FEBRERO 2015
Nº 7, AÑO 5
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EL PODER EJECUTIVO ES LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL

 

La Asamblea Nacional hoy vigente, fue elegida en el proceso electoral que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2010. Estos diputados asumieron sus cargos el 5 de enero de 2011, adquiriendo el compromiso no sólo de representar a la población de las circunscripciones por las cuales resultaron electos, sino de ser garantes de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y demás leyes, y que son el escudo y defensa de un pueblo frente a las arbitrariedades del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene confiscado al resto de los poderes.  

Este período constitucional de los actuales 164 diputados de la AN se extiende hasta el 5 de enero de 2016, siempre con la opción de ser reelectos para 5 años más. Es por esto que se hace aun más necesaria una evaluación a sus respectivas gestiones, analizando el papel que llevaron a cabo desde el inicio de su período 2011 hasta este año 2015, y que permitirá a cada elector decidir si debe reelegirlo o no en las elecciones que deben ocurrir a más tardar en la primera quincena del mes de diciembre de este año. 

En cada una de nuestras publicaciones del Monitor Parlamentario, Súmate ha evidenciado un desempeño muy deficiente, por no decir nulo, por parte de los diputados de la Asamblea Nacional. El 2014 no fue la excepción, en el que finalizó otro período de sesiones sin resultados que rescaten la reputación del Poder Legislativo Nacional, con apenas 17 leyes sancionadas, que en su mayoría no responde a las necesidades del pueblo. Por ejemplo: la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación (11-02-14); la Ley de Condecoración Medalla Honor al Mérito de la Defensoría Pública Militar (01-04-14); la Ley de Creación de la Condecoración Orden “Fabricio Ojeda” (21-10-14); la Ley de Protección al Nombre y Emblema de la Cruz Roja (18-12-14); y la Ley de Calidad de Aguas y Aire (18-12-14), entre otras.  

Y es que desde que los diputados de esta gestión 05 de Enero de 2011- 04 de Enero de 2016 se juramentaron, se ha ido destruyendo la Institucionalidad de la  Asamblea Nacional, desvirtuando su razón de ser y dejando en evidencia que responde a las órdenes del Ejecutivo Nacional y de la élite del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Recordemos que el 15 de junio de 2012, finalizó el período otorgado para la Ley Habilitante al entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, que tenía como objetivo, atender  “las continuas necesidades humanas (…) y otros eventos producidos por la problemática ambiental” según Gaceta Extraordinaria del 17 de diciembre de 2010. Ahora bien, ésta concluyó con un total de 54 leyes en 18 meses, de las cuales 11 fueron sancionadas el último día, instrumentos legales que no estaban dentro de la finalidad para la cual fue otorgada la Habilitante.

Esto se tradujo en una inactividad del órgano legislativo, debido a la usurpación del Poder Ejecutivo en la principal función de la Asamblea Nacional: “Legislar en las materias de la competencia nacional”, y peor aún, fue el mismo órgano legislativo, quien le dio esta potestad al Presidente de la República. 

A esto debe sumarse otra Ley Habilitante, esta vez otorgada al actual Presidente, Nicolás Maduro, la cual fue aprobada el 19 de noviembre de 2013, para legislar en materia económica y de corrupción, con una mayoría oficialista de 99 diputados que se logró allanándole la inmunidad a la parlamentaria nominal por el estado Monagas, María Aranguren. 

Sin embargo, esta última Ley Habilitante otorgada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional fue un acto inconstitucional, pues establece que a través de decretos, el Ejecutivo podrá “fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria” (según Gaceta Extraordinaria  N°6.112), lo cual pertenece al ámbito de reserva legal, es decir, que solamente se pueden establecer sanciones y tributos mediante la creación de leyes emanadas del órgano legislativo.
 

A su vez, las leyes orgánicas tampoco pueden ser dictadas por el Ejecutivo Nacional,  ya que el proceso de formación de éstas es de carácter excepcional, pues exige incluso una mayoría calificada en la AN, y esto se debe a la importancia que poseen dentro del ordenamiento jurídico ya que organizan a los poderes públicos, desarrollan derechos constitucionales y sirven de marco normativo para otras leyes.

Algunos decretos aprobados bajo la última Ley Habilitante, por el presidente Nicolás Maduro:

Como puede observarse de lo anteriormente expuesto, para el Presidente Nicolás Maduro no existieron límites a la hora de dictar leyes, y para la Asamblea Nacional no existieron controles ante semejante arbitrariedad. El Estado de Derecho es inexistente para ambos.  

El 2015 será el año en el que se llevará a cabo un nuevo proceso electoral con la finalidad de que los electores elijan a sus diputados, quienes tendrán el deber de elevar en el hemiciclo, las necesidades de los sectores a los cuales representen y de hacer valer los derechos de los ciudadanos, pues su razón de ser es el de limitar al poder Ejecutivo, y servir de garante al Estado de Derecho.  
 

 

Monitor Parlamentario: una publicación de Súmate
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