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 El pasado 5 de Enero de este año comenzó el período
2016-2021 de la nueva Asamblea Nacional (AN), en la
que sectores políticos diferentes al gobierno nacional
obtuvieron por primera vez desde el año 2000 el control
del Poder Legislativo. Sin embargo, la labor de la AN ha
venido siendo desconocida y torpedeada por el Ejecutivo
Nacional, utilizando para ello a los magistrados de las
Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
De acuerdo al estudio del Instituto Venezolano de
Análisis de Datos (IVAD) publicado en marzo de este año,
6 de cada 10 venezolanos valoraron positivamente el
inicio de gestión de la Asamblea Nacional que se instaló
el 5 de enero de 2016, distribuido en 7,7% como muy buena,
26,6% de buena y 25,2%
de regular hacia buena. En relación con la
dirección del Parlamento, 6 de cada 10 ciudadanos
valoraron positivamente la gestión del diputado Henry
Ramos Allup como Presidente de la Asamblea Nacional, de
los cuales 10,7% la calificó como muy buena, 29,5% buena
y 21% regular hacia buena. Además, el 40% de los
encuestados afirmó tener “muchas expectativas” con la
Asamblea Nacional, el 18% aseguró que sólo tiene
“algunas expectativas” y 18,5% “pocas expectativas”.
Otra encuesta de IVAD realizada en el estado Zulia en
junio de este año reflejó este mismo resultado de que 6
de cada 10 zulianos aprobaba la gestión de la Asamblea
Nacional, de los cuales 23,3 por ciento de los
entrevistados calificó la gestión de la AN como muy
buena, 16,1 por ciento como buena y 23,8 por ciento como
regular hacia buena,
Los estudios de la encuestadora Datanalisis publicados
en marzo indicaban un apoyo mayoritario a la gestión de
la Asamblea Nacional de 56,2 por ciento, distribuido en
10,8 por ciento como muy buena, 25,4 por ciento buena y
20 por ciento regular hacia buena. En torno a los
distintos proyectos de leyes en el parlamento
venezolano, 85,1% respaldaba el proyecto de Ley de
Producción Nacional, el 80,3% la Ley de Propiedad de la
Gran Misión Vivienda Venezuela, el 87,5% la Ley del Bono
para Pensionados y Jubilados, y el 69,5% consideraba
positiva la Ley de Amnistía.
Por último, el estudio realizado en marzo por la
encuestadora Hinterlaces revelaba que 69% de los
venezolanos consideraba que la Asamblea Nacional (AN)
debía contribuir con la solución de problemas económicos.
LA AN ES LA CASA DEL PUEBLO
La
concepción democrática republicana a lo largo de la
historia y la evolución del pensamiento político han
tendido a dar preeminencia al Poder Legislativo dentro
de la separación de los poderes del Estado. Eso tiene su
explicación: En primer lugar, si se toma en cuenta el
aspecto cuantitativo son mucho más las personas que
ejercen la representación del pueblo en la arena
legislativa que quienes forman parte del Poder
Ejecutivo; en segundo lugar, la totalidad de los miembros
de los parlamentos son electos por los ciudadanos con lo
cual llegan investidos de una verdadera legitimidad
popular, efectiva y cuantificable mientras que en el
caso del Poder Ejecutivo, solamente en sistemas
presidenciales el titular de ese poder (y en algunos
casos el vicepresidente) es electo mientras que el resto
del Ejecutivo es designado y removido libremente. Y en
tercer lugar, no es menos importante señalar que desde
su origen histórico los parlamentos han tenido la
función de hacer contrapeso y limitar el poder omnímodo
de quienes forman parte del Ejecutivo, buscando
equilibrar de manera efectiva tanto las competencias
como el ejercicio del poder mismo, que es en esencia el
principio de separación de poderes que forma parte de la
democracia en el hemisferio occidental.
 Por las razones expuestas anteriormente no es un
desaguisado admitir que el Parlamento es realmente la
casa del pueblo y el lugar donde se ejerce en mayor
medida su poder y soberanía, por cuanto sus integrantes
son genuinos representantes de la Nación y sus
actuaciones en conjunto deben correr parejas con el
interés del gran pueblo.
Eso supone en sí mismo y dentro de un esquema
republicano que ese poder autorizado por el pueblo que
ejercen los parlamentarios puede y debe ser objeto de
control y conocimiento por parte del pueblo, no
solamente en términos de la utilización correcta y
eficiente de sus recursos, sino en la transparencia de
sus actuaciones y cuentas por cuanto existe una
responsabilidad de cada uno de ellos con respecto a
quienes lo eligieron. Y esa transparencia está
intrínsecamente ligada tanto a la rendición de cuentas
como a honrar el deber de proveer información veraz y
oportuna de todas las actuaciones.
Desde el año 2009 hasta 2015 la actuación de la Asamblea
Nacional se vio marcada por la opacidad y la censura.
Desde aquel día infeliz en que un diputado oficialista
fue sorprendido en actividades poco cónsonas con la
moral, las buenas costumbres y la majestad del hemiciclo
se decidió cerrar las puertas a los medios de
comunicación quienes a partir de ese momento se vieron
totalmente impedidos de ingresar a las sesiones
legislativas. Se le otorgó exclusividad a la cadena ANTV
para transmitir las sesiones, trabajo que se realizó de
manera poco imparcial, con invisibilización a los
diputados de oposición, con fines de concitar el rechazo
de los mismos. Inclusive fuera de las sesiones en
programación habitual nunca se vio a un diputado de
oposición tener espacios propios de programación así
como tampoco se vio que un diputado opositor pudiera
ejercer derecho a réplica en el canal del parlamento. Y
aunque en teoría todos los diputados son iguales en el
Parlamento, la práctica demostró que por motivos
políticos e ideológicos algunos diputados eran más
iguales que otros; todo dentro de la hegemonía
comunicacional ejercida desde el Poder Ejecutivo e
impulsada por el partido de gobierno.
Con la instalación de una nueva Asamblea Nacional en
este primer período de sesiones de 2016, es menester
reconocer el esfuerzo que se ha realizado para romper
con esa hegemonía y crear un espacio plural y abierto a
todas las corrientes de pensamiento político e
ideológico, convirtiendo a la AN nuevamente en esa casa
del pueblo de la que había sido extrañado por años.
La sesión de instalación de la Asamblea Nacional el
pasado 5 de enero no hubiera llegado a los venezolanos
sin contar con la totalidad de las estaciones de radio y
televisión transmitiendo en directo y en igualdad de
condiciones. A partir de allí y con el ingreso de los
comunicadores sociales y los medios de comunicación que
representan tanto al Hemiciclo como a las sesiones de
las comisiones permanentes, los ciudadanos cada día
están más informados de las actuaciones de sus diputados
y ha permitido retomar esa cercanía que debe haber en
condiciones democráticamente estables entre el pueblo y
sus representantes.
También es preciso destacar y reconocer la labor
desplegada en materia digital por quienes trabajan en la
página web asambleanacional.gob.ve, no solamente por un
diseño mucho más amigable del portal del Parlamento,
sino por la amplia y detallada información que han hecho
pública, especialmente en materia de proyectos de ley,
del cual no solamente se puede conocer el contenido de
la misma sino la evolución en su proceso de formulación
con cronograma, fechas, actas y procesos llevados a cabo
de manera explícita. Un punto a favor de esa
transparencia en los asuntos públicos que cada día más
el pueblo demanda.
Pero si en el aspecto comunicacional el salto
cualitativo es notable, desde el punto de vista físico
lo es aún más. La Asamblea Nacional volvió a abrir sus
puertas al público y hoy en día cada vez más venezolanos
pueden entrar en ella, conocer su historia, sus salas,
obras de arte y llevarse un pedazo de la historia patria
y republicana del país mediante sus visitas guiadas. Una
forma de hacer frente a esa historia oficial llena de
sesgos y censuras que el PSUV se ha empeñado en imponer
para borrar nuestro pasado y nuestra historia de la cual
se debe aprender para bien o para mal. Que la Asamblea
Nacional vuelva a ser plenamente la casa del pueblo es
importante para generar en cada venezolano sin
distinción alguna el sentido de pertenencia necesario y
el arraigo que conlleve a defenderla y cuidarla, no
solamente por el valor arquitectónico del edificio sino
por el valor histórico y afectivo de quien se identifica
con la democracia. |
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