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 El
próximo 6 de Diciembre habrá elecciones parlamentarias.
Este hecho, que pareciera un evento normal en cualquier
democracia, ha adquirido en Venezuela unos ribetes
históricos y se ha cargado de una trascendencia
determinante para el futuro del país. En primer lugar
por la grave crisis económica y social que atraviesa la
República, una crisis cuya característica central es que
afecta transversalmente todas las áreas del quehacer
diario y todos los estratos sociales sufren sus
consecuencias; y, en segundo lugar, por la crisis
institucional y política a la que asistimos, cuyo rasgo
definitorio es la ausencia de separación de poderes, la
inexistencia de estado de derecho, la fragilidad del
ciudadano ante el poder del Estado y la profunda
desconfianza popular en la voluntad del actual gobierno
para emprender los cambios necesarios que reconduzcan al
país hacia mejores derroteros. Así, parecieran las
elecciones parlamentarias la última esperanza de la
sociedad para conducir pacíficamente una
transición hacia un régimen político que ponga el acento
en crear las condiciones sistémicas para que los
ciudadanos tengan la oportunidad real de prosperar y
construir su futuro como resultado del fruto del trabajo
y el esfuerzo.
 En
este contexto, la labor de contraloría parlamentaria que
realizamos desde esta tribuna, es opacada por la fuerza
y la contundencia de la realidad: la democracia, como
estadio superior de organización política y social,
requiere la participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones y su imbricación con el tejido político,
pero esto no es posible si la condición de ciudadano es
reducida al mínimo, o invisibilizada como consecuencia
de la crisis económica, social y política anteriormente
descrita. Como resultado, tenemos una Asamblea
Nacional desmaterializada, en tanto no cumple con su
mandato constitucional de deliberar, legislar ni
controlar la gestión de los funcionarios del resto de
los poderes; y una ciudadanía en su mayoría desvinculada
en tanto sus problemas cotidianos le absorben
inexorablemente.
Desde Súmate y a través
de esta labor de contraloría hemos observado como, con
un desparpajo realmente alucinante, el actual Parlamento
legisló menos que el Ejecutivo Nacional, no debatió los
principales problemas del país, no interpeló ningún
funcionario del Poder Ejecutivo y en contraposición se
dedicó a allanar la inmunidad a parlamentarios de
oposición, a perseguir y reprender la disidencia y a
aprobar créditos adicionales que duplican el presupuesto
nacional, entre otras calamidades. Es éste el
principal reto que debe enfrentar la próxima Asamblea
Nacional: recuperar sus funciones constitucionales y
ejercerlas efectivamente para encabezar el proceso de
reinstitucionalización del país.
No obstante, hay diversos escenarios que se desprenden
del análisis del contexto de crisis actual, de los
resultados esperados y de la proyección de la crisis
futura. Aunque existe amplio consenso en que la
popularidad de la opción electoral oficialista se ha
desplomado en los últimos meses y en que las personas
responsabilizan al gobierno de la actual crisis
económica y social, es necesario recordar que el sistema
electoral venezolano sobre representa las opciones
políticas con mayor apoyo en las áreas rurales y que el
resultado global de los votos no necesariamente se va a
corresponder en términos proporcionales con la
representación de los diputados. Asimismo, también es
muy importante comprender que las condiciones
sociopolíticas de las 114 elecciones diferentes que
tendrán lugar el 6 de diciembre, abren un abanico de
posibles resultados electorales cuyo denominador común
es que los representantes electos tendrán la
responsabilidad de reivindicar la esperanza que
despiertan las elecciones en los ciudadanos, resguardar
el espíritu democrático de los venezolanos y contribuir
en la construcción de escenarios de diálogo social y
político franco, así como de respeto al pacto de
convivencia.
 Tanto en los escenarios
de esquina como en los distintos matices que podrían
resultar: en una Asamblea Nacional en algún grado
controlada por el oficialismo, como en una Asamblea
Nacional controlada en mayor o menor medida por la
disidencia, asistiremos a alguno de los escenarios
respectivos: a) la ilegitimidad de una victoria absoluta
o relativa del oficialismo, que indudablemente va a ser
cuestionada; b) el enfrentamiento de poderes entre un
Poder Judicial controlado por el Ejecutivo Nacional, y
en especial la sala Constitucional, y un Poder
Legislativo de oposición intentando recobrar su
beligerancia en el marco de sus derechos y funciones
constitucionales.
Esto quiere decir que en enero 2016, asistiremos a un
escenario del cual han de surgir las bases para la
Venezuela del futuro. La paz dependerá de la fortaleza
con la que los ciudadanos enfrentemos los retos por
venir y del espíritu democrático de los diversos actores
que forman parte de la sociedad venezolana.
Nuestro reto y compromiso ciudadano es participar,
asumiendo la responsabilidad que nos ha sido asignada,
sea como miembro de mesa o testigo, o como activista
político de alguna de las opciones, o simplemente como
elector, para desde cada parcela pueda contribuir con el
fin de que las elecciones sean lo que espera la mayoría:
un mecanismo pacífico de expresión democrática y la
única vía para emprender un sendero de progreso y
bienestar para todos.
No obstante, en una sociedad como la que vivimos, los
altos niveles de incertidumbre causados por las cada vez
más y mayores turbulencias económicas y sociales,
obligan tanto a los individuos como a las instituciones
a repensarse para obtener mayor capacidad de respuesta.
Es por ello que después del 6 de Diciembre y sobre todo
durante el próximo año 2016, el compromiso que debe
asumir tanto los representantes electos por la Mesa de
la Unidad Democrática como los del PSUV que van a
conformar la nueva Asamblea Nacional, es obligarse a
construir una relación más cercana con los ciudadanos,
basada en la democracia y la institucionalización como
premisas normativas para fundar una propuesta de futuro
para Venezuela. Es el aporte que hacemos desde estas
líneas, no existe una receta para los tiempos agitados
porvenir, por el contrario, sólo podremos superar la
crisis en paz si administramos la transición con
humildad, con responsabilidad ante las realidades de las
mayorías y con la flexibilidad necesaria para amoldarse
a las distensiones del entorno, porque la manera como
las decisiones políticas, deben interrelacionarse con
los contextos sociales ha de ser análoga a la manera
como se confronta el agua con la topografía: se adapta a
sus irregularidades y por ello es capaz de alterarla. |
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