Con esta omisión o negligencia, la Directiva de la AN
está violando explícitamente el artículo 68 de su
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional
(RIDAN):
El hecho de que la Asamblea Nacional esté sesionando con
una agenda desconocida o a la cual ningún ciudadano ha
tenido la posibilidad de acceder, impide ejercer el
derecho de contraloría ciudadana garantizado en el
artículo 62 CRBV.
PROBLEMAS DE LA GENTE NO SON PRIORITARIOS PARA EL PARLAMENTO
El
Parlamento Nacional debió ser la mesa de discusión
en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que
padece la población de este país, entre ellos la grave
crisis económica,
con una inflación acumulada que hasta agosto de 2014 se
ubicó en 39 por ciento, mientras que la inflación
anualizada ascendió a 63,4%, de acuerdo a las cifras
publicadas este martes 09 de septiembre por el
Banco Central de Venezuela.
A la crisis económica se suma la inseguridad e impunidad
que agobia día a día a todos los venezolanos, así como la
escasez de productos y medicamentos que afectan a toda
la población del país.
Llama la atención que los diputados del PSUV, que es la
fracción mayoritaria en la AN, impidan el debate de estos
temas en el seno del parlamento nacional, con lo cual
incumplen lo establecido en el artículo 197 de la
Constitución.
Esta Asamblea Nacional exhibe como sus principales
logros la disminución evidente de la actividad
legislativa, la ausencia del rol de representante del
pueblo y la falta de debates en la búsqueda de
soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad
venezolana, como también orientar y controlar las
políticas del gobierno.
Lo que más resalta de la gestión de la AN en estos años
ha sido la aprobación de créditos adicionales,
fundamentalmente para financiar el gasto público y dar
mayores recursos a las diferentes instancias del Poder
Ejecutivo Nacional, así como la promulgación de leyes
desconocidas y que en su gran mayoría no han sido
producto del debate y la consulta nacional.
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